Gerardo Fernández Casanova
“Que el fraude electoral jamás se olvide”
“No somos ingenuos” dicen que contestó Gómez Mont, el de la garganta ancha que no profunda, a la aseveración del cantautor español Joaquín Sabina en el sentido de que, la del combate al narcotráfico, es una guerra perdida. Bueno –digo yo- si no son ingenuos es que, entonces, son estúpidos.
En otra sonora bofetada, la de la entrevista del Mayo Zambada con Julio Scherer –con la autoridad que le da el hecho de ser el segundo del legendario Chapo Guzmán- se coincide en calificar como perdida la intención de terminar con los negociantes de la droga, sin tocar al negocio mismo. Es claro: mientras exista la demanda y ésta pague los costos elevados, el negocio seguirá vivo y se renovará su liderazgo cada que caiga cualquiera de sus capos. Es como el cuento del nunca acabar. Habría que agregar que, además de ingenuos y estúpidos, son criminales quienes, desde el 1 de diciembre de 2006, decidieron una declaración de guerra que, con el pretexto de acabar con el narcotráfico, ha recrudecido la violencia que pretendía erradicar y colocado a la sociedad en estado de franca indefensión y presa del terror a ser víctima de los fuegos cruzados, de las arbitrariedades de soldados y policías, de la extorsión y el secuestro. Son daños colaterales, dicen los del diseño criminal para justificarse. Son un crimen, decimos quienes los padecemos desde el llano.
La caricatura de El Fisgón de este miércoles (14/04/10) en La Jornada es todo un editorial: aparece el águila del escudo nacional abatida por las balas del fuego cruzado y la titula: daño colateral. Es el país la principal víctima de la irresponsabilidad y la estulticia calderoniana o, acaso, ¿no será ese su objetivo? Desde que el régimen espurio se encaramó en la presidencia lo hizo al amparo del ejército; la primera aparición del sedicente presidente lució un sobrado uniforme militar con gorra de cinco estrellas; todo con el claro objetivo de apuntalar un gobierno ilegítimo y desanimar la movilización popular de protesta. De ahí que la sospecha tome cuerpo de verosimilitud: el objetivo es y ha sido el del sometimiento del país y de la población. Es la única muestra de coherencia y de éxito en la actuación gubernamental: el águila nacional abatida.
Víctima del daño colateral de la violencia es el famoso estado de derecho, elemento sustantivo de un régimen republicano, tan elogiado y oralmente defendido por quienes usurparon el poder presidencial, especialmente cuando de desvirtuar la imagen de la oposición de izquierda se trata. Se dijo que AMLO era un peligro para México por su supuesto desdén hacia las instituciones nacionales; Calderón ha resultado ser, ya no un peligro, sino un daño consumado a las referidas instituciones, no sólo por su implantación fraudulenta, sino por el ejercicio permanente de la violación a la legalidad. Muestra palmaria de ello es la participación del ejército y la marina en tareas no contempladas en la ley y, por tanto, prohibidas. Hay que recordar que, por principio de derecho, los ciudadanos son libres de hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido por la ley, en tanto que para el gobierno todo está prohibido, excepto lo que explícitamente esté autorizado por la ley. El abogado Calderón pasó de noche y con trampas la materia de derecho constitucional.
Cometido el desaguisado, se pretende forzar al legislativo para que apruebe leyes que den soporte a lo que, de facto, se realiza. Esto sucede con todo, no es exclusivo de la guerra contra el narcotráfico, lo es también en otras materias como la laboral y la energética. Ya es costumbre que el funcionario se refiera a la ley como inoperante y, por vía de mientras, la viole con flagrancia. A eso se le llama “gobierno de facto” y sólo se distingue de la dictadura por lo perentorio del mandato. El poder judicial brilla por su no poder, ni judicial ni político; está sometido.
Entre tanto, el pueblo libra una desigual batalla contra el verdadero enemigo: la miseria. Ahí donde el régimen debiera aplicarse con denuedo, las huestes de la economía del dios mercado hacen estragos sobre el bienestar de la población. El propio gobierno espurio actúa como el más traidor de los quintacolumnistas; no sólo no lo ataca, sino que es su más fiel servidor. ¡No se vale¡
Dígame si no, amable lector o lectora, estaríamos mejor si el “peligro para México” no hubiese sido fraudulentamente desprovisto del mandato popular. Por decir lo menos, estaríamos lejos de la incongruencia. AMLO dice lo que va a hacer y eso hace. Calderón dice lo que va a hacer y hace, o le resulta, lo contrario. Un ejemplo es el propio Andrés Manuel: Calderón hace todo por destruirlo y, en realidad, sólo lo ha fortalecido. Imagínese usted que, en aras de un supuesto comportamiento civilizado, hubiésemos absorbido el golpe del fraude y contemporizado con sus actores ¿Quién podría, con autoridad moral, señalarlos?
Insisto: Calderón debe salir de la presidencia. Vamos a decírselo en el ejercicio del próximo 25 de abril. ¡Que se oiga!
“Que el fraude electoral jamás se olvide”
“No somos ingenuos” dicen que contestó Gómez Mont, el de la garganta ancha que no profunda, a la aseveración del cantautor español Joaquín Sabina en el sentido de que, la del combate al narcotráfico, es una guerra perdida. Bueno –digo yo- si no son ingenuos es que, entonces, son estúpidos.
En otra sonora bofetada, la de la entrevista del Mayo Zambada con Julio Scherer –con la autoridad que le da el hecho de ser el segundo del legendario Chapo Guzmán- se coincide en calificar como perdida la intención de terminar con los negociantes de la droga, sin tocar al negocio mismo. Es claro: mientras exista la demanda y ésta pague los costos elevados, el negocio seguirá vivo y se renovará su liderazgo cada que caiga cualquiera de sus capos. Es como el cuento del nunca acabar. Habría que agregar que, además de ingenuos y estúpidos, son criminales quienes, desde el 1 de diciembre de 2006, decidieron una declaración de guerra que, con el pretexto de acabar con el narcotráfico, ha recrudecido la violencia que pretendía erradicar y colocado a la sociedad en estado de franca indefensión y presa del terror a ser víctima de los fuegos cruzados, de las arbitrariedades de soldados y policías, de la extorsión y el secuestro. Son daños colaterales, dicen los del diseño criminal para justificarse. Son un crimen, decimos quienes los padecemos desde el llano.
La caricatura de El Fisgón de este miércoles (14/04/10) en La Jornada es todo un editorial: aparece el águila del escudo nacional abatida por las balas del fuego cruzado y la titula: daño colateral. Es el país la principal víctima de la irresponsabilidad y la estulticia calderoniana o, acaso, ¿no será ese su objetivo? Desde que el régimen espurio se encaramó en la presidencia lo hizo al amparo del ejército; la primera aparición del sedicente presidente lució un sobrado uniforme militar con gorra de cinco estrellas; todo con el claro objetivo de apuntalar un gobierno ilegítimo y desanimar la movilización popular de protesta. De ahí que la sospecha tome cuerpo de verosimilitud: el objetivo es y ha sido el del sometimiento del país y de la población. Es la única muestra de coherencia y de éxito en la actuación gubernamental: el águila nacional abatida.
Víctima del daño colateral de la violencia es el famoso estado de derecho, elemento sustantivo de un régimen republicano, tan elogiado y oralmente defendido por quienes usurparon el poder presidencial, especialmente cuando de desvirtuar la imagen de la oposición de izquierda se trata. Se dijo que AMLO era un peligro para México por su supuesto desdén hacia las instituciones nacionales; Calderón ha resultado ser, ya no un peligro, sino un daño consumado a las referidas instituciones, no sólo por su implantación fraudulenta, sino por el ejercicio permanente de la violación a la legalidad. Muestra palmaria de ello es la participación del ejército y la marina en tareas no contempladas en la ley y, por tanto, prohibidas. Hay que recordar que, por principio de derecho, los ciudadanos son libres de hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido por la ley, en tanto que para el gobierno todo está prohibido, excepto lo que explícitamente esté autorizado por la ley. El abogado Calderón pasó de noche y con trampas la materia de derecho constitucional.
Cometido el desaguisado, se pretende forzar al legislativo para que apruebe leyes que den soporte a lo que, de facto, se realiza. Esto sucede con todo, no es exclusivo de la guerra contra el narcotráfico, lo es también en otras materias como la laboral y la energética. Ya es costumbre que el funcionario se refiera a la ley como inoperante y, por vía de mientras, la viole con flagrancia. A eso se le llama “gobierno de facto” y sólo se distingue de la dictadura por lo perentorio del mandato. El poder judicial brilla por su no poder, ni judicial ni político; está sometido.
Entre tanto, el pueblo libra una desigual batalla contra el verdadero enemigo: la miseria. Ahí donde el régimen debiera aplicarse con denuedo, las huestes de la economía del dios mercado hacen estragos sobre el bienestar de la población. El propio gobierno espurio actúa como el más traidor de los quintacolumnistas; no sólo no lo ataca, sino que es su más fiel servidor. ¡No se vale¡
Dígame si no, amable lector o lectora, estaríamos mejor si el “peligro para México” no hubiese sido fraudulentamente desprovisto del mandato popular. Por decir lo menos, estaríamos lejos de la incongruencia. AMLO dice lo que va a hacer y eso hace. Calderón dice lo que va a hacer y hace, o le resulta, lo contrario. Un ejemplo es el propio Andrés Manuel: Calderón hace todo por destruirlo y, en realidad, sólo lo ha fortalecido. Imagínese usted que, en aras de un supuesto comportamiento civilizado, hubiésemos absorbido el golpe del fraude y contemporizado con sus actores ¿Quién podría, con autoridad moral, señalarlos?
Insisto: Calderón debe salir de la presidencia. Vamos a decírselo en el ejercicio del próximo 25 de abril. ¡Que se oiga!
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