Álvaro Delgado
Cuando Margarita Zavala asistió al sepelio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo en las instalaciones mismas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en cuya ceremonia el rector Rafael Rangel Sostmann pidió no protestar sino ofrecer soluciones contra la violencia, comenzó a perfilarse la impunidad de este doble homicidio que cimbró sólo transitoriamente a la elite.
Y es que a la incompetencia y falta de voluntad del gobierno de Felipe Calderón para esclarecer los dos asesinatos, que se disfrazaron de duelo de la mujer de éste, se sumó la timorata y conformista conducta del máximo directivo del ITESM, exhibida en la ceremonia fúnebre y en todos los pronunciamientos que ha hecho y que en resumen clama por la resignación.
La presencia de Zavala en las instalaciones de esa institución educativa en Monterrey, el martes 23 --cuatro días después del doble asesinato de los alumnos de postgrado--, y la visita que hizo Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, mediatizaron las protestas lógicas de la comunidad agraviada por la violencia, pero las proclamas de Rangel Sostmann terminaron por neutralizar cualquier talante de dignidad.
De entre las muchas entrevistas de este directivo con los medios de comunicación, tras haber informado erróneamente que no eran estudiantes los muertos en la balacera entre criminales y miembros del Ejército, la madrugada del viernes 19, cito la que tuvo con Arturo Rodríguez, corresponsal de Proceso en Monterrey, publicada en la edición que está en circulación.
Dice el directivo sobre la operación del Ejército en el combate al crimen organizado y que ha afectado a inocentes: “No hay ley. Con los soldados estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal. Así que no tengo a quién reclamar, a quién exigir nada, a quién demandar ni a quién protestarle, porque, para empezar, no hay marcos legales.”
Se equivoca Rangel: Claro que hay responsables de las decisiones arbitrarias que toman los soldados y, por tanto, sí hay a quién reclamarle: No es solamente el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Guillermo Galván, sino el que formalmente --aunque de manera espuria-- se ostenta como presidente de la República, que constitucionalmente es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Y claro que hay marco legal que regula la participación de los cuerpos castrenses y que, como lo reconoce el propio gobierno, prohíbe la utilización de éstos en las labores de policía que realiza.
El rector del ITESM afirma que el Ejército y las autoridades están actuando de manera ilegal. “Entran al combate al narcotráfico, pero haciendo cosas ilegales. Lo ilegal del Estado valida que los ciudadanos actúen en la ilegalidad. ¿Cómo explicar el caso de los estudiantes a los que les quitaron la identidad, los quisieron esconder, los llamaron sicarios, les endilgaron portación de armas, y ahora nadie es responsable?”.
Y añade: “Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin la menor investigación.”
Pero se equivoca otra vez el directivo y miente a sabiendas: Si no ha sido capaz de asumir una conducta gallarda frente al poder político, incluyendo el gobierno priista estatal, para que efectivamente se encuentre la verdad en el doble homicidio, menos ha levantado la voz para exigir justicia en muchos otros casos, como el de los seis comuneros abatidos de Sinaloa un día después de los del Tec y de los que el gobierno de Calderón ha guardado un repugnante silencio.
--¿No va a protestar? –le preguntó Arturo.
--Salir a las calles y desquiciar el tráfico no ayuda a nadie, hay que proponer.
--¿Y la justicia?
–No hay objetivo en una marcha, pues después de hacerla todo mundo vuelve a su casa, se quita el listón negro, y todo queda igual.
--¿Cambió su posición luego de ver a Gómez Mont y a Margarita Zavala?
--¡Qué va a cambiar! Lo que pasa es que de nada sirve andar echando culpas sin que se resuelvan los problemas.
Eso sí, con la generalización que suele ser recurso de los hipócritas para señalar responsabilidades particulares, se queja de los políticos: “Mientras las armas circulan y afectan a la población, ellos (los políticos) andan en la televisión. No se pueden sentar ni tres días para encontrar soluciones a cuestiones concretas o acordar una pendejada. Y se andan echando culpas…”
¿Y la comunidad estudiantil del Tec? Salvo el desahogo en que se ha convertido la página en Facebook que lleva el nombre de los dos muchachos, hay una sintonía en la falta de gallardía con su rector.
No puede esperarse, entonces, justicia ni verdad en la muerte de los amigos Jorge Antonio y Francisco Javier. Aun cuando el caso ha sido atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), lo más probable es que se trate de crímenes sin castigo que habrán de sumarse a tantos otros menos notorios, como los de Sinaloa, y ahora los 10 niños y jóvenes en Durango…
Apuntes
La irritación y las bravuconerías de Calderón y Gómez Mont no borran lo que es obvio: Su manifiesta incapacidad para golpear a los criminales en su patrimonio, su punto más débil…
Cuando Margarita Zavala asistió al sepelio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo en las instalaciones mismas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en cuya ceremonia el rector Rafael Rangel Sostmann pidió no protestar sino ofrecer soluciones contra la violencia, comenzó a perfilarse la impunidad de este doble homicidio que cimbró sólo transitoriamente a la elite.
Y es que a la incompetencia y falta de voluntad del gobierno de Felipe Calderón para esclarecer los dos asesinatos, que se disfrazaron de duelo de la mujer de éste, se sumó la timorata y conformista conducta del máximo directivo del ITESM, exhibida en la ceremonia fúnebre y en todos los pronunciamientos que ha hecho y que en resumen clama por la resignación.
La presencia de Zavala en las instalaciones de esa institución educativa en Monterrey, el martes 23 --cuatro días después del doble asesinato de los alumnos de postgrado--, y la visita que hizo Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, mediatizaron las protestas lógicas de la comunidad agraviada por la violencia, pero las proclamas de Rangel Sostmann terminaron por neutralizar cualquier talante de dignidad.
De entre las muchas entrevistas de este directivo con los medios de comunicación, tras haber informado erróneamente que no eran estudiantes los muertos en la balacera entre criminales y miembros del Ejército, la madrugada del viernes 19, cito la que tuvo con Arturo Rodríguez, corresponsal de Proceso en Monterrey, publicada en la edición que está en circulación.
Dice el directivo sobre la operación del Ejército en el combate al crimen organizado y que ha afectado a inocentes: “No hay ley. Con los soldados estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal. Así que no tengo a quién reclamar, a quién exigir nada, a quién demandar ni a quién protestarle, porque, para empezar, no hay marcos legales.”
Se equivoca Rangel: Claro que hay responsables de las decisiones arbitrarias que toman los soldados y, por tanto, sí hay a quién reclamarle: No es solamente el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Guillermo Galván, sino el que formalmente --aunque de manera espuria-- se ostenta como presidente de la República, que constitucionalmente es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Y claro que hay marco legal que regula la participación de los cuerpos castrenses y que, como lo reconoce el propio gobierno, prohíbe la utilización de éstos en las labores de policía que realiza.
El rector del ITESM afirma que el Ejército y las autoridades están actuando de manera ilegal. “Entran al combate al narcotráfico, pero haciendo cosas ilegales. Lo ilegal del Estado valida que los ciudadanos actúen en la ilegalidad. ¿Cómo explicar el caso de los estudiantes a los que les quitaron la identidad, los quisieron esconder, los llamaron sicarios, les endilgaron portación de armas, y ahora nadie es responsable?”.
Y añade: “Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin la menor investigación.”
Pero se equivoca otra vez el directivo y miente a sabiendas: Si no ha sido capaz de asumir una conducta gallarda frente al poder político, incluyendo el gobierno priista estatal, para que efectivamente se encuentre la verdad en el doble homicidio, menos ha levantado la voz para exigir justicia en muchos otros casos, como el de los seis comuneros abatidos de Sinaloa un día después de los del Tec y de los que el gobierno de Calderón ha guardado un repugnante silencio.
--¿No va a protestar? –le preguntó Arturo.
--Salir a las calles y desquiciar el tráfico no ayuda a nadie, hay que proponer.
--¿Y la justicia?
–No hay objetivo en una marcha, pues después de hacerla todo mundo vuelve a su casa, se quita el listón negro, y todo queda igual.
--¿Cambió su posición luego de ver a Gómez Mont y a Margarita Zavala?
--¡Qué va a cambiar! Lo que pasa es que de nada sirve andar echando culpas sin que se resuelvan los problemas.
Eso sí, con la generalización que suele ser recurso de los hipócritas para señalar responsabilidades particulares, se queja de los políticos: “Mientras las armas circulan y afectan a la población, ellos (los políticos) andan en la televisión. No se pueden sentar ni tres días para encontrar soluciones a cuestiones concretas o acordar una pendejada. Y se andan echando culpas…”
¿Y la comunidad estudiantil del Tec? Salvo el desahogo en que se ha convertido la página en Facebook que lleva el nombre de los dos muchachos, hay una sintonía en la falta de gallardía con su rector.
No puede esperarse, entonces, justicia ni verdad en la muerte de los amigos Jorge Antonio y Francisco Javier. Aun cuando el caso ha sido atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), lo más probable es que se trate de crímenes sin castigo que habrán de sumarse a tantos otros menos notorios, como los de Sinaloa, y ahora los 10 niños y jóvenes en Durango…
Apuntes
La irritación y las bravuconerías de Calderón y Gómez Mont no borran lo que es obvio: Su manifiesta incapacidad para golpear a los criminales en su patrimonio, su punto más débil…
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