José Gil Olmos
Con un priismo dividido, y sin el respaldo de sus antecesores en la gubernatura de Oaxaca, Ulises Ruiz no sólo perdió el control del proceso de designación del candidato de su partido –previsto para el próximo 31 de marzo–, sino que está siendo severamente criticado por montar una “farsa” democrática. Si bien integró una pasarela de seis precandidatos, inició una “cargada” a favor de uno de ellos, mientras que a otro se le identifica como uno de los principales brazos ejecutores de su política de terror e impunidad.
En medio de un clima de violencia, impunidad y terror, con un priismo dividido y sin el apoyo de sus antecesores en el cargo, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, perdió el control del proceso de nombramiento del candidato de su partido a la gubernatura justamente cuando éste deberá enfrentar al abanderado de una coalición que amenaza con arrebatarles el poder.
Luego de que el 18 de febrero el PRI emitió la convocatoria para registrar precandidatos, con el fin de elegir al definitivo el miércoles 31 de marzo en una convención de delegados, Ulises Ruiz, recurriendo a la vieja fórmula de aparentar procedimientos “democráticos y transparentes”, ideó una pasarela de seis aspirantes.
Ellos fueron los diputados federales Eviel Pérez Magaña y Jorge Franco; el senador Adolfo Toledo; el alcalde de la capital, José Antonio Hernández Fragua, y los secretarios estatales de Administración, José Antonio Estefan Garfias, y de Salud, Martín Vázquez Villanueva.
Pronto se advirtió que el gobernador se inclinaba por Eviel Pérez Magaña, a cuya disposición puso helicópteros, propaganda en todos los medios locales y un acto de proselitismo con el pretexto de la presentación –el 23 de febrero– del informe de cinco meses de actividades del legislador en la Cámara de Diputados.
El primero en denunciar ese apoyo fue el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños Cacho, quien aspiraba a la candidatura pero no fue invitado a la pasarela. Después, el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, José Antonio Hernández Fragua, exigió equidad en la competencia. Y para rematar, el senador Alfonso Toledo reclamó detener las “cargadas innecesarias” y pidió unidad a las dirigencias partidistas nacional y estatal.
Sin embargo, el que más llamó la atención fue Jorge Franco, quien sorpresivamente renunció a la dirigencia estatal del PRI con el fin de meterse de lleno en la competencia, argumentando haberlo hecho “para no ser juez y parte” en la selección del candidato.
A esta serie de inconformidades se sumó la de los exgobernadores de Oaxaca José Murat y Heladio Ramírez, quienes no han apoyado el proceso conducido por Ulises Ruiz ni hacen llamados a la unidad. Menos aún el exmandatario estatal Diódoro Carrasco, quien se pasó al PAN y apoya al candidato de la coalición opositora, el senador Gabino Cué.
Víctor Manuel Juan Martínez, especialista del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), considera que Ulises Ruiz perdió el control del proceso sucesorio después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo calificó de violador de las garantías individuales al reprimir el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En entrevista con Proceso, el académico recuerda que, luego de que el PRI arrasó en las elecciones de 2007 para diputados locales y ayuntamientos, igual que en la de 2009 para diputados federales, Ulises Ruiz creyó tener el control absoluto, pero las últimas manifestaciones de inconformidad lo desmienten.
“Si bien todo indica que el gobernador del estado tiene ya un delfín en Eviel Pérez Magaña, al establecer una pasarela con seis precandidatos sólo generó inconformidad, pues algunos se rebelaron al considerar que se trataba de una farsa”, dice.
“Nosotros sabemos que en Oaxaca los exgobernadores tienen un gran peso dentro del priismo –observa–; el hecho de que ahora la mayoría de los exgobernadores de manera abierta o tácita estén en contra de la toma de posiciones nos habla de esta ruptura. Por otro lado, la renuncia de Jorge Franco, en los modos en que se dio, nos habla de que hay una ruptura dentro del grupo político que detenta el poder.”
Según el investigador, Ulises Ruiz actualmente está obligado a negociar no sólo con los grupos políticos del estado, sino también con los externos: “Ahora tiene que elegir a un candidato que no sólo responda a las expectativas de ganar sin dificultad, sino que tenga la capacidad de gobernar y de permitir que la maquinaria electoral partidista pueda movilizarse para la elección interna de 2011 y la presidencial de 2012”, señala.
Por otra parte, Juan Martínez advierte que el clima de violencia que vive Oaxaca desde que empezó el gobierno de Ulises Ruiz, y que se avivó con el conflicto de la APPO, puede tener nuevos brotes por la inestabilidad política que hoy se experimenta.
“En Oaxaca –observa– vivimos cotidianamente plantones, tomas de carreteras y de edificios de gobierno; en fin, un clima que va más allá de la vida política que genera todo proceso electoral. La sociedad oaxaqueña tiene una división profunda que no ha sido atendida, y si a eso se le agrega un proceso electoral polarizado, puede haber una mayor inestabilidad y violencia.”
–¿Ese es el riesgo mayor?
–Es uno de ellos: que los principales grupos políticos no se pongan de acuerdo, sino que se enfrenten, y se genere violencia física.
Fuerzas oscuras
Por si fuera poco, Oaxaca vive hechos de terror que muchos conocen pero de los cuales pocos quieren hablar: desde hace cuatro años un comando vestido de negro ha cometido un número indeterminado de asesinatos, desapariciones y secuestros.
En un reciente informe sobre democracia y derechos humanos en Oaxaca, la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa) refirió que sólo entre 2006 y 2007 fueron detenidas en el estado más de 500 personas, que 26 murieron durante el conflicto de la APPO y que otras 20 fueron asesinadas por motivos políticos.
Inclusive, el informe de Educa asienta que la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), la cual visitó Oaxaca en 2008, registró 62 homicidios cometidos a partir de 2006 a causa de la violencia política y social.
Es en ese contexto donde Servicios para una Educación Alternativa cita notas periodísticas que muestran cómo en el mismo 2006 se denunció la existencia del grupo “parapoliciaco” que pronto se conoció como La Caravana de la Muerte y que se encargó de hostigar a la APPO. Conforme a los testimonios publicados, el comando lo integraban policías estatales y federales, así como porros de la UABJO.
Agrega el informe que, de acuerdo con los datos recabados, La Caravana de la Muerte recibía órdenes de la exprocuradora de Justicia Rosa Lizbeth Caña; del actual secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz, y del titular de Protección Ciudadana, Lino Celaya, así como del entonces líder estatal del PRI, Jorge Franco, bajo las instrucciones directas del gobernador Ulises Ruiz.
Entre los integrantes de La Caravana de la Muerte se menciona igualmente a Alejandro Barrita, quien era director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, al ser ejecutado la mañana del 30 de enero de 2008; y también al coordinador de Seguridad Pública municipal, Aristeo López Martínez, ejecutado de 25 balazos el mediodía del 23 de enero de 2009 en el barrio de Jalatlaco, en la ciudad de Oaxaca.
Según esta información, algunos miembros de La Caravana de la Muerte fueron preparados en Israel, y es al mismo grupo al que se adjudica también la detención y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario, el 25 de mayo de 2007.
Pues bien, justamente a una de las principales figuras de la pasarela, el hoy diputado federal Jorge Franco, se le acusa de haber fungido como brazo ejecutor de esa política represiva, cuando durante los dos primeros años de administración de Ulises Ruiz fungió como su secretario de Gobierno.
Diversos grupos de derechos humanos responsabilizan precisamente a Jorge Franco del desalojo de los maestros del zócalo de la ciudad de Oaxaca el 14 de junio de 2006, hecho que dio origen a la rebelión de la APPO.
“Era el brazo derecho de Ulises Ruiz, su hombre de mayor confianza. Muchas de las decisiones gubernamentales pasaban necesariamente por la oficina de Jorge Franco Vargas, sobre todo en los años en que Ulises se fue a apoyar la campaña de Madrazo. Tenía una influencia determinante en muchas de las decisiones, porque asumía el gobierno del estado en tanto secretario general de Gobierno, pero también por la afinidad política. Bien o mal, la toma de decisiones de este sexenio cruza por la figura de Jorge Franco como secretario general de Gobierno y luego como líder del PRI”, manifiesta al respecto el investigador Víctor Manuel Juan Martínez.
A su vez, la responsable en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Yésica Sánchez, dice que no se imagina a Franco como candidato a la gubernatura: “Ni siquiera lo hemos pensado. Mucha de la impunidad, de las violaciones de derechos humanos en Oaxaca, de la situación de crisis profunda, ha sido ocasionada por las actuaciones autoritarias de este mandato y de la confianza que le dio Ulises Ruiz a Jorge Franco”.
Para ella, sería un error que el PRI lo postulara como candidato a la gubernatura, porque mandaría un mensaje de represión e impunidad, ya que “hay muchas muestras de esta actuación: 148 presos el 25 de noviembre de 2006, torturados, defensores de derechos humanos perseguidos... todo esto ha provocado terror en el estado”.
–¿Franco ha sido responsable de esto?
–¡Claro! En Oaxaca no se opera nada sin la anuencia del Ejecutivo y del secretario general de Gobierno, que entonces era Jorge Franco, quien tuvo una responsabilidad directa en tales acontecimientos.
Con un priismo dividido, y sin el respaldo de sus antecesores en la gubernatura de Oaxaca, Ulises Ruiz no sólo perdió el control del proceso de designación del candidato de su partido –previsto para el próximo 31 de marzo–, sino que está siendo severamente criticado por montar una “farsa” democrática. Si bien integró una pasarela de seis precandidatos, inició una “cargada” a favor de uno de ellos, mientras que a otro se le identifica como uno de los principales brazos ejecutores de su política de terror e impunidad.
En medio de un clima de violencia, impunidad y terror, con un priismo dividido y sin el apoyo de sus antecesores en el cargo, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, perdió el control del proceso de nombramiento del candidato de su partido a la gubernatura justamente cuando éste deberá enfrentar al abanderado de una coalición que amenaza con arrebatarles el poder.
Luego de que el 18 de febrero el PRI emitió la convocatoria para registrar precandidatos, con el fin de elegir al definitivo el miércoles 31 de marzo en una convención de delegados, Ulises Ruiz, recurriendo a la vieja fórmula de aparentar procedimientos “democráticos y transparentes”, ideó una pasarela de seis aspirantes.
Ellos fueron los diputados federales Eviel Pérez Magaña y Jorge Franco; el senador Adolfo Toledo; el alcalde de la capital, José Antonio Hernández Fragua, y los secretarios estatales de Administración, José Antonio Estefan Garfias, y de Salud, Martín Vázquez Villanueva.
Pronto se advirtió que el gobernador se inclinaba por Eviel Pérez Magaña, a cuya disposición puso helicópteros, propaganda en todos los medios locales y un acto de proselitismo con el pretexto de la presentación –el 23 de febrero– del informe de cinco meses de actividades del legislador en la Cámara de Diputados.
El primero en denunciar ese apoyo fue el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños Cacho, quien aspiraba a la candidatura pero no fue invitado a la pasarela. Después, el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, José Antonio Hernández Fragua, exigió equidad en la competencia. Y para rematar, el senador Alfonso Toledo reclamó detener las “cargadas innecesarias” y pidió unidad a las dirigencias partidistas nacional y estatal.
Sin embargo, el que más llamó la atención fue Jorge Franco, quien sorpresivamente renunció a la dirigencia estatal del PRI con el fin de meterse de lleno en la competencia, argumentando haberlo hecho “para no ser juez y parte” en la selección del candidato.
A esta serie de inconformidades se sumó la de los exgobernadores de Oaxaca José Murat y Heladio Ramírez, quienes no han apoyado el proceso conducido por Ulises Ruiz ni hacen llamados a la unidad. Menos aún el exmandatario estatal Diódoro Carrasco, quien se pasó al PAN y apoya al candidato de la coalición opositora, el senador Gabino Cué.
Víctor Manuel Juan Martínez, especialista del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), considera que Ulises Ruiz perdió el control del proceso sucesorio después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo calificó de violador de las garantías individuales al reprimir el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En entrevista con Proceso, el académico recuerda que, luego de que el PRI arrasó en las elecciones de 2007 para diputados locales y ayuntamientos, igual que en la de 2009 para diputados federales, Ulises Ruiz creyó tener el control absoluto, pero las últimas manifestaciones de inconformidad lo desmienten.
“Si bien todo indica que el gobernador del estado tiene ya un delfín en Eviel Pérez Magaña, al establecer una pasarela con seis precandidatos sólo generó inconformidad, pues algunos se rebelaron al considerar que se trataba de una farsa”, dice.
“Nosotros sabemos que en Oaxaca los exgobernadores tienen un gran peso dentro del priismo –observa–; el hecho de que ahora la mayoría de los exgobernadores de manera abierta o tácita estén en contra de la toma de posiciones nos habla de esta ruptura. Por otro lado, la renuncia de Jorge Franco, en los modos en que se dio, nos habla de que hay una ruptura dentro del grupo político que detenta el poder.”
Según el investigador, Ulises Ruiz actualmente está obligado a negociar no sólo con los grupos políticos del estado, sino también con los externos: “Ahora tiene que elegir a un candidato que no sólo responda a las expectativas de ganar sin dificultad, sino que tenga la capacidad de gobernar y de permitir que la maquinaria electoral partidista pueda movilizarse para la elección interna de 2011 y la presidencial de 2012”, señala.
Por otra parte, Juan Martínez advierte que el clima de violencia que vive Oaxaca desde que empezó el gobierno de Ulises Ruiz, y que se avivó con el conflicto de la APPO, puede tener nuevos brotes por la inestabilidad política que hoy se experimenta.
“En Oaxaca –observa– vivimos cotidianamente plantones, tomas de carreteras y de edificios de gobierno; en fin, un clima que va más allá de la vida política que genera todo proceso electoral. La sociedad oaxaqueña tiene una división profunda que no ha sido atendida, y si a eso se le agrega un proceso electoral polarizado, puede haber una mayor inestabilidad y violencia.”
–¿Ese es el riesgo mayor?
–Es uno de ellos: que los principales grupos políticos no se pongan de acuerdo, sino que se enfrenten, y se genere violencia física.
Fuerzas oscuras
Por si fuera poco, Oaxaca vive hechos de terror que muchos conocen pero de los cuales pocos quieren hablar: desde hace cuatro años un comando vestido de negro ha cometido un número indeterminado de asesinatos, desapariciones y secuestros.
En un reciente informe sobre democracia y derechos humanos en Oaxaca, la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa) refirió que sólo entre 2006 y 2007 fueron detenidas en el estado más de 500 personas, que 26 murieron durante el conflicto de la APPO y que otras 20 fueron asesinadas por motivos políticos.
Inclusive, el informe de Educa asienta que la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), la cual visitó Oaxaca en 2008, registró 62 homicidios cometidos a partir de 2006 a causa de la violencia política y social.
Es en ese contexto donde Servicios para una Educación Alternativa cita notas periodísticas que muestran cómo en el mismo 2006 se denunció la existencia del grupo “parapoliciaco” que pronto se conoció como La Caravana de la Muerte y que se encargó de hostigar a la APPO. Conforme a los testimonios publicados, el comando lo integraban policías estatales y federales, así como porros de la UABJO.
Agrega el informe que, de acuerdo con los datos recabados, La Caravana de la Muerte recibía órdenes de la exprocuradora de Justicia Rosa Lizbeth Caña; del actual secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz, y del titular de Protección Ciudadana, Lino Celaya, así como del entonces líder estatal del PRI, Jorge Franco, bajo las instrucciones directas del gobernador Ulises Ruiz.
Entre los integrantes de La Caravana de la Muerte se menciona igualmente a Alejandro Barrita, quien era director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, al ser ejecutado la mañana del 30 de enero de 2008; y también al coordinador de Seguridad Pública municipal, Aristeo López Martínez, ejecutado de 25 balazos el mediodía del 23 de enero de 2009 en el barrio de Jalatlaco, en la ciudad de Oaxaca.
Según esta información, algunos miembros de La Caravana de la Muerte fueron preparados en Israel, y es al mismo grupo al que se adjudica también la detención y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario, el 25 de mayo de 2007.
Pues bien, justamente a una de las principales figuras de la pasarela, el hoy diputado federal Jorge Franco, se le acusa de haber fungido como brazo ejecutor de esa política represiva, cuando durante los dos primeros años de administración de Ulises Ruiz fungió como su secretario de Gobierno.
Diversos grupos de derechos humanos responsabilizan precisamente a Jorge Franco del desalojo de los maestros del zócalo de la ciudad de Oaxaca el 14 de junio de 2006, hecho que dio origen a la rebelión de la APPO.
“Era el brazo derecho de Ulises Ruiz, su hombre de mayor confianza. Muchas de las decisiones gubernamentales pasaban necesariamente por la oficina de Jorge Franco Vargas, sobre todo en los años en que Ulises se fue a apoyar la campaña de Madrazo. Tenía una influencia determinante en muchas de las decisiones, porque asumía el gobierno del estado en tanto secretario general de Gobierno, pero también por la afinidad política. Bien o mal, la toma de decisiones de este sexenio cruza por la figura de Jorge Franco como secretario general de Gobierno y luego como líder del PRI”, manifiesta al respecto el investigador Víctor Manuel Juan Martínez.
A su vez, la responsable en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Yésica Sánchez, dice que no se imagina a Franco como candidato a la gubernatura: “Ni siquiera lo hemos pensado. Mucha de la impunidad, de las violaciones de derechos humanos en Oaxaca, de la situación de crisis profunda, ha sido ocasionada por las actuaciones autoritarias de este mandato y de la confianza que le dio Ulises Ruiz a Jorge Franco”.
Para ella, sería un error que el PRI lo postulara como candidato a la gubernatura, porque mandaría un mensaje de represión e impunidad, ya que “hay muchas muestras de esta actuación: 148 presos el 25 de noviembre de 2006, torturados, defensores de derechos humanos perseguidos... todo esto ha provocado terror en el estado”.
–¿Franco ha sido responsable de esto?
–¡Claro! En Oaxaca no se opera nada sin la anuencia del Ejecutivo y del secretario general de Gobierno, que entonces era Jorge Franco, quien tuvo una responsabilidad directa en tales acontecimientos.
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