Jenaro Villamil
En todo crimen, dirían Sherlock Holmes o el policía sueco Wallander, existe siempre una coartada. Y en el caso de la niña Paulette, aunque las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de México intenten conducir a la pista de una muerte accidental por asfixia, la percepción generalizada es que se trató de un homicidio.
La coartada está en la sobre exposición mediática del caso, desde el inicio mismo de la denuncia por desaparición y las primeras líneas que apuntaban hacia un posible secuestro.
Fue una coartada ampliamente consentida por las autoridades mexiquenses.
Dos fuentes informativas confirman que entre las recientes hipótesis de las indagatorias ministeriales figura la del autosecuestro. En un caso, se habla de un acuerdo entre los padres, Lisette Farah y Mauricio Gebara, éste último endeudado por la compraventa de bienes inmuebles. La eficaz y ágil campaña en redes sociales –Facebook, twitter- así como en espectaculares tuvo como objetivo solicitar recursos a la comunidad libanesa-judía para pagar un falso rescate por la libertad de la menor de cuatro años.
En la otra versión, cercana también a fuentes de la Procuraduría que dirige Alberto Bazbaz, se presume que la responsable del autosecuestro sería la madre, Lisette Farah, en complicidad con alguno de los vecinos. El matrimonio con Gebara pasaba por una severa crisis y estaba en juego una gran cantidad de recursos y negocios compartidos.
Al parecer, a la niña se la llevó un amigo del mismo edificio. Ella se puso a llorar, le tapó la boca para acallarla y terminó por asfixiarla. En este caso, indican las fuentes ministeriales, la coartada de la propia madre fue su sobre exposición mediática: desde el falso llanto ante las cámaras televisivas hasta una larga entrevista con Lilly Téllez, de TV Azteca, y posteriormente con Adela Micha, de Televisa.
Ciertas o no estas hipótesis y líneas de investigación –ya todo es creíble desde que el procurador Bazbaz sepultó su credibilidad en cadena nacional en menos de una semana-- lo más sintomático del caso es el papel jugado, consentido o no, por las grandes cadenas televisivas para convertir el caso Paulette en un reality judicial.
A tal grado llegó la intrusión televisiva en el asunto que a un equipo de reporteros de Univisión, cadena estadunidense asociada antes con Televisa, le informaron que el subprocurador y el procurador Bazbaz sólo dan entrevistas con el “canal de las estrellas” porque “tienen la exclusividad de la imagen”. ¿Exclusividad? ¿Realmente ya pactaron los derechos reservados para gestionar la coartada y salvar del desastre a las autoridades del Estado de México?
El pasado lunes 12 de abril, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto apareció de nuevo en la pantalla de Televisa para afirmar con la contundencia del teleprompter que lo caracteriza que “sería un error suponer que la actuación de la Procuraduría está siendo regida por las presiones, tanto de orden mediático, como de grupos políticos”.
Peña Nieto se quejó por la “utilización política” del caso –como si el gobierno del Estado de México no lo hubiera utilizado también para promoverse y acabar bochornosamente enredado-- y afirmó: “No voy a ceder a presiones”.
¿A qué presiones se refiere Peña Nieto? ¿A las presiones de las familias involucradas en el caso que financiaron su campaña electoral y la de Arturo Montiel? ¿Se refiere acaso a las presiones de la familia Salinas que desde hace años considera a Bazbaz como una de “sus” piezas en la procuraduría mexiquense? ¿Se refiere a las presiones del subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, quien insistió airadamente para que no se involucrara en las indagatorias a su prima Amanda de la Rosa Frisccioni, con quien viajó a Los Cabos la madre Lisette Farah? ¿Alude, acaso, Peña Nieto a las presiones de poderosos constructores involucrados también en la trama de las familias Gebara y Farah? ¿O se refiere Peña Nieto a las presiones de Televisa que inició una campaña para la renuncia de Bazbaz y ahora ya realiza “recuentos” del caso para el control de daños previamente presupuestados y acordados con el erario mexiquense?
La coartada mediática es también de Peña Nieto. Es una coartada porque detrás del escándalo, de los errores evidentes en la investigación y de las contradicciones, ha estado siempre el cálculo del rating no el de la procuración de justicia. La coartada mediática encubre un alto grado de impunidad en las tierras gobernadas por Peña Nieto.
En todo crimen, dirían Sherlock Holmes o el policía sueco Wallander, existe siempre una coartada. Y en el caso de la niña Paulette, aunque las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de México intenten conducir a la pista de una muerte accidental por asfixia, la percepción generalizada es que se trató de un homicidio.
La coartada está en la sobre exposición mediática del caso, desde el inicio mismo de la denuncia por desaparición y las primeras líneas que apuntaban hacia un posible secuestro.
Fue una coartada ampliamente consentida por las autoridades mexiquenses.
Dos fuentes informativas confirman que entre las recientes hipótesis de las indagatorias ministeriales figura la del autosecuestro. En un caso, se habla de un acuerdo entre los padres, Lisette Farah y Mauricio Gebara, éste último endeudado por la compraventa de bienes inmuebles. La eficaz y ágil campaña en redes sociales –Facebook, twitter- así como en espectaculares tuvo como objetivo solicitar recursos a la comunidad libanesa-judía para pagar un falso rescate por la libertad de la menor de cuatro años.
En la otra versión, cercana también a fuentes de la Procuraduría que dirige Alberto Bazbaz, se presume que la responsable del autosecuestro sería la madre, Lisette Farah, en complicidad con alguno de los vecinos. El matrimonio con Gebara pasaba por una severa crisis y estaba en juego una gran cantidad de recursos y negocios compartidos.
Al parecer, a la niña se la llevó un amigo del mismo edificio. Ella se puso a llorar, le tapó la boca para acallarla y terminó por asfixiarla. En este caso, indican las fuentes ministeriales, la coartada de la propia madre fue su sobre exposición mediática: desde el falso llanto ante las cámaras televisivas hasta una larga entrevista con Lilly Téllez, de TV Azteca, y posteriormente con Adela Micha, de Televisa.
Ciertas o no estas hipótesis y líneas de investigación –ya todo es creíble desde que el procurador Bazbaz sepultó su credibilidad en cadena nacional en menos de una semana-- lo más sintomático del caso es el papel jugado, consentido o no, por las grandes cadenas televisivas para convertir el caso Paulette en un reality judicial.
A tal grado llegó la intrusión televisiva en el asunto que a un equipo de reporteros de Univisión, cadena estadunidense asociada antes con Televisa, le informaron que el subprocurador y el procurador Bazbaz sólo dan entrevistas con el “canal de las estrellas” porque “tienen la exclusividad de la imagen”. ¿Exclusividad? ¿Realmente ya pactaron los derechos reservados para gestionar la coartada y salvar del desastre a las autoridades del Estado de México?
El pasado lunes 12 de abril, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto apareció de nuevo en la pantalla de Televisa para afirmar con la contundencia del teleprompter que lo caracteriza que “sería un error suponer que la actuación de la Procuraduría está siendo regida por las presiones, tanto de orden mediático, como de grupos políticos”.
Peña Nieto se quejó por la “utilización política” del caso –como si el gobierno del Estado de México no lo hubiera utilizado también para promoverse y acabar bochornosamente enredado-- y afirmó: “No voy a ceder a presiones”.
¿A qué presiones se refiere Peña Nieto? ¿A las presiones de las familias involucradas en el caso que financiaron su campaña electoral y la de Arturo Montiel? ¿Se refiere acaso a las presiones de la familia Salinas que desde hace años considera a Bazbaz como una de “sus” piezas en la procuraduría mexiquense? ¿Se refiere a las presiones del subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, quien insistió airadamente para que no se involucrara en las indagatorias a su prima Amanda de la Rosa Frisccioni, con quien viajó a Los Cabos la madre Lisette Farah? ¿Alude, acaso, Peña Nieto a las presiones de poderosos constructores involucrados también en la trama de las familias Gebara y Farah? ¿O se refiere Peña Nieto a las presiones de Televisa que inició una campaña para la renuncia de Bazbaz y ahora ya realiza “recuentos” del caso para el control de daños previamente presupuestados y acordados con el erario mexiquense?
La coartada mediática es también de Peña Nieto. Es una coartada porque detrás del escándalo, de los errores evidentes en la investigación y de las contradicciones, ha estado siempre el cálculo del rating no el de la procuración de justicia. La coartada mediática encubre un alto grado de impunidad en las tierras gobernadas por Peña Nieto.
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