Jenaro Villamil
Elevada a rango de reality show, la muerte de la niña Paulette Gebara Farah se convirtió en una muestra más de la improvisación, la ligereza, la inoperancia y, de plano, la torpeza de las instituciones encargadas de procurar justicia en el país. El caso exhibe en particular la ineptitud de las autoridades del Estado de México, que lo descompusieron al punto de convertirlo en una irresoluble trama hitchockiana. Por consiguiente, el asunto se convirtió ya en la mayor crisis política para el gobernador Enrique Peña Nieto, que ya no halla cómo defender a su incapaz procurador...
“No hay duda de que este caso se trató de un homicidio”, sentenció el procurador mexiquense Alberto Bazbaz Sacal el 31 de marzo en una prolongada conferencia de prensa, transmitida en vivo por la mayoría de los noticiarios televisivos y radiofónicos que han convertido el caso de la menor Paulette Gebara Farah en un auténtico reality show.
Seis días después, el lunes 5, Bazbaz Sacal dio un giro radical a sus declaraciones. Localizado el cuerpo de Paulette debajo de su propia cama y en el mismo cuarto que antes había sido visitado por decenas de agentes y periodistas, Bazbaz declaró que “la necroscopia ni siquiera es concluyente para determinar que se trate de un homicidio…”
Y afirmó que serán “los científicos” de la procuraduría los que determinen los detalles de “la asfixia mecánica por sofocación” de la menor de cuatro años, que había sido reportada como desaparecida desde el 22 de marzo.
El domingo 4 Bazbaz ordenó la liberación de las cuatro personas arraigadas como sospechosas del presunto homicidio: las nanas Erika y Martha Casimiro, quienes cuidaron de la niña, que tenía discapacidad motriz; su padre, Mauricio Gebara Rahal, y la madre, Lisette Farah Farah, la única indiciada y quien ha sido protagonista mediática en esta trama desde que desapareció Paulette.
Escandaloso desde un inicio y ante el interés de los medios electrónicos nacionales e internacionales por darle cobertura, el caso se transformó desde ese lunes 5 en la principal crisis política y mediática para el gobernador Enrique Peña Nieto.
El jueves 8 legisladores locales del PAN y del PRD exigieron la renuncia del procurador mexiquense por su “falta de capacidad y eficiencia”, dijeron. La panista Mónica Fragoso Maldonado acusó a Bazbaz de revelar a diferentes medios de comunicación “información trascendental que pone en peligro la investigación (del caso Paulette)”.
Desde Colombia, a donde viajó para participar en el Foro Económico Mundial Latinoamérica (FEM), el gobernador Peña Nieto salió dos veces en defensa de su procurador, al tiempo que fuentes consultadas en el Estado de México señalan al secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, como el principal operador del cambio en las investigaciones de la procuraduría.
“Este es un ejemplo de cómo en el Estado de México la procuración de justicia se compra o se vende al mejor postor. Es obvio que el procurador está muy cerca del caso Paulette por la posición económica de las familias”, advierte el dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez Jiménez.
Consultado por Proceso, Sánchez Jiménez asegura que el principal padrino y apoyo político de Alberto Bazbaz Sacal es el expresidente Carlos Salinas de Gortari y aduce dos razones: el actual procurador fue defensor de Raúl Salinas de Gortari y estuvo al pendiente del caso de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 8 de diciembre de 2004.
En las indagaciones del crimen del hermano del expresidente, Bazbaz fue pieza clave como Director General de Control de Procesos Penales Federales de la Procuraduría General de la República, cargo al que llegó en septiembre de 2007 por recomendación de Eduardo Medina Mora, titular de esa dependencia.
En procurador mexiquense también fue socio del despacho Moreno y Bazbaz, junto con Fernando Moreno Hernández y David Korenfeld Federaman, el actual secretario de Agua y Obra Pública del Estado de México. Él y Korenfeld pertenecen a la comunidad judía mexiquense, estudiaron en la Universidad Anáhuac y Korenfeld es identificado como uno de los principales impulsores de los jugosos negocios inmobiliarios del gobierno mexiquense.
Elevada a rango de reality show, la muerte de la niña Paulette Gebara Farah se convirtió en una muestra más de la improvisación, la ligereza, la inoperancia y, de plano, la torpeza de las instituciones encargadas de procurar justicia en el país. El caso exhibe en particular la ineptitud de las autoridades del Estado de México, que lo descompusieron al punto de convertirlo en una irresoluble trama hitchockiana. Por consiguiente, el asunto se convirtió ya en la mayor crisis política para el gobernador Enrique Peña Nieto, que ya no halla cómo defender a su incapaz procurador...
“No hay duda de que este caso se trató de un homicidio”, sentenció el procurador mexiquense Alberto Bazbaz Sacal el 31 de marzo en una prolongada conferencia de prensa, transmitida en vivo por la mayoría de los noticiarios televisivos y radiofónicos que han convertido el caso de la menor Paulette Gebara Farah en un auténtico reality show.
Seis días después, el lunes 5, Bazbaz Sacal dio un giro radical a sus declaraciones. Localizado el cuerpo de Paulette debajo de su propia cama y en el mismo cuarto que antes había sido visitado por decenas de agentes y periodistas, Bazbaz declaró que “la necroscopia ni siquiera es concluyente para determinar que se trate de un homicidio…”
Y afirmó que serán “los científicos” de la procuraduría los que determinen los detalles de “la asfixia mecánica por sofocación” de la menor de cuatro años, que había sido reportada como desaparecida desde el 22 de marzo.
El domingo 4 Bazbaz ordenó la liberación de las cuatro personas arraigadas como sospechosas del presunto homicidio: las nanas Erika y Martha Casimiro, quienes cuidaron de la niña, que tenía discapacidad motriz; su padre, Mauricio Gebara Rahal, y la madre, Lisette Farah Farah, la única indiciada y quien ha sido protagonista mediática en esta trama desde que desapareció Paulette.
Escandaloso desde un inicio y ante el interés de los medios electrónicos nacionales e internacionales por darle cobertura, el caso se transformó desde ese lunes 5 en la principal crisis política y mediática para el gobernador Enrique Peña Nieto.
El jueves 8 legisladores locales del PAN y del PRD exigieron la renuncia del procurador mexiquense por su “falta de capacidad y eficiencia”, dijeron. La panista Mónica Fragoso Maldonado acusó a Bazbaz de revelar a diferentes medios de comunicación “información trascendental que pone en peligro la investigación (del caso Paulette)”.
Desde Colombia, a donde viajó para participar en el Foro Económico Mundial Latinoamérica (FEM), el gobernador Peña Nieto salió dos veces en defensa de su procurador, al tiempo que fuentes consultadas en el Estado de México señalan al secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, como el principal operador del cambio en las investigaciones de la procuraduría.
“Este es un ejemplo de cómo en el Estado de México la procuración de justicia se compra o se vende al mejor postor. Es obvio que el procurador está muy cerca del caso Paulette por la posición económica de las familias”, advierte el dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez Jiménez.
Consultado por Proceso, Sánchez Jiménez asegura que el principal padrino y apoyo político de Alberto Bazbaz Sacal es el expresidente Carlos Salinas de Gortari y aduce dos razones: el actual procurador fue defensor de Raúl Salinas de Gortari y estuvo al pendiente del caso de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 8 de diciembre de 2004.
En las indagaciones del crimen del hermano del expresidente, Bazbaz fue pieza clave como Director General de Control de Procesos Penales Federales de la Procuraduría General de la República, cargo al que llegó en septiembre de 2007 por recomendación de Eduardo Medina Mora, titular de esa dependencia.
En procurador mexiquense también fue socio del despacho Moreno y Bazbaz, junto con Fernando Moreno Hernández y David Korenfeld Federaman, el actual secretario de Agua y Obra Pública del Estado de México. Él y Korenfeld pertenecen a la comunidad judía mexiquense, estudiaron en la Universidad Anáhuac y Korenfeld es identificado como uno de los principales impulsores de los jugosos negocios inmobiliarios del gobierno mexiquense.
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