En los últimos tres años, como una ráfaga incandescente, cerca de 80 periodistas --hombres y mujeres-- han sido asesinados, muchos perseguidos y otros y otras desaparecidas.
El último fin de semana dos periodistas de Morelos recibieron a través del correo electrónico la amenaza más tremenda que se le puede hacer a una persona: “Sabemos a qué escuela van tus hijos y te estamos vigilando”.
Las periodistas temblaron. Son parte de una lista amenazada de 17 colegas de la región, donde la batalla que mató a Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre 2009, ha significado confusión y venganza. El objetivo es la autocensura de los profesionales del periodismo y la garantía del silencio.
La historia parece sacada de una novela policiaca. En la contraportada del libro que empezará a circular, con el sello de Grijalbo, titulado El cártel incómodo, del periodista José Reveles, se resume:
“Cuerpos decapitados, ‘pololeados’, descuartizados; narcomantas, cartulinas y videos con mensajes de violencia o denuncias contra el gobierno por atacar sólo a unos traficantes y encubrir y consentir a otros: ataques armados a centros de adicción, a discotecas, a fiestas particulares de jóvenes; amenazante paramilitarismo. Todo forma parte del escenario de nuestra violenta cotidianidad desde que el gobierno federal le declaró la `guerra` al narcotráfico, pero sin emplear inteligencia policiaca o militar, sin desmantelar redes financieras, lavado de dinero y empresas fantasmas. Siguen intactas las estructuras políticas que brindan protección a la criminalidad”.
La historia de El cártel incómodo, refiriéndose a la organización criminal conocida como los Beltrán Leyva, es un seguimiento meticuloso de su nacimiento y su extinción en apenas cinco años de “operativos” para destruirla, de los fuegos cruzados que día a día atropellan a la población civil; de un entramado en el que las mujeres reciben igual castigo, igual número de balas, atropellamientos y asesinatos.
Esta versión cotidiana de mi país es como hablar de la región más temible y profunda: la Gamaironi referida por Mario Vargas Llosa en su libro El Hablador, ese mítico personaje que cuenta y cuenta historias, pasadas y presentes para memorar sin descanso. Personaje vigoroso e impresionante que el escritor halló durante su investigación sobre la vida de los indios amazónicos, conocidos como machiguengas.
En El Hablador, confiesa el escritor peruano, que durante 25 años le persiguió el deseo de contar quiénes eran esos que andan y no descansan, sólo para que nada se olvide.
De esta talla es El cártel incómodo, de un hablador capaz de tener en su mente datos, cifras, situaciones, procesos encadenados de nuestra historia reciente. Reveles, de 64 años y 40 años de vida profesional, me contó cómo se especializó en un tema que parece policíaco, pero que en realidad es seguir la huella de lo que le ha pasado a la sistemática violación de los derechos humanos en México.
Su libro contiene los informes detallados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que Alfredo Jiménez Mota, periodista del diario El Imparcial de Hermosillo --en Sonora, México, a más de mil 300 kilómetros de la capital-- utilizó para una serie de reportajes y publicaciones periodísticas antes de ser desaparecido en 2005.
Se trata de la relación entre integrantes de la administración pública y los grupos delincuenciales. Relaciones sustentadas en otras muchas investigaciones periodísticas, que como El Hablador michinguenga, hacen posible mantener la memoria, evitar la simulación, la mentira y las atrocidades que rodean la ola criminal que nos aturde.
¿Por qué las persecuciones? Respuesta: la periodista Ana Lilia Pérez, que investigó nueve años la situación de Petróleos Mexicanos, la industria emblemática de México, ha sido acusada por los industriales que han sido beneficiados por las altas esferas del poder en los negocios precisos, comprobados, con documentos explicativos, en que la riqueza petrolera nacional fue saqueada en los últimos años.
Ella, que escribió para su revista los reportajes, también es autora de otro libro emblemático: Camisas azules manos negras y, cómo lo hace Reveles en El cártel incómodo, no tiene tapujos para enlazar los hechos a la casa presidencial de Los Pinos.
Ambos, junto con el periodista Roberto Rodríguez Baños, se preguntan: ¿por qué en ningún caso de asesinato, acoso, homicidios de periodistas se ha llegado a la verdad? ¿Por qué todos los casos quedan impunes? ¿Dónde está la liga? ¿Qué es lo que se pisa como poder inconmensurable que hace imposible la justicia?
Por eso es obvio que las reporteras de Morelos puedan recibir impunemente mensajes de miedo en sus computadoras; una exlocutora pueda ser baleada sin reparo en Chihuahua; un grupo de delincuentes balee a los presentes, en un funeral matando a dos mujeres y dos adolescentes, apenas el sábado 24 de abril; ¿por qué no se localizan a los culpables de perseguir jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez durante 14 años, aciagos y terribles?
El 12 de abril nuevamente fueron saqueadas las oficinas de la revista Contralínea, donde trabaja Ana Lilia, y un día después Ana Lilia recibió un premio por su investigación y su valentía.
Se trata, dicen quienes saben, de un operativo clarísimo, fundado en una doble cara, en un doble lenguaje que se esparce lentamente, sin descanso, como una gota que va haciendo una canaleta, preciso en la vida de la sociedad mexicana, aparentemente inerte, sin respuesta.
Ana Lilia me contó que la oficina para atender crímenes contra periodistas en la Procuraduría General de la República no es más que una simulación. Ella denunció el acoso. La respuesta fue una denuncia penal contra ella. Se queja de que hoy su vida, de joven periodista, de esas que quieren investigar antes de escribir, está dividida entre la jornada laboral y su cotidiana asistencia a los tribunales, como si fuera una delincuente, señalada sólo por narrar los hechos.
Reveles, quién fundó en México la primera revista dedicada a publicar hechos de violación a los derechos humanos, Filo Rojo, reacciona como El Hablador: “Hay que continuar porque las cosas tienen que conocerse; hay que documentarlas, probarlas para que la memoria no se confunda, para que se tengan los nombres, las circunstancias y los hechos”, de modo que, a posteriori, nadie tenga dudas.
La tremenda cifra de 22 mil 700 ejecuciones en México, sin que se toquen las estructuras del crimen, obligó a Bill Clinton a proponer un programa para México, como el que Estados Unidos diseñó para Colombia, “porque solos no van a poder”, dijo, y mientras tanto los muertos son de este lado de la frontera mexicana, los muertos cotidianos.
El caso de Ana Lilia Pérez y la revista Contralínea ya han sido llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una muestra de la forma artera y pertinaz de la persecución a quienes han decidido andar, han decidido contar, recoger y mantener las historias pasadas y presentes, que impidan el olvido y a los responsables de los hechos, a los directamente implicados, a sus redes y sus entramados facciosos, de la cúpula del poder a la base burocrática y la sociedad convulsa de esta hora, como dice Vargas Llosa.
Y, claro, los bancos, las casas de bolsa, los millonarios negocios, las empresas fantasmas y el poder político están intocados, más bien reciclados, en fantásticas e insultantes alianzas y acuerdos, en los que no se toca la realidad de la gente ni el miedo que se oculta a diario en la vida cotidiana, aparentemente sencilla y simple.
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