David Aponte
Las víctimas civiles en la guerra contra las drogas aumentan y cada día duelen más. Lastiman más porque primero se les identifica como sicarios o pandilleros, para más tarde reivindicarlos con ‘usted disculpe, eran estudiantes de excelencia’. El asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey detona de nueva cuenta el debate del papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los cárteles de la droga. Los alumnos de posgrado Jorge Antonio Mercado Alonso, originario de Saltillo, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, de Baja California, fueron abatidos la madrugada del viernes en las cercanías de uno de los accesos del Tecnológico en la capital de Nuevo León.
Los estudiantes de excelencia de la Escuela de Ingenieros del Tec fueron señalados como criminales. Si tener mayores datos, sin cruzar la información y a manera de justificación, el gobierno estatal y el Ejército salieron a decir que era matones. Las autoridades escolares asumieron como propia la infamia oficial. La noche del sábado, el rector del Sistema Tec, Rafael Rangel Sostmann, tuvo que emitir un comunicado para corregir la versión: no eran sicarios, eran estudiantes.
La manipulación de los datos del gobierno priísta de Nuevo León, a cargo de Rodrigo Medina de la Cruz, y de las Fuerzas Armadas tiene como objeto evadir la responsabilidad de dos civiles asesinados. ¿Los peritos o militares que levantaron los cuerpos no encontraron las credenciales de estudiante? Todas las escuelas, principalmente las instituciones privadas, exigen que los alumnos se identifiquen para el acceso a las instalaciones. ¿La apariencia de un sicario y de un estudiante es idéntica? ¿Qué armas portaban los alumnos? Seguramente, algunas libretas o libros. Los estudios forenses y de balística permitirán saber de dónde salieron las balas que mataron a Jorge y a Javier. ¿Las autoridades estatales y el Ejército asumirán su responsabilidad?
Hace algunas semanas, la organización Human Rights Watch presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar la deficiencia de la práctica y del sistema de justicia militar para investigar sus actos, principalmente en los casos de violaciones a los derechos humanos de la población. Todo esto está relacionado con la actuación de los militares en el contexto de la guerra contra las organizaciones criminales. La organización con sede en Estados Unidos expresó su decepción por la posición del gobierno de México, que no reconoce ni afronta la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
“Desde que el presidente Felipe Calderón asignó a miles de soldados a la lucha contra el narcotráfico a partir de diciembre de 2006, se ha registrado un drástico incremento de las denuncias de abusos militares. Entre 2007 y fines de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México recibió tres mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Y ya ha concluido que en al menos 38 de estos casos los responsables de los abusos fueron militares. Si bien las Fuerzas Armadas normalmente aceptan las recomendaciones de la Comisión y, en ocasiones, ofrecen una indemnización a las víctimas, la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Esto se debe, principalmente, a que el sistema de justicia militar mexicano, que carece de independencia e imparcialidad, asume sistemáticamente la investigación de incluso los abusos más aberrantes, como presuntas violaciones sexuales, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura, al adoptar una definición excesivamente amplia de que constituye un ‘acto de servicio’”, expuso Human Rights Watch.
La organización consideró que la práctica de las Fuerzas Armadas de investigar sus actuaciones, mediante su propio sistema de justicia militar, vulnera las obligaciones de México en el terreno del Derecho Internacional. De tal forma que el gobierno mexicano “debe asegurarse de que aquellos casos en que se acuse a militares de violaciones de derechos humanos contra civiles sean remitidos inmediatamente a los agentes del Ministerio Público del fuero común o federal”.
¿Qué autoridad realizará las investigaciones para deslindar las responsabilidades de los militares en la muerte de los estudiantes del Tec de Monterrey? ¿Quién se va a disculpar con los padres de los alumnos asesinados por haberlos identificado como sicarios? El gobierno federal debe asumir la responsabilidad, antes de manipular la información, como ocurrió en Monterrey. La credibilidad está en juego.
Las víctimas civiles en la guerra contra las drogas aumentan y cada día duelen más. Lastiman más porque primero se les identifica como sicarios o pandilleros, para más tarde reivindicarlos con ‘usted disculpe, eran estudiantes de excelencia’. El asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey detona de nueva cuenta el debate del papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los cárteles de la droga. Los alumnos de posgrado Jorge Antonio Mercado Alonso, originario de Saltillo, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, de Baja California, fueron abatidos la madrugada del viernes en las cercanías de uno de los accesos del Tecnológico en la capital de Nuevo León.
Los estudiantes de excelencia de la Escuela de Ingenieros del Tec fueron señalados como criminales. Si tener mayores datos, sin cruzar la información y a manera de justificación, el gobierno estatal y el Ejército salieron a decir que era matones. Las autoridades escolares asumieron como propia la infamia oficial. La noche del sábado, el rector del Sistema Tec, Rafael Rangel Sostmann, tuvo que emitir un comunicado para corregir la versión: no eran sicarios, eran estudiantes.
La manipulación de los datos del gobierno priísta de Nuevo León, a cargo de Rodrigo Medina de la Cruz, y de las Fuerzas Armadas tiene como objeto evadir la responsabilidad de dos civiles asesinados. ¿Los peritos o militares que levantaron los cuerpos no encontraron las credenciales de estudiante? Todas las escuelas, principalmente las instituciones privadas, exigen que los alumnos se identifiquen para el acceso a las instalaciones. ¿La apariencia de un sicario y de un estudiante es idéntica? ¿Qué armas portaban los alumnos? Seguramente, algunas libretas o libros. Los estudios forenses y de balística permitirán saber de dónde salieron las balas que mataron a Jorge y a Javier. ¿Las autoridades estatales y el Ejército asumirán su responsabilidad?
Hace algunas semanas, la organización Human Rights Watch presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar la deficiencia de la práctica y del sistema de justicia militar para investigar sus actos, principalmente en los casos de violaciones a los derechos humanos de la población. Todo esto está relacionado con la actuación de los militares en el contexto de la guerra contra las organizaciones criminales. La organización con sede en Estados Unidos expresó su decepción por la posición del gobierno de México, que no reconoce ni afronta la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
“Desde que el presidente Felipe Calderón asignó a miles de soldados a la lucha contra el narcotráfico a partir de diciembre de 2006, se ha registrado un drástico incremento de las denuncias de abusos militares. Entre 2007 y fines de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México recibió tres mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Y ya ha concluido que en al menos 38 de estos casos los responsables de los abusos fueron militares. Si bien las Fuerzas Armadas normalmente aceptan las recomendaciones de la Comisión y, en ocasiones, ofrecen una indemnización a las víctimas, la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Esto se debe, principalmente, a que el sistema de justicia militar mexicano, que carece de independencia e imparcialidad, asume sistemáticamente la investigación de incluso los abusos más aberrantes, como presuntas violaciones sexuales, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura, al adoptar una definición excesivamente amplia de que constituye un ‘acto de servicio’”, expuso Human Rights Watch.
La organización consideró que la práctica de las Fuerzas Armadas de investigar sus actuaciones, mediante su propio sistema de justicia militar, vulnera las obligaciones de México en el terreno del Derecho Internacional. De tal forma que el gobierno mexicano “debe asegurarse de que aquellos casos en que se acuse a militares de violaciones de derechos humanos contra civiles sean remitidos inmediatamente a los agentes del Ministerio Público del fuero común o federal”.
¿Qué autoridad realizará las investigaciones para deslindar las responsabilidades de los militares en la muerte de los estudiantes del Tec de Monterrey? ¿Quién se va a disculpar con los padres de los alumnos asesinados por haberlos identificado como sicarios? El gobierno federal debe asumir la responsabilidad, antes de manipular la información, como ocurrió en Monterrey. La credibilidad está en juego.
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