Teodoro Rentería Arróyave
El presidente, Felipe Calderón Hinojosa con motivo del primer informe de labores del ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, en el que se le hizo ver que en la historia el 2009 ha sido el más violento para los periodistas, formuló desafortunadas declaraciones al limitar al crimen organizado como único responsable de las agresiones, atentados y demás crímenes a los comunicadores.
Cuando al gremio organizado se le cuestiona sobre la autoría de esos crímenes que ha colocado para vergüenza de todos al país en el primer lugar en asesinatos, desapariciones forzadas y demás atentados contra las libertades de prensa y expresión, inclusive por arriba de Irak, nuestra contestación invariable ha sido en el sentido de que nosotros no somos ni policías, ni peritos, ni agentes del Ministerio Público para hacer señalamientos de esa naturaleza, en cambio si podemos afirmar en vista de que todos los casos yacen en la más absoluta impunidad que las autoridades correspondientes son omisas o cómplices y ambas: la omisión y la complicidad son delitos.
En ese contexto, da la impresión de que a Calderón Hinojosa la grave situación del periodismo nacional no le es prioritaria y por ahora lo que realmente le importa es impulsar la aprobación de su iniciativa de Ley de Seguridad Nacional para dotar de instrumentos legales a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.
La declaración presidencial es textual: “Hoy sí la principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene precisamente del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a periodistas, son criminales sin escrúpulos que se sienten dueños de la sociedad y no toleran ningún tipo de señalamiento ni crítica… Son los criminales con sus acciones violentas los que ahora censuran, amenazan, y limitan la labor de los comunicadores”.
En otra parte de su discurso, el jefe del Ejecutivo se permitió resaltar que hay nuevo fiscal especial para atender delitos contra comunicadores y que está en el Congreso una ley para federalizar delitos en su contra; desde luego olvidó señalar que el anterior fiscal, Octavio Alberto Oreallana Wiarco en sus tres largos años de gestión fue un fiasco, simplemente no hizo nada y que la minuta de la ley que trabajamos desde la Comisión Especializada de la Cámara de Diputados y su Consejo Consultiva fue boicoteada en la Comisión de Justicia para agregarle que “dichos delitos serán atraídos por la federación cuando lo considere conveniente”, ahora la misma está en el Senado de la República, donde esperamos los periodistas, se apruebe en los términos originales que la enviamos de acuerdo al compromiso que asumieron los líderes de todas las fracciones parlamentarias.
Un dato más que refuta la aseveración de Calderón: El Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, y Artículo 19 en su más reciente informe en la materia da cuenta que de 244 agresiones a la libertad de expresión perpetradas en México durante 2009, 160, 65.57 por ciento, las cometieron funcionarios públicos; en 14.34 por ciento de los casos no se pudo identificar a los responsables y sólo el 6.15 por ciento se relacionaron con la delincuencia organizada.
Tanto el Ombudsman Plascencia Villanueva como el presidente Calderón Hinojosa en sus discursos, aún cuando el primero habló de cifras, se cuidaron de no mencionar que son 101 periodistas los asesinados, 37 de ellos en los 38 meses de gobierno calderonista y 10 más están desaparecidos.
En conclusión, Felipe Calderón Hinojosa aceptó la violencia contra los periodistas, culpó al crimen organizado de esos atentados, recordó que hay nuevo fiscal especial y que está en el Congreso una ley para federalizar los delitos contra comunicadores; pero sin compromiso alguno: Nunca se comprometió a apoyar dicha ley y mucho a menos manifestar, lo que siempre le hemos demandado, su decisión política para llevar ante los tribunales a los autores materiales e intelectuales de esos delitos que tiene como único propósito socavar las libertades de prensa y expresión. Su compromiso de justicia presidente Calderón, es lo que se le demanda.
El presidente, Felipe Calderón Hinojosa con motivo del primer informe de labores del ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, en el que se le hizo ver que en la historia el 2009 ha sido el más violento para los periodistas, formuló desafortunadas declaraciones al limitar al crimen organizado como único responsable de las agresiones, atentados y demás crímenes a los comunicadores.
Cuando al gremio organizado se le cuestiona sobre la autoría de esos crímenes que ha colocado para vergüenza de todos al país en el primer lugar en asesinatos, desapariciones forzadas y demás atentados contra las libertades de prensa y expresión, inclusive por arriba de Irak, nuestra contestación invariable ha sido en el sentido de que nosotros no somos ni policías, ni peritos, ni agentes del Ministerio Público para hacer señalamientos de esa naturaleza, en cambio si podemos afirmar en vista de que todos los casos yacen en la más absoluta impunidad que las autoridades correspondientes son omisas o cómplices y ambas: la omisión y la complicidad son delitos.
En ese contexto, da la impresión de que a Calderón Hinojosa la grave situación del periodismo nacional no le es prioritaria y por ahora lo que realmente le importa es impulsar la aprobación de su iniciativa de Ley de Seguridad Nacional para dotar de instrumentos legales a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.
La declaración presidencial es textual: “Hoy sí la principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene precisamente del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a periodistas, son criminales sin escrúpulos que se sienten dueños de la sociedad y no toleran ningún tipo de señalamiento ni crítica… Son los criminales con sus acciones violentas los que ahora censuran, amenazan, y limitan la labor de los comunicadores”.
En otra parte de su discurso, el jefe del Ejecutivo se permitió resaltar que hay nuevo fiscal especial para atender delitos contra comunicadores y que está en el Congreso una ley para federalizar delitos en su contra; desde luego olvidó señalar que el anterior fiscal, Octavio Alberto Oreallana Wiarco en sus tres largos años de gestión fue un fiasco, simplemente no hizo nada y que la minuta de la ley que trabajamos desde la Comisión Especializada de la Cámara de Diputados y su Consejo Consultiva fue boicoteada en la Comisión de Justicia para agregarle que “dichos delitos serán atraídos por la federación cuando lo considere conveniente”, ahora la misma está en el Senado de la República, donde esperamos los periodistas, se apruebe en los términos originales que la enviamos de acuerdo al compromiso que asumieron los líderes de todas las fracciones parlamentarias.
Un dato más que refuta la aseveración de Calderón: El Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, y Artículo 19 en su más reciente informe en la materia da cuenta que de 244 agresiones a la libertad de expresión perpetradas en México durante 2009, 160, 65.57 por ciento, las cometieron funcionarios públicos; en 14.34 por ciento de los casos no se pudo identificar a los responsables y sólo el 6.15 por ciento se relacionaron con la delincuencia organizada.
Tanto el Ombudsman Plascencia Villanueva como el presidente Calderón Hinojosa en sus discursos, aún cuando el primero habló de cifras, se cuidaron de no mencionar que son 101 periodistas los asesinados, 37 de ellos en los 38 meses de gobierno calderonista y 10 más están desaparecidos.
En conclusión, Felipe Calderón Hinojosa aceptó la violencia contra los periodistas, culpó al crimen organizado de esos atentados, recordó que hay nuevo fiscal especial y que está en el Congreso una ley para federalizar los delitos contra comunicadores; pero sin compromiso alguno: Nunca se comprometió a apoyar dicha ley y mucho a menos manifestar, lo que siempre le hemos demandado, su decisión política para llevar ante los tribunales a los autores materiales e intelectuales de esos delitos que tiene como único propósito socavar las libertades de prensa y expresión. Su compromiso de justicia presidente Calderón, es lo que se le demanda.
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