Eduardo Ibarra Aguirre
Un “desorden generalizado” priva en las guarderías que brindan el servicio subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social; las autoridades de éste carecen de facultades legales para hacerlo, por lo que se actúa de manera ilegal desde hace 26 años; además existió una violación grave a las garantías individuales en el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Éstas son tres de las conclusiones del informe preliminar elaborado por la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla establecieron tras una meticulosa investigación de seis meses: “Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y (el incendio de) la Guardería ABC”, el 5 de junio de 2009, en el que perdieron la vida 49 niños y 70 más resultaron lesionados.
Más aún: La auditoría jurídica practicada al sistema de guarderías subrogadas ilegalmente --“porque el instituto carece de facultad legal para otorgarlos”-- reveló que sólo 0.3 por ciento de éstas opera cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos para su funcionamiento, y que de los más de mil 480 contratos otorgados –con criterios políticos, patrimonialistas, valga subrayar-- únicamente 14 se hicieron con apego estricto a lo establecido por la normatividad del Seguro Social.
Los funcionarios públicos implicados corresponden, a juicio de los magistrados, a los tres niveles del Poder Ejecutivo, en particular mencionan a Juan Molinar Horcasitas --exdirector general IMSS y frustrado embaucador de inversionistas españoles con base a mentiras y desplantes contra Brasil y su gobierno--, y el entonces gobernador de Sonora José Eduardo Robinson Bours Castelo.
Frente a esta ostentación de ilegalidad, incompetencia e impunidad, en torno a la que el pleno de la SCJN aún deberá definir su posición y alcances jurídicos, Daniel Karam Toumeh jura que las más de mil 500 guarderías subrogadas “cumplen con los estrictos criterios de seguridad”. Los magistrados opinan exactamente lo contrario: 49 por ciento carecen de constancias de protección civil y sólo 407 tienen el visto bueno del Cuerpo de Bomberos.
Los datos duros que proporciona la investigación de los magistrados que comisionó la Suprema Corte, exhibe la pronunciada incompetencia del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, mismo que justamente tiene como eslogan favorito Vivir mejor y rinde culto discursivo al estado de derecho, pero en nueve meses fue incapaz de poner al día en términos de seguridad y protección civil a los establecimientos infantiles que subrogó a parientes políticos, como Marcia Matilde Gómez del Campo--, aliados y socios del mismo corte.
El sistema de subrogación de guarderías del IMSS a particulares tiene un autor intelectual y corresponde al nombre de Santiago Levy Algazi –actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo--, quien diseñó el esquema bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, ahora asesor y/o integrante de los consejos de administración de las trasnacionales que benefició desde Los Pinos a costa de los mexicanos, con todo y su tragicómico Bienestar para la familia.
La ejemplar participación y tenacidad de los padres de los niños muertos o heridos en la guardería ABC y el acompañamiento de la opinión pública para que se deslinden responsabilidades materiales e intelectuales por el infanticidio, lograron esta investigación de los magistrados. Se requería muchísimo más esfuerzo ciudadano para que la impunidad y el cinismo no salgan bien librados en la Suprema Corte, como generalmente sucede en el país de la ilegalidad hecha gobierno y sistema.
Un “desorden generalizado” priva en las guarderías que brindan el servicio subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social; las autoridades de éste carecen de facultades legales para hacerlo, por lo que se actúa de manera ilegal desde hace 26 años; además existió una violación grave a las garantías individuales en el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Éstas son tres de las conclusiones del informe preliminar elaborado por la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla establecieron tras una meticulosa investigación de seis meses: “Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y (el incendio de) la Guardería ABC”, el 5 de junio de 2009, en el que perdieron la vida 49 niños y 70 más resultaron lesionados.
Más aún: La auditoría jurídica practicada al sistema de guarderías subrogadas ilegalmente --“porque el instituto carece de facultad legal para otorgarlos”-- reveló que sólo 0.3 por ciento de éstas opera cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos para su funcionamiento, y que de los más de mil 480 contratos otorgados –con criterios políticos, patrimonialistas, valga subrayar-- únicamente 14 se hicieron con apego estricto a lo establecido por la normatividad del Seguro Social.
Los funcionarios públicos implicados corresponden, a juicio de los magistrados, a los tres niveles del Poder Ejecutivo, en particular mencionan a Juan Molinar Horcasitas --exdirector general IMSS y frustrado embaucador de inversionistas españoles con base a mentiras y desplantes contra Brasil y su gobierno--, y el entonces gobernador de Sonora José Eduardo Robinson Bours Castelo.
Frente a esta ostentación de ilegalidad, incompetencia e impunidad, en torno a la que el pleno de la SCJN aún deberá definir su posición y alcances jurídicos, Daniel Karam Toumeh jura que las más de mil 500 guarderías subrogadas “cumplen con los estrictos criterios de seguridad”. Los magistrados opinan exactamente lo contrario: 49 por ciento carecen de constancias de protección civil y sólo 407 tienen el visto bueno del Cuerpo de Bomberos.
Los datos duros que proporciona la investigación de los magistrados que comisionó la Suprema Corte, exhibe la pronunciada incompetencia del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, mismo que justamente tiene como eslogan favorito Vivir mejor y rinde culto discursivo al estado de derecho, pero en nueve meses fue incapaz de poner al día en términos de seguridad y protección civil a los establecimientos infantiles que subrogó a parientes políticos, como Marcia Matilde Gómez del Campo--, aliados y socios del mismo corte.
El sistema de subrogación de guarderías del IMSS a particulares tiene un autor intelectual y corresponde al nombre de Santiago Levy Algazi –actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo--, quien diseñó el esquema bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, ahora asesor y/o integrante de los consejos de administración de las trasnacionales que benefició desde Los Pinos a costa de los mexicanos, con todo y su tragicómico Bienestar para la familia.
La ejemplar participación y tenacidad de los padres de los niños muertos o heridos en la guardería ABC y el acompañamiento de la opinión pública para que se deslinden responsabilidades materiales e intelectuales por el infanticidio, lograron esta investigación de los magistrados. Se requería muchísimo más esfuerzo ciudadano para que la impunidad y el cinismo no salgan bien librados en la Suprema Corte, como generalmente sucede en el país de la ilegalidad hecha gobierno y sistema.
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