Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
El principal obstáculo que tienen las empleadas del hogar para poder ejercer sus derechos laborales es la falta de legislación y de voluntad política para respetar las cláusulas que ya están establecidas en las leyes actuales. Este escenario profundiza los tratos “crueles” y la violación de las garantías de al menos un millón de centroamericanas ocupadas en esta labor.
Así lo señaló en entrevista María Rosa Renzi, asesora económica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al término del seminario internacional “La economía feminista como un derecho”, convocado por distintas organizaciones sindicales y de derechos humanos de las mujeres, en la Ciudad de México.
Renzi, también coordinadora regional del programa La agenda económica de las mujeres del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), indicó que en Centroamérica “prácticamente el trabajo doméstico no está considerado en casi ninguno de los códigos, a excepción de Costa Rica”.
Con base en el estudio ¿Puertas adentro? Mitos y realidades en Centroamérica y República Dominicana, realizado por UNIFEM Y PNUD a petición del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, María Rosa Renzi informó que las condiciones de trabajo transgreden los derechos laborales de las empleadas del hogar, se caracterizan por una “altísima precariedad”.
Dentro del deterioro del mercado laboral, las empleadas del hogar, quienes representan entre el 14 y 20 por ciento de las mujeres que trabajan en la región, lo hacen en las circunstancias “más crueles”, calificó la economista.
Su contratación por escrito es “casi nula”, lo que deriva en la violación de todas las prestaciones sociales. Carecen de día de descanso, no se le pagan las horas extras, tampoco tienen vacaciones, ni servicio médico gratuito.
Realizan “extensas” jornadas de trabajo, que van de 10 a 14 horas de labores. La carga aumenta de 4 a 8 horas cuando se trata de empleadas que duermen en los hogares para los que trabajan. Al tiempo, la sobrecarga de trabajo es mayor para las mujeres migrantes y para las indígenas.
A este panorama se suman los malos tratos, el acoso y la violación sexual. Alrededor de 23 por ciento reportó al menos una situación de violencia física o sexual, 45 por ciento dijo haber sufrido “con especial fuerza maltrato verbal por parte de la empleadora”.
Estos datos tienen un subregistro debido a que las trabajadoras no denuncian por temor a perder su empleo, ya que sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral son limitadas.
El estudio del PNUD y UNIFEM en la región, además de servir como una herramienta de denuncia en distintos foros, se dio a conocer entre las trabajadoras de la región, entre quienes se ha generado un movimiento en torno al respeto de sus derechos.
Y es que, las trabajadoras del hogar, por la naturaleza de sus empleos, tienen pocas posibilidades de organizarse, y juntas pugnar por mejoras laborales, a diferencia de las mujeres ocupadas en la economía informal, que constantemente se vinculan con otras, ejemplificó Renzi.
Esta circunstancia es mayor en el caso de las empleadas migrantes, debido a que carecen de redes de apoyo en los países de destino, por lo que para ellas, la explotación, soledad, desesperanza, y tristeza son más profundas.
De acuerdo con la coordinadora regional del programa La agenda económica de las mujeres de UNIFEM, el principal obstáculo que tienen las trabajadoras del hogar es la falta de un marco jurídico que incluya sus necesidades y obligue a los empleadores a respetar sus derechos.
Lo que se requiere, además de voluntad política por parte de los gobiernos, es de una conciencia social sobre la importancia de este trabajo. “Que quienes contratamos este servicio, lo hagamos con el compromiso de cumplir las normas, firmar un contrato escrito, inscribir a la trabajadora en mecanismos de seguridad social, etcétera”.
Los marcos jurídicos también son necesarios a nivel internacional, por lo que este estudio es útil para articular “redes que nos lleve a un diálogo con Organización Internacional del Trabajo (OIT), a mediados de este año” a fin de que este organismo emita una convención que obligue a los gobiernos del mundo a respetar los derechos de los derechos de las trabajadoras.
María Rosa Renzi señaló que actualmente la OIT realiza una consulta entre sindicatos y ministerios laborales de distintas naciones, para considerar la viabilidad de una convención por los derechos de las trabajadoras del hogar, a fin de que en la siguiente conferencia de este organismo, que se celebrará en junio próximo, se generen condiciones para emitir dicha convención.
Una convención de la OIT sobre este tema, es importante porque da el marco internacional de donde “podemos agarrarnos. Tener leyes es muy importante, para seguir impulsando hacía adelante los derechos de las mujeres”, concluyó.
El principal obstáculo que tienen las empleadas del hogar para poder ejercer sus derechos laborales es la falta de legislación y de voluntad política para respetar las cláusulas que ya están establecidas en las leyes actuales. Este escenario profundiza los tratos “crueles” y la violación de las garantías de al menos un millón de centroamericanas ocupadas en esta labor.
Así lo señaló en entrevista María Rosa Renzi, asesora económica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al término del seminario internacional “La economía feminista como un derecho”, convocado por distintas organizaciones sindicales y de derechos humanos de las mujeres, en la Ciudad de México.
Renzi, también coordinadora regional del programa La agenda económica de las mujeres del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), indicó que en Centroamérica “prácticamente el trabajo doméstico no está considerado en casi ninguno de los códigos, a excepción de Costa Rica”.
Con base en el estudio ¿Puertas adentro? Mitos y realidades en Centroamérica y República Dominicana, realizado por UNIFEM Y PNUD a petición del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, María Rosa Renzi informó que las condiciones de trabajo transgreden los derechos laborales de las empleadas del hogar, se caracterizan por una “altísima precariedad”.
Dentro del deterioro del mercado laboral, las empleadas del hogar, quienes representan entre el 14 y 20 por ciento de las mujeres que trabajan en la región, lo hacen en las circunstancias “más crueles”, calificó la economista.
Su contratación por escrito es “casi nula”, lo que deriva en la violación de todas las prestaciones sociales. Carecen de día de descanso, no se le pagan las horas extras, tampoco tienen vacaciones, ni servicio médico gratuito.
Realizan “extensas” jornadas de trabajo, que van de 10 a 14 horas de labores. La carga aumenta de 4 a 8 horas cuando se trata de empleadas que duermen en los hogares para los que trabajan. Al tiempo, la sobrecarga de trabajo es mayor para las mujeres migrantes y para las indígenas.
A este panorama se suman los malos tratos, el acoso y la violación sexual. Alrededor de 23 por ciento reportó al menos una situación de violencia física o sexual, 45 por ciento dijo haber sufrido “con especial fuerza maltrato verbal por parte de la empleadora”.
Estos datos tienen un subregistro debido a que las trabajadoras no denuncian por temor a perder su empleo, ya que sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral son limitadas.
El estudio del PNUD y UNIFEM en la región, además de servir como una herramienta de denuncia en distintos foros, se dio a conocer entre las trabajadoras de la región, entre quienes se ha generado un movimiento en torno al respeto de sus derechos.
Y es que, las trabajadoras del hogar, por la naturaleza de sus empleos, tienen pocas posibilidades de organizarse, y juntas pugnar por mejoras laborales, a diferencia de las mujeres ocupadas en la economía informal, que constantemente se vinculan con otras, ejemplificó Renzi.
Esta circunstancia es mayor en el caso de las empleadas migrantes, debido a que carecen de redes de apoyo en los países de destino, por lo que para ellas, la explotación, soledad, desesperanza, y tristeza son más profundas.
De acuerdo con la coordinadora regional del programa La agenda económica de las mujeres de UNIFEM, el principal obstáculo que tienen las trabajadoras del hogar es la falta de un marco jurídico que incluya sus necesidades y obligue a los empleadores a respetar sus derechos.
Lo que se requiere, además de voluntad política por parte de los gobiernos, es de una conciencia social sobre la importancia de este trabajo. “Que quienes contratamos este servicio, lo hagamos con el compromiso de cumplir las normas, firmar un contrato escrito, inscribir a la trabajadora en mecanismos de seguridad social, etcétera”.
Los marcos jurídicos también son necesarios a nivel internacional, por lo que este estudio es útil para articular “redes que nos lleve a un diálogo con Organización Internacional del Trabajo (OIT), a mediados de este año” a fin de que este organismo emita una convención que obligue a los gobiernos del mundo a respetar los derechos de los derechos de las trabajadoras.
María Rosa Renzi señaló que actualmente la OIT realiza una consulta entre sindicatos y ministerios laborales de distintas naciones, para considerar la viabilidad de una convención por los derechos de las trabajadoras del hogar, a fin de que en la siguiente conferencia de este organismo, que se celebrará en junio próximo, se generen condiciones para emitir dicha convención.
Una convención de la OIT sobre este tema, es importante porque da el marco internacional de donde “podemos agarrarnos. Tener leyes es muy importante, para seguir impulsando hacía adelante los derechos de las mujeres”, concluyó.
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