José Gil Olmos
Hay zonas en el país en las que el derecho a la información no existe. Las amenazas del crimen organizado tienen amordazados a medios y periodistas que, ante las advertencias de muerte, han preferido no informar de la violencia que hay en sus regiones, donde no hay más ley que la del narcotráfico. El dato no es nuevo. Desde hace varios años, en ciertas regiones la prensa y los reporteros han decidido no publicar nada relacionado con el crimen organizado, ya que han recibido amenazas para ellos y sus familias. Lo distinto y grave es que este poder se ha extendido y el número de periodistas muertos va en aumento, haciendo que la autocensura se convierta en una línea editorial en medios de información tan poderosos como las televisoras y estaciones de radio, que prefieren el silencio a enfrentarse a un poder que rebasa las autoridades civiles y militares. Los reporteros mexicanos, sobre todo los que viven en las zonas de mayor peligro, no cuentan con una sola medida de seguridad que les ayude a enfrentar el grave riesgo de cubrir las notas sobre el narcotráfico, como quedó constatado en el encuentro “Ni un periodista menos”, organizado por la Red de Periodistas de a Pie. En este encuentro, celebrado el pasado lunes 15 en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al que asistieron 80 periodistas de diversos estados, se mostró la fragilidad que los reporteros en México enfrentan en esta guerra contra el narcotráfico, declarada por el gobierno de Felipe Calderón. Ni una guerra ni un conflicto armado habían vulnerado tanto a los periodistas mexicanos, como desde hace una década, pues se han contabilizado 60 muertos y nueve desaparecidos.
Lamentablemente para México, el poder del narcotráfico se ha extendido y ha ganado terreno en muchos ámbitos, sobre todo en la política. Y en últimas fechas, se ha podido constatar que las mayores agresiones contra reporteros mexicanos no vienen de los grupos del crimen organizado, sino de las propias autoridades, lo que revela una mayor inseguridad ante la imposibilidad de buscar un resguardo en las instituciones gubernamentales. De 1983 –año en que fue asesinado Manuel Buendía Téllez Girón– al año 2000 se registró la muerte de 17 informadores, es decir, dos por año en promedio. Sin embargo, los homicidios de periodistas se dispararon precisamente a partir del año 2000, hasta llegar a una cifra de 60, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea seis reporteros asesinados cada año, lo que significa un incremento de 300% anualmente. De acuerdo con diversos reportes, en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) ocurrieron 25 crímenes de periodistas, y sólo en los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón (2006-2009) suman 35 los asesinatos. Además, en la última década han desaparecido nueve periodistas. De nada, pues, ha servido la creación de fiscalías especiales para los ataques contra periodistas, tanto en la Procuraduría General de la República, como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los ataques contra los reporteros han sido constantes e incluso algunos de ellos ni siquiera han sido registrados por el temor de que se cumplan las amenazas. Hay, así, un subregistro de ataques contra periodistas y sus medios que, de ser tomado en cuenta, alerta aún más sobre el riesgo con que se realiza la labor informativa relacionada con el crimen organizado en México.
Producto de esta situación, periodistas mexicanos de varios estados de la República sufren una especie de psicosis que antes sólo padecían los corresponsales de guerra. Hay miedo, estrés, angustia, aprensión, desconfianza y otros síntomas postraumáticos, como los registrados en estudios clínicos y psicológicos realizados en otros países a reporteros que han trabajado en zonas de conflictos armados. A diferencia de Colombia, donde fueron los dueños de los periódicos y estaciones de radio y televisión los que reaccionaron instrumentando estrategias de publicación cuando el narcotráfico aumentó sus acciones con bombazos y secuestros, en México no ha habido interés por hacer algo similar, y menos aún por establecer medidas de protección para sus reporteros. De ahí la necesidad de que sean los propios periodistas los que unamos esfuerzos para hacer un llamado a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los directores y dueños de los medios, para que tomen medidas en lo que respecta a la protección a reporteros mexicanos y detener la espiral de violencia que se ha generado en su trabajo y en su vida familiar. En las propuestas del encuentro “Ni un periodista menos”, los propios reporteros propusieron algunas medidas que bien valdría la pena enlistar, entre ellas la creación de una red de reacción inmediata, la definición de protocolos de seguridad existentes y su divulgación en todos los medios posibles. Asimismo, que los dueños de los medios se responsabilicen de sus reporteros y corresponsales, y denunciar las agresiones de periodistas, además de exigir a la fiscalía de la PGR y la CNDH, así como a la Cámara de Diputados, que rindan un informe sobre los casos tratados. Otras de las demandas es que desde la ciudad de México se haga visible la problemática de los estados, trabajar la información en equipo con otros medios, tener un registro de las agresiones y revisar patrones, crear un comité de protección a periodistas, y reportear con base en un protocolo de seguridad. No obstante, nada de esto funcionará si no hay un compromiso de los dueños y directores de los medios de información, así como de las autoridades, por acabar con un poder que vulnera uno de los derechos fundamentales de toda sociedad: el derecho a la información.
Hay zonas en el país en las que el derecho a la información no existe. Las amenazas del crimen organizado tienen amordazados a medios y periodistas que, ante las advertencias de muerte, han preferido no informar de la violencia que hay en sus regiones, donde no hay más ley que la del narcotráfico. El dato no es nuevo. Desde hace varios años, en ciertas regiones la prensa y los reporteros han decidido no publicar nada relacionado con el crimen organizado, ya que han recibido amenazas para ellos y sus familias. Lo distinto y grave es que este poder se ha extendido y el número de periodistas muertos va en aumento, haciendo que la autocensura se convierta en una línea editorial en medios de información tan poderosos como las televisoras y estaciones de radio, que prefieren el silencio a enfrentarse a un poder que rebasa las autoridades civiles y militares. Los reporteros mexicanos, sobre todo los que viven en las zonas de mayor peligro, no cuentan con una sola medida de seguridad que les ayude a enfrentar el grave riesgo de cubrir las notas sobre el narcotráfico, como quedó constatado en el encuentro “Ni un periodista menos”, organizado por la Red de Periodistas de a Pie. En este encuentro, celebrado el pasado lunes 15 en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al que asistieron 80 periodistas de diversos estados, se mostró la fragilidad que los reporteros en México enfrentan en esta guerra contra el narcotráfico, declarada por el gobierno de Felipe Calderón. Ni una guerra ni un conflicto armado habían vulnerado tanto a los periodistas mexicanos, como desde hace una década, pues se han contabilizado 60 muertos y nueve desaparecidos.
Lamentablemente para México, el poder del narcotráfico se ha extendido y ha ganado terreno en muchos ámbitos, sobre todo en la política. Y en últimas fechas, se ha podido constatar que las mayores agresiones contra reporteros mexicanos no vienen de los grupos del crimen organizado, sino de las propias autoridades, lo que revela una mayor inseguridad ante la imposibilidad de buscar un resguardo en las instituciones gubernamentales. De 1983 –año en que fue asesinado Manuel Buendía Téllez Girón– al año 2000 se registró la muerte de 17 informadores, es decir, dos por año en promedio. Sin embargo, los homicidios de periodistas se dispararon precisamente a partir del año 2000, hasta llegar a una cifra de 60, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea seis reporteros asesinados cada año, lo que significa un incremento de 300% anualmente. De acuerdo con diversos reportes, en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) ocurrieron 25 crímenes de periodistas, y sólo en los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón (2006-2009) suman 35 los asesinatos. Además, en la última década han desaparecido nueve periodistas. De nada, pues, ha servido la creación de fiscalías especiales para los ataques contra periodistas, tanto en la Procuraduría General de la República, como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los ataques contra los reporteros han sido constantes e incluso algunos de ellos ni siquiera han sido registrados por el temor de que se cumplan las amenazas. Hay, así, un subregistro de ataques contra periodistas y sus medios que, de ser tomado en cuenta, alerta aún más sobre el riesgo con que se realiza la labor informativa relacionada con el crimen organizado en México.
Producto de esta situación, periodistas mexicanos de varios estados de la República sufren una especie de psicosis que antes sólo padecían los corresponsales de guerra. Hay miedo, estrés, angustia, aprensión, desconfianza y otros síntomas postraumáticos, como los registrados en estudios clínicos y psicológicos realizados en otros países a reporteros que han trabajado en zonas de conflictos armados. A diferencia de Colombia, donde fueron los dueños de los periódicos y estaciones de radio y televisión los que reaccionaron instrumentando estrategias de publicación cuando el narcotráfico aumentó sus acciones con bombazos y secuestros, en México no ha habido interés por hacer algo similar, y menos aún por establecer medidas de protección para sus reporteros. De ahí la necesidad de que sean los propios periodistas los que unamos esfuerzos para hacer un llamado a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los directores y dueños de los medios, para que tomen medidas en lo que respecta a la protección a reporteros mexicanos y detener la espiral de violencia que se ha generado en su trabajo y en su vida familiar. En las propuestas del encuentro “Ni un periodista menos”, los propios reporteros propusieron algunas medidas que bien valdría la pena enlistar, entre ellas la creación de una red de reacción inmediata, la definición de protocolos de seguridad existentes y su divulgación en todos los medios posibles. Asimismo, que los dueños de los medios se responsabilicen de sus reporteros y corresponsales, y denunciar las agresiones de periodistas, además de exigir a la fiscalía de la PGR y la CNDH, así como a la Cámara de Diputados, que rindan un informe sobre los casos tratados. Otras de las demandas es que desde la ciudad de México se haga visible la problemática de los estados, trabajar la información en equipo con otros medios, tener un registro de las agresiones y revisar patrones, crear un comité de protección a periodistas, y reportear con base en un protocolo de seguridad. No obstante, nada de esto funcionará si no hay un compromiso de los dueños y directores de los medios de información, así como de las autoridades, por acabar con un poder que vulnera uno de los derechos fundamentales de toda sociedad: el derecho a la información.
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