Eduardo Ibarra Aguirre
Durante la lectura del informe anual de labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pese a que Raúl Plascencia Villanueva apenas cumplió 100 días al frente de ella, pero en algo debe gastar el espléndido presupuesto en un país lleno de agobios y carencias materiales, se ubicó atinadamente a las agresiones contra los trabajadores de la información y del comentario entre las más graves violaciones a las garantías individuales.
El presidente de la CNDH informó que durante 2009 se reportaron 79 actos en perjuicio de periodistas –además de tres asesinados-- y que es la mayor cifra registrada hasta ahora.
Si en ésta que es la Utopía número 800, el problema se contempla desde la óptica de 2000-2010, años de la alternancia en el Ejecutivo federal, el resultado es aterrador: 62 homicidios, 500 actos represivos y 10 secuestros de periodistas. Son cifras sin precedente en la historia del país.
La gravísima e insoportable impunidad “es un tema de preocupación fundamental para el gobierno federal”, le respondió Felipe de Jesús Calderón Hinojosa al informante. Pero omitió decir que México y su gobierno, así como el que lo antecedió, el de la pareja presidencial, se encuentran a la vanguardia global en la materia, sólo después de Irak, ocupado militarmente por Estados Unidos desde 2003 y con un baño de sangre que ya costó la vida a 1.2 millones de iraquíes.
Sólo que la “preocupación fundamental” resultó ser discursiva, de ocasión, porque como Pilatos enseguida se lavó las manos: “La principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a los periodistas, son criminales sin escrúpulos, que se sienten dueños de la sociedad y no toleran ninguna crítica”.
Artículo XIX y el Centro de Periodismo y Ética Pública, entre otras organizaciones, tienen enfoques diametralmente opuestos a los del economista y abogado, quien ahora busca con desesperación “dar un marco de certidumbre”, con la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, a la participación anticonstitucional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que él ordenó a partir del 11 de diciembre de 2006 con el propósito central de legitimarse en la silla presidencial.
En los informes rendidos en febrero por ambos organismos en forma separada, coincidieron en que “existe un incremento generalizado en los casos de agravios a comunicadores y los principales agresores son las fuerzas de seguridad del Estado” (Forum 197, III-10, versión sólo electrónica). La severa crítica al muy deficiente trabajo realizado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, es otro de los puntos convergentes, con todo y la promesa “de abatir la impunidad” hecha por el procurador Arturo Chávez Chávez.
A la incapacidad del gobierno de Calderón Hinojosa y en general del Estado para garantizar la vida de los trabajadores de los medios de comunicación y las condiciones básicas para el ejercicio de la libertad de expresión, se suma en las últimas semanas la quejumbre del primero porque las obras de su gobierno “ya casi no son noticia”, o porque la Presidencia debe pagar millones de pesos para ocupar una primera plana, mientras al narcotráfico le resulta gratis.
Auspiciar un clima de linchamiento del círculo rojo de los medios es una impertinencia mayúscula, sobre todo cuando se avizoran tiempos de escándalos políticos y económicos del grupo gobernante, cada día más aislado, objeto del descrédito y de la crítica generalizada, y que a base de jugosas facturas de diverso orden estableció una relación de complicidades con el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio, mientras en paralelo asfixia económicamente a una veintena de publicaciones, además de las 200 revistas culturales que están en vías de desaparecer.
Durante la lectura del informe anual de labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pese a que Raúl Plascencia Villanueva apenas cumplió 100 días al frente de ella, pero en algo debe gastar el espléndido presupuesto en un país lleno de agobios y carencias materiales, se ubicó atinadamente a las agresiones contra los trabajadores de la información y del comentario entre las más graves violaciones a las garantías individuales.
El presidente de la CNDH informó que durante 2009 se reportaron 79 actos en perjuicio de periodistas –además de tres asesinados-- y que es la mayor cifra registrada hasta ahora.
Si en ésta que es la Utopía número 800, el problema se contempla desde la óptica de 2000-2010, años de la alternancia en el Ejecutivo federal, el resultado es aterrador: 62 homicidios, 500 actos represivos y 10 secuestros de periodistas. Son cifras sin precedente en la historia del país.
La gravísima e insoportable impunidad “es un tema de preocupación fundamental para el gobierno federal”, le respondió Felipe de Jesús Calderón Hinojosa al informante. Pero omitió decir que México y su gobierno, así como el que lo antecedió, el de la pareja presidencial, se encuentran a la vanguardia global en la materia, sólo después de Irak, ocupado militarmente por Estados Unidos desde 2003 y con un baño de sangre que ya costó la vida a 1.2 millones de iraquíes.
Sólo que la “preocupación fundamental” resultó ser discursiva, de ocasión, porque como Pilatos enseguida se lavó las manos: “La principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a los periodistas, son criminales sin escrúpulos, que se sienten dueños de la sociedad y no toleran ninguna crítica”.
Artículo XIX y el Centro de Periodismo y Ética Pública, entre otras organizaciones, tienen enfoques diametralmente opuestos a los del economista y abogado, quien ahora busca con desesperación “dar un marco de certidumbre”, con la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, a la participación anticonstitucional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que él ordenó a partir del 11 de diciembre de 2006 con el propósito central de legitimarse en la silla presidencial.
En los informes rendidos en febrero por ambos organismos en forma separada, coincidieron en que “existe un incremento generalizado en los casos de agravios a comunicadores y los principales agresores son las fuerzas de seguridad del Estado” (Forum 197, III-10, versión sólo electrónica). La severa crítica al muy deficiente trabajo realizado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, es otro de los puntos convergentes, con todo y la promesa “de abatir la impunidad” hecha por el procurador Arturo Chávez Chávez.
A la incapacidad del gobierno de Calderón Hinojosa y en general del Estado para garantizar la vida de los trabajadores de los medios de comunicación y las condiciones básicas para el ejercicio de la libertad de expresión, se suma en las últimas semanas la quejumbre del primero porque las obras de su gobierno “ya casi no son noticia”, o porque la Presidencia debe pagar millones de pesos para ocupar una primera plana, mientras al narcotráfico le resulta gratis.
Auspiciar un clima de linchamiento del círculo rojo de los medios es una impertinencia mayúscula, sobre todo cuando se avizoran tiempos de escándalos políticos y económicos del grupo gobernante, cada día más aislado, objeto del descrédito y de la crítica generalizada, y que a base de jugosas facturas de diverso orden estableció una relación de complicidades con el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio, mientras en paralelo asfixia económicamente a una veintena de publicaciones, además de las 200 revistas culturales que están en vías de desaparecer.
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