Este fin de semana fueron nuevamente allanadas las instalaciones de la revista Contralínea, ubicadas en la avenida Balderas, 33, delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas de la empresa que edita Contralínea. El inventario de lo sustraído aún no se concluye.
Los hechos se denunciaron la mañana del 12 de abril ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la Agencia Investigadora del Ministerio Público Cuauhtémoc: expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04.
El robo a las instalaciones de Contralínea se suma a la serie de acosos que los periodistas de este medio de comunicación han padecido desde 2007, derivadas de su ejercicio profesional, acoso y agravios que incluyen el allanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones (entre 2007 y 2009), y el arresto de su director, Miguel Badillo Cruz, el 16 de enero de 2009, y la orden de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.
Actualmente, los periodistas de este medio de comunicación tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Desde 2007 este medio informativo ha recibido amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Estas compañías mantienen seis demandas civiles y una penal contra Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y Jorge Meléndez.
El más reciente allanamiento y robo en agravio de la revista Contralínea se registra a siete meses de que la CNDH emitiera la recomendación 57/2009 –el 14 de septiembre de 2009–, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.
En la inédita recomendación –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditaron como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Además de la denuncia ante la PGJDF, Contralínea ha dado vista de hechos al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas y a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares.
Los periodistas de Contralínea exigen al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la administración local de Marcelo Ebrard Casaubón el esclarecimiento de estos hechos violentos así como la sanción a los responsables de los mismos.
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