EFE
Cinco niños evangelistas fueron expulsados de una escuela pública controlada por católicos tradicionalistas en una comunidad indígena de Chiapas, estado del sur de México, afectado por conflictos de intolerancia religiosa, informó hoy una fuente oficial.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Defensor del Pueblo) tomó cartas en el asunto y mediante un comunicado hizo este martes un llamamiento "a superar y erradicar la intolerancia religiosa ante los hechos ocurridos en la comunidad de Shulvó, en el municipio de Zinacantán, Chiapas".
Los menores hacen parte de ocho familias evangelistas que en noviembre pasado fueron expulsadas de Shulvó por negarse a cooperar para las fiestas religiosas católicas y se refugiaron a unos 15 kilómetros, en la vecina ciudad colonial de San Cristóbal de la Casas.
Pese a la expulsión, los menores seguían acudiendo a la escuela en Shulvó para no perder el ciclo educativo, contando con el apoyo de profesores que les recogían en San Cristóbal de las Casas y los llevaban a la comunidad católica.
Pero este lunes los niños ya no pudieron entrar a la escuela por decisión de las autoridades católicas tradicionalistas de Shulvó, comunidad de indígenas tzotziles.
Mariano Pérez, portavoz del grupo de las ocho familias expulsadas, explicó hoy que el viernes pasado las autoridades católicas de Shulvó les dijeron a los maestros "que los niños ya no pueden entrar a la escuela porque ya perdieron su derecho a recibir clases", por lo que ya no acudieron el lunes al centro de enseñanza.
Las ocho familias, integradas por 40 personas, se mantienen en plantón desde enero pasado frente a la fiscalía para asuntos indígenas en San Cristóbal de las Casas para exigir que se les permita retornar a sus hogares y se respete su derecho de asociación religiosa.
La CNDH asegura que solicitó al Gobierno de Chiapas su intervención "para evitar acciones que vulneren los derechos humanos, así como actos de violencia de difícil o imposible reparación".
El Defensor del Pueblo ha emitido una recomendación general a las autoridades educativas del país para que se abstengan de sancionar a los alumnos por motivos religiosos y recordó que la libertad de creencia está consagrada en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Chiapas es uno de los estados de México que cuenta con una amplia población indígena, una parte de la cual se unió en 1994 a la guerrilla zapatista para alzarse en armas en la zona de la selva lacandona bajo el lema "Ya basta".
Cinco niños evangelistas fueron expulsados de una escuela pública controlada por católicos tradicionalistas en una comunidad indígena de Chiapas, estado del sur de México, afectado por conflictos de intolerancia religiosa, informó hoy una fuente oficial.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Defensor del Pueblo) tomó cartas en el asunto y mediante un comunicado hizo este martes un llamamiento "a superar y erradicar la intolerancia religiosa ante los hechos ocurridos en la comunidad de Shulvó, en el municipio de Zinacantán, Chiapas".
Los menores hacen parte de ocho familias evangelistas que en noviembre pasado fueron expulsadas de Shulvó por negarse a cooperar para las fiestas religiosas católicas y se refugiaron a unos 15 kilómetros, en la vecina ciudad colonial de San Cristóbal de la Casas.
Pese a la expulsión, los menores seguían acudiendo a la escuela en Shulvó para no perder el ciclo educativo, contando con el apoyo de profesores que les recogían en San Cristóbal de las Casas y los llevaban a la comunidad católica.
Pero este lunes los niños ya no pudieron entrar a la escuela por decisión de las autoridades católicas tradicionalistas de Shulvó, comunidad de indígenas tzotziles.
Mariano Pérez, portavoz del grupo de las ocho familias expulsadas, explicó hoy que el viernes pasado las autoridades católicas de Shulvó les dijeron a los maestros "que los niños ya no pueden entrar a la escuela porque ya perdieron su derecho a recibir clases", por lo que ya no acudieron el lunes al centro de enseñanza.
Las ocho familias, integradas por 40 personas, se mantienen en plantón desde enero pasado frente a la fiscalía para asuntos indígenas en San Cristóbal de las Casas para exigir que se les permita retornar a sus hogares y se respete su derecho de asociación religiosa.
La CNDH asegura que solicitó al Gobierno de Chiapas su intervención "para evitar acciones que vulneren los derechos humanos, así como actos de violencia de difícil o imposible reparación".
El Defensor del Pueblo ha emitido una recomendación general a las autoridades educativas del país para que se abstengan de sancionar a los alumnos por motivos religiosos y recordó que la libertad de creencia está consagrada en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Chiapas es uno de los estados de México que cuenta con una amplia población indígena, una parte de la cual se unió en 1994 a la guerrilla zapatista para alzarse en armas en la zona de la selva lacandona bajo el lema "Ya basta".
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