Verónica Espinosa / Apro
Las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, abandonaron hoy, alrededor de las 18:00 horas, el penal de femenil de Querétaro, donde permanecieron presas durante más de tres años purgando una condena de 21 años de prisión acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La excarcelación de Alberta y Teresa fue posible gracias al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la “inmediata liberación” de ambas indígenas ante la falta de evidencias que probaran su culpabilidad en los delitos que la Procuraduría General de la República les imputó en el año 2006, luego de un operativo antipiratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Poco después de las cinco de la tarde, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre ellos el abogado de las dos indígenas, Andrés Díaz, llegaron al penal y entraron con la notificación de libertad remitida por la Corte.
A las 18:00 horas, Alberta y Teresa salieron de la mano del abogado Díaz, escoltadas por un grupo de activistas con camisetas de Amnistía Internacional que formaron una valla para que los medios de comunicación no pudieran acercarse a ellas.
Teresa llevaba en sus brazos a su hija Jazmín, quien nació dentro del penal.
“Estamos muy contentas…¡por fin se hizo justicia!”, fueron algunos de los comentarios que alcanzaron a hacer ante cámaras y micrófonos, antes de abordar dos camionetas para viajar a la Ciudad de México, donde, según se anunció, mañana ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro Pro.
La decisión final
La SCJN admitió una apelación interpuesta por los defensores de las dos indígenas contra la sentencia, en medio de los llamados de diversas organizaciones y actores políticos, como el propio gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, quien se reunió con el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, para insistirle que la Corte atrajera el asunto.
Teresa y Alberta pasaron tres años y medio de reclusión en el Cereso de San José el Alto. Otra de las otomíes acusadas de este mismo delito por la Procuraduría General de la República, Jacinta Francisco Marcial, fue liberada en septiembre del año pasado, tras una fuerte presión de organizaciones defensoras de los derechos humanos que obligaron a la PGR a desistirse de la acusación por el secuestro de los agentes en el operativo aplicado en la localidad de Santiago Mexquititlán.
La PGR se negó a acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para revisar el caso, ante las evidentes irregularidades detectadas en la averiguación y en el proceso por el que resultaron declaradas culpables.
Todavía a fines de febrero, el Juez IV de Distrito en esta entidad confirmó la sentencia de 21 años de cárcel para ambas.
Ese mismo mes fueron declaradas “presas de conciencia” por el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, al considerar que fueron víctimas de un proceso discriminatorio por parte de la PGR, por su condición de mujeres indígenas en extrema pobreza.
Herrera exigió al Estado mexicano responder a las tres otomíes por los años pasados en prisión, “que ya nadie les devuelve”.
A la presión se sumaron senadores del PRI encabezados por Manlio Fabio Beltrones, quien visitó a las dos mujeres el 21 de marzo e insistió en su liberación.
La ministra Olga Sánchez Cordero, al referirse al dictamen que estuvo a su cargo para declarar la absolución y libertad de Alberta y Teresa en la sesión de la SCJN, explicó que mientras la acusación por posesión de drogas sólo se sustentó en las declaraciones de los agentes, el delito de privación ilegal de la libertad no se configuró en este caso, puesto que no se exigió el pago de un rescate o se causó algún daño o perjuicio a los agentes, que fueron retenidos por una multitud de comerciantes, a quienes les estaban recogiendo diversas mercancías, entre ellas artículos de piratería.
La ministra citó la contradicciones en que incurrieron los agentes federales al dar la versión de lo ocurrido durante el operativo efectuado en Santiago Mexquititlán, no sólo en lo que se refiere a su presunto secuestro, sino también en la descripción que hicieron de Alberta –a quien señalaron como responsable-- como una persona totalmente diferente a ella.
En tanto que los ministros José Ramón Cossío y Arturo Saldívar enfatizaron el interés nacional que tiene el caso, lo que fue uno de los motivos por los que la Corte determinó la atracción del mismo, y “hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada”.
“Se trata de un trato injusto y discriminatorio de dos mujeres indígenas mexicanas, y si es verdad que un solo inocente esté en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es más, y cuando quizás esto nos lleve a pensar que hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones, y violaciones de los derechos humanos, creo que todavía hace mucho más importante el que hayamos tomado esta determinación”, refirió en su intervención el ministro Saldívar.
Aseguró que la decisión que votaron por unanimidad tendrá dos efectos: el inmediato, con la libertad de Alberta y Teresa, y un mensaje en el sentido de que estas prácticas no deben seguir ocurriendo en el país, “y cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlas”.
La SCJN declaró a Teresa y Alberta absueltas de las acusaciones de la PGR por el presunto secuestro de los seis agentes de las AFI, en virtud de que no se acreditaron los elementos de esta acusación, como tampoco se comprobó la supuesta portación de cocaína de la que se responsabilizó a Alberta con base en las declaraciones de los agentes federales.
La Corte incluso acordó enviar una comunicación urgente al juez de Distrito para agilizar la liberación de las dos mujeres, la cual se concretó a las 18:00 horas de este miércoles.
Las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, abandonaron hoy, alrededor de las 18:00 horas, el penal de femenil de Querétaro, donde permanecieron presas durante más de tres años purgando una condena de 21 años de prisión acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La excarcelación de Alberta y Teresa fue posible gracias al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la “inmediata liberación” de ambas indígenas ante la falta de evidencias que probaran su culpabilidad en los delitos que la Procuraduría General de la República les imputó en el año 2006, luego de un operativo antipiratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Poco después de las cinco de la tarde, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre ellos el abogado de las dos indígenas, Andrés Díaz, llegaron al penal y entraron con la notificación de libertad remitida por la Corte.
A las 18:00 horas, Alberta y Teresa salieron de la mano del abogado Díaz, escoltadas por un grupo de activistas con camisetas de Amnistía Internacional que formaron una valla para que los medios de comunicación no pudieran acercarse a ellas.
Teresa llevaba en sus brazos a su hija Jazmín, quien nació dentro del penal.
“Estamos muy contentas…¡por fin se hizo justicia!”, fueron algunos de los comentarios que alcanzaron a hacer ante cámaras y micrófonos, antes de abordar dos camionetas para viajar a la Ciudad de México, donde, según se anunció, mañana ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro Pro.
La decisión final
La SCJN admitió una apelación interpuesta por los defensores de las dos indígenas contra la sentencia, en medio de los llamados de diversas organizaciones y actores políticos, como el propio gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, quien se reunió con el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, para insistirle que la Corte atrajera el asunto.
Teresa y Alberta pasaron tres años y medio de reclusión en el Cereso de San José el Alto. Otra de las otomíes acusadas de este mismo delito por la Procuraduría General de la República, Jacinta Francisco Marcial, fue liberada en septiembre del año pasado, tras una fuerte presión de organizaciones defensoras de los derechos humanos que obligaron a la PGR a desistirse de la acusación por el secuestro de los agentes en el operativo aplicado en la localidad de Santiago Mexquititlán.
La PGR se negó a acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para revisar el caso, ante las evidentes irregularidades detectadas en la averiguación y en el proceso por el que resultaron declaradas culpables.
Todavía a fines de febrero, el Juez IV de Distrito en esta entidad confirmó la sentencia de 21 años de cárcel para ambas.
Ese mismo mes fueron declaradas “presas de conciencia” por el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, al considerar que fueron víctimas de un proceso discriminatorio por parte de la PGR, por su condición de mujeres indígenas en extrema pobreza.
Herrera exigió al Estado mexicano responder a las tres otomíes por los años pasados en prisión, “que ya nadie les devuelve”.
A la presión se sumaron senadores del PRI encabezados por Manlio Fabio Beltrones, quien visitó a las dos mujeres el 21 de marzo e insistió en su liberación.
La ministra Olga Sánchez Cordero, al referirse al dictamen que estuvo a su cargo para declarar la absolución y libertad de Alberta y Teresa en la sesión de la SCJN, explicó que mientras la acusación por posesión de drogas sólo se sustentó en las declaraciones de los agentes, el delito de privación ilegal de la libertad no se configuró en este caso, puesto que no se exigió el pago de un rescate o se causó algún daño o perjuicio a los agentes, que fueron retenidos por una multitud de comerciantes, a quienes les estaban recogiendo diversas mercancías, entre ellas artículos de piratería.
La ministra citó la contradicciones en que incurrieron los agentes federales al dar la versión de lo ocurrido durante el operativo efectuado en Santiago Mexquititlán, no sólo en lo que se refiere a su presunto secuestro, sino también en la descripción que hicieron de Alberta –a quien señalaron como responsable-- como una persona totalmente diferente a ella.
En tanto que los ministros José Ramón Cossío y Arturo Saldívar enfatizaron el interés nacional que tiene el caso, lo que fue uno de los motivos por los que la Corte determinó la atracción del mismo, y “hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada”.
“Se trata de un trato injusto y discriminatorio de dos mujeres indígenas mexicanas, y si es verdad que un solo inocente esté en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es más, y cuando quizás esto nos lleve a pensar que hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones, y violaciones de los derechos humanos, creo que todavía hace mucho más importante el que hayamos tomado esta determinación”, refirió en su intervención el ministro Saldívar.
Aseguró que la decisión que votaron por unanimidad tendrá dos efectos: el inmediato, con la libertad de Alberta y Teresa, y un mensaje en el sentido de que estas prácticas no deben seguir ocurriendo en el país, “y cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlas”.
La SCJN declaró a Teresa y Alberta absueltas de las acusaciones de la PGR por el presunto secuestro de los seis agentes de las AFI, en virtud de que no se acreditaron los elementos de esta acusación, como tampoco se comprobó la supuesta portación de cocaína de la que se responsabilizó a Alberta con base en las declaraciones de los agentes federales.
La Corte incluso acordó enviar una comunicación urgente al juez de Distrito para agilizar la liberación de las dos mujeres, la cual se concretó a las 18:00 horas de este miércoles.
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