El PRI empujó y Bucareli dio unos pasitos hacia atrás en un tema que Fernando Gómez Mont defiende en todos los foros, en las mesas de debate y en los medios de comunicación: el fuero de los militares, el hecho de que sean juzgados por los tribunales castrenses. La Ley de Seguridad Nacional, que ofrece un marco legal a las Fuerzas Armadas para estar en las calles en la lucha contra el crimen organizado, avanza en el Senado. Pero los senadores del PRI han puesto una condición: la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que los elementos del Ejército mexicano y la Armada de México puedan ser sometidos a la justicia civil, cuando comentan delitos del fuero común.
Es un tema que ha sido debatido ampliamente por las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, legisladores de distintos partidos políticos, abogados y el propio secretario de Gobernación.
¿Los soldados y marinos que cometan excesos, abusos o delitos del fuero común en su comisión podrán ser juzgados por tribunales civiles y no por la justicia militar? La bancada priísta, a la cabeza de Manlio Fabio Beltrones, ha empujado para que los elementos rindan cuentas ante jueces civiles, en consonancia con una recomendación de la CIDH por el caso 12.511, la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en Guerrero en 1974 en el contexto de la llamada ‘guerra sucia’. La postura de la organización internacional es que los militares rindan cuentas de sus actos indebidos ante los tribunales civiles.
Una propuesta de modificación actualmente en manos de senadores expone que en las conductas de los integrantes de las Fuerzas Armadas que pudieran ser constitutivas de delito “serán juzgadas en los términos de la legislación vigente y las resoluciones emitidas por los órganos internacionales que sean vinculatorias para el Estado mexicano”. Por supuesto, la redacción está relacionada al caso Radilla Pacheco, que también incluye una indemnización y una disculpa pública.
El senador Beltrones ha defendido la postura de reformar el artículo 57 la legislación, en apego a la recomendación de la CIDH, que además es congruente con la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las tareas de auxilio del Ejército y la Armada en la lucha contra los grupos criminales que operan en todo el territorio mexicano.
Actualmente, el Código de Justicia Militar establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas deben ser juzgados por los tribunales militares cuando en sus comisiones o servicios incurran en ilícitos del orden común. En general, el actual marco legal castrense ofrece preeminencia a la justicia creada para los elementos de las Fuerzas Armadas.
Las modificaciones a la Ley Nacional de Seguridad están atadas a una reforma que modifique el artículo 57 del Código, de acuerdo con la postura de la bancada del PRI. El martes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el panista Gustavo Madero, dijo que el Ejecutivo estaba por mandar una propuesta para cambiar la legislación militar. “El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, anunció en la comparecencia con senadores, que presentará una iniciativa para reformar el Código de Justicia Militar, y en específico el fuero militar para atender la resolución del caso Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Pero no ocurrió así.
El periodo ordinario de sesiones del Congreso está por terminar. Los legisladores tendrían apenas una semana para procesar la iniciativa para establecer las condiciones legales para que los soldados salgan a las calles en tareas de combate a los grupos de la delincuencia organizada. ¿El Ejército estaba de acuerdo con esta propuesta, empujada por Beltrones? Las señales fueron opuestas y el tema se fue hasta el próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre de 2010.
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