Álvaro Delgado
En un país de profunda y crónica desigualdad, que ha excluido del desarrollo a más de la mitad de los habitantes, la élite política y financiera ha decretado también que los mexicanos no valen igual. Y así como en vida los hay de primera y de segunda, los muertos tienen análoga clasificación.
Se trata de una execrable categorización que se explica en el contexto de una sociedad que, en vastas porciones, es tan profundamente discriminatoria --y reproductora de los prejuicios de la élite--, que denomina naco a quien no sólo tiene piel morena, sino precariedad económica.
Por eso se entiende la indiferencia y hasta la repulsión de la élite económica y política ante el hambre y la muerte de millones de mexicanos, incluidos los que padecen las arbitrariedades y la pérdida de vidas a manos de bandas criminales que controlan vastas comarcas del país, pero también por parte de policías y soldados que operan con total impunidad.
Apenas el sábado 20, los comuneros Lorenzo Arballo Sánchez, Martín Arballo García, Marco Moreno Rodríguez, Audencio Mendoza Montes, Jesús Guadalupe Patrón Sánchez y Benigno Sarabia Medina fueron asesinados por el fuego cruzado de dos bandas de narcotraficantes que se enfrentaron en la autopista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.
Los campesinos pertenecían a la comunidad de El Placer, sindicatura de La Noria, Mazatlán, regresaban con sus familiares después de haberse manifestado en Culiacán contra la construcción de la presa Picachos y fueron abatidos a balazos cuando viajaban en una camioneta que quedó destrozada por granadas de fragmentación y balas.
Tres días después, hasta la noche del lunes 22, ni siquiera el gobernador Jesús Aguilar Padilla había mostrado sensibilidad ante el brutal crimen contra los comuneros. Tampoco el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se trasladó a Sinaloa para expresar sus condolencias. Menos Felipe Calderón y su mujer, Margarita Zavala, emitieron un comunicado conjunto para unirse “a la pena que embarga a los familiares y amigos” de esos seis mexicanos.
Las organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia, México SOS del empresario Alejandro Martí, Iluminemos México y los organismos patronales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ignoraron por completo la muerte de esos seis mexicanos, como lo hicieron también con los 15 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, a los que Calderón, en su infinita prepotencia, tildó de “pandilleros”.
Con tal conducta de la élite política y económica puede colegirse que estos crímenes y otros muchos corresponden a mexicanos de segunda sobre los que no vale la pena ocuparse, porque de todas maneras están condenados a muerte.
Lo mismo parece ocurrir con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara Abraham Guerra González y Ángel Guerra González, asesinados a balazos en Michoacán; o con Sandra de la Garza, ingeniera asesinada el viernes en Monterrey durante un tiroteo entre una banda de secuestradores y elementos del Ejército.
Pero, en contraste, el asesinato de dos estadunidenses y un mexicano vinculados al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 13, así como el homicidio de Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), han comenzado a activar la indignación de la élite.
El asesinato de los estadunidenses cimbró a la clase política por la irritación que concitó en Estados Unidos, mientras que el doble homicidio de los jóvenes del ITESM hizo que Calderón y su mujer expresaran, el domingo, su pesar y Gómez Mont viajó este lunes a Monterrey para tratar de evitar más costos políticos.
Mientras tanto las organizaciones civiles de la élite –que sólo reaccionan cuando el crimen toca a uno de los suyos o se producen homicidios de alto impacto-- celebran reuniones para valorar de qué manera expresar su indignación ante el doble homicidio sin exigir lo que es ya un clamor nacional: El cambio de estrategia gubernamental para evitar que más inocentes sigan cayendo bajo el fuego.
A la par, miembros de la comunidad del ITESM se han movilizado para, legítimamente, conocer la verdad y exigir justicia, en un clamor que trasciende Monterrey y aun las sucursales de esa institución educativa en todo el país, como lo ilustran las indignadas expresiones en la página en Facebook de Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado.
Con 2 mil 504 miembros en sólo dos días, en la página se expresa la rabia a partir de las muchas preguntas que surgen sobre la muerte de los dos jóvenes en el Tec, que se presume fueron torturados y desaparecidas las evidencias, como los videos de la propia institución educativa:
“¿Por qué el Ejército no pudo identificar que eran estudiantes una vez caídos Javier y Jorge por las balas? Forzosamente los muchachos tenían identificación. ¿Por qué uno de los estudiantes presenta golpes en el rostro (no confirmado si ambos)? Si fueron abatidos por el Ejército con disparos cometidos por error, ¿entonces por qué después los golpearon? ¿Era para buscar información o para que dijeran que eran sicarios? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué no hay todavía una versión oficial de la Sedena sobre los hechos del viernes 19? ¿Por qué el Ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar?
¿Por qué el Ejército dispara a personas no armadas que buscaban huir del enfrentamiento? ¿Por qué y quién le colocó las armas a los estudiantes ya fallecidos? ¿Encubrir un asesinato? ¿Era para que la prensa manejara la versión de presuntos sicarios? ¿Por qué el rector del Tec de Monterrey no canceló clases y actividades el viernes para investigar los hechos?... Exigimos saber la verdad...
Exigimos que el procurador Alejandro Garza y Garza dé su versión de los hechos. Exigimos que la Sedena brinde información sobre sus acciones durante el enfrentamiento. Exigimos que la prensa realice su labor periodística como debe ser y no estar bajo la tutela del gobierno o el narco, y declarar que los alumnos eran “sicarios” por solo ver armas al lado de los cuerpos y no confirmar su identidad. Una disculpa del Ejército, el rector y la prensa no nos regresarán a Javier y Jorge, pero necesitamos saber la verdad…
El pueblo mexicano necesita la verdad de lo que realmente pasó con Javier y Jorge para establecer lineamientos en las acciones tomadas en esta ‘guerra’ que nadie quiere y que lamentablemente está costando la vida de gente inocente...
Apuntes
En este contexto de sangre y de cadáveres que pueblan el territorio nacional, que en unas semanas sumarán los 20 mil asesinatos desde que Calderón inició su “guerra” para encubrir el fraude electoral de 2006, emergen las sospechas de que existe anuencia oficial para las ejecuciones extrajudiciales. Así lo hace presumir la ejecución de un narcomenudista detenido en Santa Catarina, Nuevo León, después de que estuvo en poder de elementos de la Secretaría de Marina y de la policía municipal… Y en medio del país ensangrentado, emerge la repelente figura de Javier Lozano Alarcón para tratar de imponer una ley laboral al gusto, justamente, de la élite que tiene al país en una profunda y crónica desigualdad…
En un país de profunda y crónica desigualdad, que ha excluido del desarrollo a más de la mitad de los habitantes, la élite política y financiera ha decretado también que los mexicanos no valen igual. Y así como en vida los hay de primera y de segunda, los muertos tienen análoga clasificación.
Se trata de una execrable categorización que se explica en el contexto de una sociedad que, en vastas porciones, es tan profundamente discriminatoria --y reproductora de los prejuicios de la élite--, que denomina naco a quien no sólo tiene piel morena, sino precariedad económica.
Por eso se entiende la indiferencia y hasta la repulsión de la élite económica y política ante el hambre y la muerte de millones de mexicanos, incluidos los que padecen las arbitrariedades y la pérdida de vidas a manos de bandas criminales que controlan vastas comarcas del país, pero también por parte de policías y soldados que operan con total impunidad.
Apenas el sábado 20, los comuneros Lorenzo Arballo Sánchez, Martín Arballo García, Marco Moreno Rodríguez, Audencio Mendoza Montes, Jesús Guadalupe Patrón Sánchez y Benigno Sarabia Medina fueron asesinados por el fuego cruzado de dos bandas de narcotraficantes que se enfrentaron en la autopista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.
Los campesinos pertenecían a la comunidad de El Placer, sindicatura de La Noria, Mazatlán, regresaban con sus familiares después de haberse manifestado en Culiacán contra la construcción de la presa Picachos y fueron abatidos a balazos cuando viajaban en una camioneta que quedó destrozada por granadas de fragmentación y balas.
Tres días después, hasta la noche del lunes 22, ni siquiera el gobernador Jesús Aguilar Padilla había mostrado sensibilidad ante el brutal crimen contra los comuneros. Tampoco el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se trasladó a Sinaloa para expresar sus condolencias. Menos Felipe Calderón y su mujer, Margarita Zavala, emitieron un comunicado conjunto para unirse “a la pena que embarga a los familiares y amigos” de esos seis mexicanos.
Las organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia, México SOS del empresario Alejandro Martí, Iluminemos México y los organismos patronales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ignoraron por completo la muerte de esos seis mexicanos, como lo hicieron también con los 15 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, a los que Calderón, en su infinita prepotencia, tildó de “pandilleros”.
Con tal conducta de la élite política y económica puede colegirse que estos crímenes y otros muchos corresponden a mexicanos de segunda sobre los que no vale la pena ocuparse, porque de todas maneras están condenados a muerte.
Lo mismo parece ocurrir con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara Abraham Guerra González y Ángel Guerra González, asesinados a balazos en Michoacán; o con Sandra de la Garza, ingeniera asesinada el viernes en Monterrey durante un tiroteo entre una banda de secuestradores y elementos del Ejército.
Pero, en contraste, el asesinato de dos estadunidenses y un mexicano vinculados al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 13, así como el homicidio de Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), han comenzado a activar la indignación de la élite.
El asesinato de los estadunidenses cimbró a la clase política por la irritación que concitó en Estados Unidos, mientras que el doble homicidio de los jóvenes del ITESM hizo que Calderón y su mujer expresaran, el domingo, su pesar y Gómez Mont viajó este lunes a Monterrey para tratar de evitar más costos políticos.
Mientras tanto las organizaciones civiles de la élite –que sólo reaccionan cuando el crimen toca a uno de los suyos o se producen homicidios de alto impacto-- celebran reuniones para valorar de qué manera expresar su indignación ante el doble homicidio sin exigir lo que es ya un clamor nacional: El cambio de estrategia gubernamental para evitar que más inocentes sigan cayendo bajo el fuego.
A la par, miembros de la comunidad del ITESM se han movilizado para, legítimamente, conocer la verdad y exigir justicia, en un clamor que trasciende Monterrey y aun las sucursales de esa institución educativa en todo el país, como lo ilustran las indignadas expresiones en la página en Facebook de Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado.
Con 2 mil 504 miembros en sólo dos días, en la página se expresa la rabia a partir de las muchas preguntas que surgen sobre la muerte de los dos jóvenes en el Tec, que se presume fueron torturados y desaparecidas las evidencias, como los videos de la propia institución educativa:
“¿Por qué el Ejército no pudo identificar que eran estudiantes una vez caídos Javier y Jorge por las balas? Forzosamente los muchachos tenían identificación. ¿Por qué uno de los estudiantes presenta golpes en el rostro (no confirmado si ambos)? Si fueron abatidos por el Ejército con disparos cometidos por error, ¿entonces por qué después los golpearon? ¿Era para buscar información o para que dijeran que eran sicarios? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué no hay todavía una versión oficial de la Sedena sobre los hechos del viernes 19? ¿Por qué el Ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar?
¿Por qué el Ejército dispara a personas no armadas que buscaban huir del enfrentamiento? ¿Por qué y quién le colocó las armas a los estudiantes ya fallecidos? ¿Encubrir un asesinato? ¿Era para que la prensa manejara la versión de presuntos sicarios? ¿Por qué el rector del Tec de Monterrey no canceló clases y actividades el viernes para investigar los hechos?... Exigimos saber la verdad...
Exigimos que el procurador Alejandro Garza y Garza dé su versión de los hechos. Exigimos que la Sedena brinde información sobre sus acciones durante el enfrentamiento. Exigimos que la prensa realice su labor periodística como debe ser y no estar bajo la tutela del gobierno o el narco, y declarar que los alumnos eran “sicarios” por solo ver armas al lado de los cuerpos y no confirmar su identidad. Una disculpa del Ejército, el rector y la prensa no nos regresarán a Javier y Jorge, pero necesitamos saber la verdad…
El pueblo mexicano necesita la verdad de lo que realmente pasó con Javier y Jorge para establecer lineamientos en las acciones tomadas en esta ‘guerra’ que nadie quiere y que lamentablemente está costando la vida de gente inocente...
Apuntes
En este contexto de sangre y de cadáveres que pueblan el territorio nacional, que en unas semanas sumarán los 20 mil asesinatos desde que Calderón inició su “guerra” para encubrir el fraude electoral de 2006, emergen las sospechas de que existe anuencia oficial para las ejecuciones extrajudiciales. Así lo hace presumir la ejecución de un narcomenudista detenido en Santa Catarina, Nuevo León, después de que estuvo en poder de elementos de la Secretaría de Marina y de la policía municipal… Y en medio del país ensangrentado, emerge la repelente figura de Javier Lozano Alarcón para tratar de imponer una ley laboral al gusto, justamente, de la élite que tiene al país en una profunda y crónica desigualdad…
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