Confirman dos muertos y seis desaparecidos en emboscada a caravana en Oaxaca

Gloria Leticia Díaz / Apro

Organizaciones que participaron en la caravana humanitaria emboscada el martes, confirmaron la muerte de Alberta Beatriz Cariño Trujillo y de la activista de origen finlandés Jury Jakkola, así como la desaparición de seis personas, entre ellas los periodistas de la revista Contralínea, Erica Ramírez y David Silva García.

Ayer martes, tres vehículos en los que viajaban 27 activistas fueron emboscados en las inmediaciones de la comunidad Sabana en la sierra mixteca de Oaxaca. Estos hechos fueron atribuidos a la organización priista Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Los vehículos formaban parte de una caravana de ayuda humanitaria para habitantes del pueblo de San Juan Copala.

Por medio de un comunicado, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos AC (Cactus), la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos resaltan que “no se tiene información oficial de que haya personas heridas o muertas, porque el gobierno local se ha negado a entrar en la zona”, en tanto que el gobierno federal “ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil, de diputados y senadores para ingresar a rescatar a las víctimas”.

Las primeras versiones del ataque señalaban que al menos 5 personas fueron vistas en el suelo cubiertas de sangre en el camino a San Juan Copala como lo informo ayer la agencia Apro.

Las organizaciones mencionan como desaparecidos a Martín Saukal, originario de Bélgica; David Venegas, Noe Bautista y Fernando Santiago, de organizaciones sociales oaxaqueñas, así como dos los periodistas de Contralínea.

En el comunicado las ONG agregan que en la mañana de este miércoles un convoy de 45 elementos de la policía estatal ingresó a Sabana, la zona de ataque, acompañados por agentes del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales.

Se indica que al regresar a la comunidad de Juxtlahuacan, donde se refugiaron los sobrevivientes, los policías llevaban los cuerpos de los activistas acribillados que fueron trasladados más tarde a Huahuapan de León.

Las organizaciones sociales exigen a los gobiernos estatal y federal garantías para ingresar a Sabana y recuperar a sus compañeros, así como la investigación de los hechos y sanción contra los responsables del atentado.

También exigen la destitución de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública de Oaxaca, así como del titular de Procuraduría de Justicia del estado “por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.

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