La muerte ronda a las personas inocentes en ciudades importantes del país, lo mismo en la industrial de Monterrey, en la fronteriza Ciudad Juárez o en el puerto turístico de Acapulco. Las noticias de civiles muertos en medio de la guerra del gobierno federal contra los cárteles de la droga han tomado los titulares de los medios de comunicación desde el arranque de 2010. Jóvenes, mujeres y niños caen entre las balas de los sicarios y de las fuerzas federales (Ejército y Policía Federal) en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero. Los políticos y los estrategas gubernamentales las llaman bajas o daños colaterales. Así de insensibles.
El presidente Felipe Calderón tiene la creencia de que las muertes de civiles son menores, frente a las batallas donde caen militares, policías y delincuentes. “Son las menos”, porque la mayoría de los homicidios es consecuencias del enfrenamiento entre las bandas del crimen organizado; no son acciones contra ciudadanos o turistas.
“Más del 90% de homicidios y ejecuciones, como hemos venido catalogando obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros. Es decir, no son ni siquiera acciones, ha habido muchos soldados y muchos policías caídos en cumplimiento con su deber, pero éste es un porcentaje que no llega al 5% de esas muertes y son mucho menos todavía aunque los ha habido, por desgracia, y los lamentamos, algunos civiles inocentes alguna vez atrapado en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes, pero son realmente los menos”, dijo Calderón el viernes ante empresarios.
Los ciudadanos afrontan la insensibilidad de la clase política, y carecen de chaleco antibalas jurídico. Los especialistas en temas de seguridad no han encontrado un marco legal propio para el uso legítimo de la fuerza pública. Las corporaciones federales y las Fuerzas Armadas han tomado las reglas de los tratados internacionales y, en todo caso, hacen una interpretación legal de legislaciones y códigos, lo mismo la Constitución Política del país, el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
¿Cuáles son los límites de las fuerzas federales en un enfrenamiento armado con grupos de sicarios? ¿Cómo debe entenderse el uso legítimo de la fuerza? Por supuesto, deben poner por encima la protección de los civiles y se entiende como el último recurso para impedir un hecho de mayor gravedad en la sociedad. De esa manera, las policías y las Fuerzas Armadas tendrían que cumplir con los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Fuera de estos conceptos, la fuerza se convierte en una forma de violencia policial, como hemos visto en algunos casos (el homicidio de dos estudiantes del Tec de Monterrey y el asesinato de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar).
Los tratados internacionales, adoptados por México en 1990, marcan los principios básicos por los cuales las fuerzas federales deben conducir su conducta en caso de enfrentamientos armados con grupos de la delincuencia organizada. En términos generales son: hacer cumplir la ley; evitar la violación o garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas; mantener la vigencia del Estado de Derecho, y garantizar el orden y la paz social.
¿Cómo lo deben hacer para evitar bajas entre los civiles? Los criterios y modelos están marcados en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, bajo los principios de subsidiaridad, proporcionalidad y excepcionalidad. El primero establece que los elementos policíacos y militares pueden recurrir a la fuerza cuando sea estrictamente necesario para aplicar la ley y mantener el orden público. El segundo considera que la fuerza debe ser razonable y proporcional en intensidad, duración y magnitud a la agresión recibida. El tercero determina que debe hacerse uso de la fuerza para defender a los ciudadanos o defenderse a sí mismos ante la amenaza grave de su integridad.
Ignorar estos principios, coloca a las fuerzas federales mexicanas en los límites del abuso o violación de las reglas. De hecho, el uso de las armas debería ser utilizado solamente para impactar zonas del cuerpo del atacante que no cause daños permanentes. El uso de las armas de fuego debe estar justificado y permitido en la legítima defensa y en la de terceras personas, de acuerdo con las reglas internacionales.
En algunos casos, documentados por los medios de comunicación, las fuerzas federales mexicanas parecen no estar capacitadas o están haciendo caso omiso de las normas de tratados internacionales para el uso de la fuerza. El gobierno de Calderón debería atender los protocolos y colocar chaleco antibalas jurídico a la ciudadanía, en lugar de minimizar las bajas de civiles.
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