Jenaro Villamil
A Enrique Peña Nieto le gusta firmar todo, aunque sean documentos clandestinos. Firmó los cheques de la administración de Arturo Montiel, especializada en corromper a opositores, empresarios y colaboradores. Firmó con TV Promo, empresa intermediaria de Televisa, un contrato multimillonario para que desde 2005 a la fecha lo llevaran a la Presidencia de la República, a costa de comprar con dinero del erario, sin fiscalización, más de 3 mil millones de pesos en espots, entrevistas a modo y hasta noviazgos tele-producidos.
En octubre de 2009, sagaz como suelen ser los Golden Boys, Peña Nieto le ordenó a su secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, que firmara como “testigo de honor” en las oficinas de Bucareli, donde despacha aún Fernando Gómez Mont, un documento en el cual se comprometen los dirigentes nacionales del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, a no realizar alianzas electorales en el 2011 que despeinaran al copete más caro del país y que le permitieran a la dinastía política que encabeza continuar gobernando el Estado de México como si fuera un casino Caliente.
Tres de las seis cláusulas del ahora multicitado “convenio de colaboración” constituyen una verdadera joya de la infamia política contemporánea:
“Tercera. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar (sic) la imagen de su contraparte ante la opinión pública.”
¿Qué entendían “las partes” como descalificación personal? ¿Acaso se trata de que el PAN no criticara más los convenios secretos y multimillonarios de Peña Nieto con los medios electrónicos, para que, a su vez, los priistas no atacaran al gobierno de Felipe Calderón con el mismo argumento? No se sabe. Quizá fue una cláusula que se le ocurrió al señor Alejandro Quintero, accionista de TV Promo y vicepresidente de Comercialización de Televisa.
“Cuarta. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos, cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios.”
Esta es una verdad de Perogrullo. ¿Qué partido firmaría una coalición que viole sus documentos básicos? El astuto Peña Nieto quería de esta manera “amarrar” al PAN para que en el 2011, el año de la sucesión en el Estado de México, ninguno de sus aspirantes a sucederlo (Alfredo del Mazo Maza, Luis Enrique Miranda Nava o a quien se le ocurriera) tuviera que enfrentar una alianza opositora que pusiera en riesgo toda la millonaria operación de compra-venta y coacción del voto para garantizar la “absoluta mayoría” del PRI en esa entidad.
La sexta cláusula le da sentido a todo el documento: “El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de julio de 2011”. Es decir, el convenio culmina justo cuando el señor Peña Nieto, siempre tan precavido, se pretendiera lanzar como precandidato del PRI a la Presidencia de la República.
La ilegalidad fundamental de toda esta alianza radica en sus dos condiciones: ser un pacto secreto, ajeno al escrutinio público, con un adéndum que hasta ahora se conoce a medias. Las dirigencias nacionales del PRI y del PAN se comprometen a todo esto, a cambio de que se aprobara el incremento al IVA en la Cámara de Diputados –dominada ampliamente por la bancada del Estado de México y sus coaligados priistas-- y que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibiera carretadas de dinero, más de 50 mil millones de pesos, como el cobro por la factura de sacar adelante la Ley de Ingresos de Felipe Calderón.
A pesar de la existencia de este documento, el señor Peña Nieto se sintió molesto porque el PAN de César Nava y una parte del PRD, de Jesús Ortega, comenzaron a articular una serie de alianzas estatales que muy pronto pusieron en jaque el buen año electoral que preveía el PRI para este 2010.
Vino la renuncia de Gómez Mont a una “militancia cachirul” en el PAN como acto escenográfico para que el “testigo de honor” calmara las ansias del heredero y sobrino de Arturo Montiel, quien al parecer vuelve por sus fueros a tomar el control de la política en Toluca. Le siguieron las reiteradas declaraciones de César Nava negando que él formara parte de pacto alguno, y el cinismo transexenal de Beatriz Paredes, que acusó de “chaqueteros” a los panistas.
Como nada de esto bastó, Peña Nieto decidió contraatacar a su estilo: con frases crípiticas y entrevistas a modo en Televisa para hacer valer lo acordado. El 24 de febrero dio un adelanto de lo que ya estaba tramando:
“No es que estén prohibidas las alianzas, sino que hay que dejarle muy en claro a la ciudadanía cuál es la razón de éstas, y aquí no veo otra que no sea buscar el poder por el poder. La ambición del poder parece que deja de lado ideologías y las propuestas que se hacen a la ciudadanía”, le declaró Peña Nieto a Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.
El joven de Atlacomulco, que se preocupa más por sus portadas en revistas de espectáculos y que un día sí y otro, también humilla a sus colaboradores más cercanos, habla ahora en contra de la “ambición de poder”. No se mordió la lengua porque eso nunca estará en el guión.
El 2 de marzo, con Adela Micha en Televisa, Peña Nieto lanzó el último dardo: reveló que existía un pacto firmado por César Nava y Beatriz Paredes para que no se hicieran alianzas “contra natura”. Y ardió Troya.
Quizá se sintió más abusado que sus adversarios inmediatos, incluidos los otros precandidatos priistas (la propia Beatriz Paredes y Manlio Fabio, su adversario más peligroso). Lo que en realidad operó Peña Nieto fue el inicio de un suicidio político que puede arrastrar a su partido al desastre.
En el caso del PAN, las mentiras de César Nava lo han llevado a un callejón sin más salida que la renuncia a la dirigencia de su partido, y a Fernando Gómez Mont lo ha colocado como un insigne representante de la “concertacesión” más grotesca del gobierno de Felipe Calderón. Ahora quieren salvarse con argumentos tan contradictorios que logran el efecto inverso a lo que pretenden: en lugar de defender a su jefe sólo lo exhiben como iluso, desinformado, en el mejor de los casos, o como parte de un trueque que le está costando al bolsillo de millones de mexicanos.
Pero el problema fundamental está en el palacio de gobierno de Toluca. Peña Nieto buscó un efecto mediático y le regresó un boomerang político que puede llegar a ser judicial. Por más que sus plumas rentadas insistan en decir que él salió ileso de este escándalo, la realidad es que aquí comenzó el descarrilamiento de un ambicioso retorno a la Presidencia de la República. No hay vuelta a la página sin copete despeinado.
La perversidad del jefe político de la campaña de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, pudo más que la ansiedad del gobernador de los informerciales.
A Enrique Peña Nieto le gusta firmar todo, aunque sean documentos clandestinos. Firmó los cheques de la administración de Arturo Montiel, especializada en corromper a opositores, empresarios y colaboradores. Firmó con TV Promo, empresa intermediaria de Televisa, un contrato multimillonario para que desde 2005 a la fecha lo llevaran a la Presidencia de la República, a costa de comprar con dinero del erario, sin fiscalización, más de 3 mil millones de pesos en espots, entrevistas a modo y hasta noviazgos tele-producidos.
En octubre de 2009, sagaz como suelen ser los Golden Boys, Peña Nieto le ordenó a su secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, que firmara como “testigo de honor” en las oficinas de Bucareli, donde despacha aún Fernando Gómez Mont, un documento en el cual se comprometen los dirigentes nacionales del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, a no realizar alianzas electorales en el 2011 que despeinaran al copete más caro del país y que le permitieran a la dinastía política que encabeza continuar gobernando el Estado de México como si fuera un casino Caliente.
Tres de las seis cláusulas del ahora multicitado “convenio de colaboración” constituyen una verdadera joya de la infamia política contemporánea:
“Tercera. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar (sic) la imagen de su contraparte ante la opinión pública.”
¿Qué entendían “las partes” como descalificación personal? ¿Acaso se trata de que el PAN no criticara más los convenios secretos y multimillonarios de Peña Nieto con los medios electrónicos, para que, a su vez, los priistas no atacaran al gobierno de Felipe Calderón con el mismo argumento? No se sabe. Quizá fue una cláusula que se le ocurrió al señor Alejandro Quintero, accionista de TV Promo y vicepresidente de Comercialización de Televisa.
“Cuarta. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos, cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios.”
Esta es una verdad de Perogrullo. ¿Qué partido firmaría una coalición que viole sus documentos básicos? El astuto Peña Nieto quería de esta manera “amarrar” al PAN para que en el 2011, el año de la sucesión en el Estado de México, ninguno de sus aspirantes a sucederlo (Alfredo del Mazo Maza, Luis Enrique Miranda Nava o a quien se le ocurriera) tuviera que enfrentar una alianza opositora que pusiera en riesgo toda la millonaria operación de compra-venta y coacción del voto para garantizar la “absoluta mayoría” del PRI en esa entidad.
La sexta cláusula le da sentido a todo el documento: “El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de julio de 2011”. Es decir, el convenio culmina justo cuando el señor Peña Nieto, siempre tan precavido, se pretendiera lanzar como precandidato del PRI a la Presidencia de la República.
La ilegalidad fundamental de toda esta alianza radica en sus dos condiciones: ser un pacto secreto, ajeno al escrutinio público, con un adéndum que hasta ahora se conoce a medias. Las dirigencias nacionales del PRI y del PAN se comprometen a todo esto, a cambio de que se aprobara el incremento al IVA en la Cámara de Diputados –dominada ampliamente por la bancada del Estado de México y sus coaligados priistas-- y que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibiera carretadas de dinero, más de 50 mil millones de pesos, como el cobro por la factura de sacar adelante la Ley de Ingresos de Felipe Calderón.
A pesar de la existencia de este documento, el señor Peña Nieto se sintió molesto porque el PAN de César Nava y una parte del PRD, de Jesús Ortega, comenzaron a articular una serie de alianzas estatales que muy pronto pusieron en jaque el buen año electoral que preveía el PRI para este 2010.
Vino la renuncia de Gómez Mont a una “militancia cachirul” en el PAN como acto escenográfico para que el “testigo de honor” calmara las ansias del heredero y sobrino de Arturo Montiel, quien al parecer vuelve por sus fueros a tomar el control de la política en Toluca. Le siguieron las reiteradas declaraciones de César Nava negando que él formara parte de pacto alguno, y el cinismo transexenal de Beatriz Paredes, que acusó de “chaqueteros” a los panistas.
Como nada de esto bastó, Peña Nieto decidió contraatacar a su estilo: con frases crípiticas y entrevistas a modo en Televisa para hacer valer lo acordado. El 24 de febrero dio un adelanto de lo que ya estaba tramando:
“No es que estén prohibidas las alianzas, sino que hay que dejarle muy en claro a la ciudadanía cuál es la razón de éstas, y aquí no veo otra que no sea buscar el poder por el poder. La ambición del poder parece que deja de lado ideologías y las propuestas que se hacen a la ciudadanía”, le declaró Peña Nieto a Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.
El joven de Atlacomulco, que se preocupa más por sus portadas en revistas de espectáculos y que un día sí y otro, también humilla a sus colaboradores más cercanos, habla ahora en contra de la “ambición de poder”. No se mordió la lengua porque eso nunca estará en el guión.
El 2 de marzo, con Adela Micha en Televisa, Peña Nieto lanzó el último dardo: reveló que existía un pacto firmado por César Nava y Beatriz Paredes para que no se hicieran alianzas “contra natura”. Y ardió Troya.
Quizá se sintió más abusado que sus adversarios inmediatos, incluidos los otros precandidatos priistas (la propia Beatriz Paredes y Manlio Fabio, su adversario más peligroso). Lo que en realidad operó Peña Nieto fue el inicio de un suicidio político que puede arrastrar a su partido al desastre.
En el caso del PAN, las mentiras de César Nava lo han llevado a un callejón sin más salida que la renuncia a la dirigencia de su partido, y a Fernando Gómez Mont lo ha colocado como un insigne representante de la “concertacesión” más grotesca del gobierno de Felipe Calderón. Ahora quieren salvarse con argumentos tan contradictorios que logran el efecto inverso a lo que pretenden: en lugar de defender a su jefe sólo lo exhiben como iluso, desinformado, en el mejor de los casos, o como parte de un trueque que le está costando al bolsillo de millones de mexicanos.
Pero el problema fundamental está en el palacio de gobierno de Toluca. Peña Nieto buscó un efecto mediático y le regresó un boomerang político que puede llegar a ser judicial. Por más que sus plumas rentadas insistan en decir que él salió ileso de este escándalo, la realidad es que aquí comenzó el descarrilamiento de un ambicioso retorno a la Presidencia de la República. No hay vuelta a la página sin copete despeinado.
La perversidad del jefe político de la campaña de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, pudo más que la ansiedad del gobernador de los informerciales.
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