Miguel Ángel Granados Chapa
Por lo menos un compromiso de los que firmó el candidato Enrique Peña Nieto durante su campaña electoral hacia el gobierno del estado supone una grave infracción a la ley, a cuyo extremo están dispuestos a llegar lo mismo su correligionario el alcalde priista de Huixquilucan, Alfredo del Mazo, que el delegado de la Comisión nacional del agua, un órgano del gobierno federal panista. Por lo que se ve, el pacto de Bucareli impulsado por el gobernador mexiquense, roto por el momento, tiene su traducción práctica a la vida de todos los días.
Se trata de destruir un breve pulmón verde, conservado por vecinos preocupados por el deterioro ambiental, que han plantado unos 5 mil árboles en poco más de tres años. Por contraste, un reciente intento de iniciar la construcción de una avenida en una barranca protegida, implicó ya la destrucción de decenas de árboles. La tentativa fue frenada, pero el doble juego de un funcionario de Conagua, Luis Javier de la Rocha, hará posible, si se frustra la resistencia ciudadana o el gobernador Peña Nieto y el alcalde Del Mazo no desisten de su propósito, la conversión de un cauce natural en una plancha de cemento que por su longitud ni siquiera resolverá el problema de tránsito que se busca enfrentar.
El crecimiento de Huixquilucan, en Interlomas y zonas cercanas se realizó en los años recientes con gran desorden, particularmente en lo que hace a vías de comunicación. Hay pocas conexiones de esa zona con Tecamachalco y La Herradura, y la aglomeración del tránsito rodado afecta cada día en mayor medida a la incontenible ola de nuevos residentes cuyos enclaves han sido autorizados sin considerar el atascamiento vehicular que cotidianamente hace padecer no sólo a pasajeros y tripulantes sino también al entorno que se envenena con emanaciones y ruidos contrarios al equilibrio ambiental.
Peña Nieto, con ánimo demagógico más que de servicio, se comprometió a construir una vialidad en la barranca Río de la Loma, denominada también barranca del Negro. Se hubiera abstenido de firmar de conocer la realidad del lugar, pero no lo hizo. Ahora a nadie importa la infracción a la ley, el engaño a ciudadanos y el daño a su patrimonio inmobiliario y natural, que todo eso ocurrirá si no se impide el cumplimiento del irresponsable compromiso.
El problema viene de lejos. En octubre de 2000 se autorizó el embovedamiento de kilómetro y medio (1,430 metros) del Río de la Loma. La autoridad responsable de esa obra fue la Dirección general de vialidad, autopistas y servicios conexos del gobierno del estado. Esa oficina pasó por alto la declaratoria de área natural protegida sujeta a conservación ambiental referida a ésa y otras barrancas, expedida en 1994. El gobierno estatal, a la sazón en manos de Arturo Montiel, ni siquiera solicitó autorización a Conagua ni realizó el estudio de impacto ambiental que impone la Ley de aguas nacionales.
Los vecinos denunciaron el derribamiento de cientos de árboles con motivo de esa obra y presentaron un expediente ante la Procuraduría federal de protección ambiental, en que 54 fotografías mostraban los destrozos causados por el embovedamiento. Consiguieron que éste fuera suspendido el 18 de julio de 2001. Eso no obstante, en octubre siguiente el director regional de Conagua solicitó a la Profepa su opinión sobre la posibilidad de autorizar una vía sobre la barranca. De modo inequívoco, la autoridad ambiental determinó el 8 de noviembre que "no ha lugar a otorgar la concesión para la construcción de una vialidad en esa zona".
Como si no hubiera recibido esa respuesta, la delegación de Conagua dijo en marzo siguiente al director de vialidad, autopistas y servicios conexos, Arturo Lugo Peña, que para seguir el trámite relativo a la vialidad debería presentar "la autorización para la realización de las obras en el área natural protegida por parte de la autoridad competente". Le señaló para hacerlo un plazo de 30 días para allegar la documentación y en caso de no hacerlo "se tendrá por no presentada la solicitud, cancelando todas las actuaciones sobre el particular", lo cual ocurrió porque esa oficina incumplió ese plazo. Los vecinos, en cambio, solicitaron en marzo de 2002 autorización para reforestar la barranca, y sólo obtuvieron respuesta positiva, tras mucho insistir, el 27 de febrero de 2007. En esa fecha se expidió a la asociación civil Ambientalistas Unidos del Río de la Loma la concesión, por 10 años, para realizar trabajos de reforestación, que en estos tres años se han efectuado puntualmente, lo mismo que se ha cumplido el resto de las condiciones que contiene el título de concesión.
En su campaña de 2005 Peña Nieto se comprometió a construir la vialidad cuya realización es legalmente imposible. Lugo Peña, que permaneció en la dirección de vialidad en el cambio de un gobierno a otro (al fin y al cabo todos son miembros de la familia) apareció a fines de enero con un anuncio inesperado. Refiriéndose a las autorizaciones que antaño solicitó para aquel propósito dijo desfachatadamente: "Ya tengo lo de Conagua; me la acaban de dar, estamos ya nada más con un detalle con Semarnat para poder iniciar con esa obra (Reforma, 29 de enero). A pesar de que la dirección regional de Conagua confirmó a los vecinos la vigencia de su concesión, hay amagos de construcción de la vialidad, pues un trascavo se introdujo al área y destruyó decenas de árboles aprovechando la ambigüedad de Conagua, que dice una cosa a los vecinos y otra a la autoridad mexiquense.
Cajón de Sastre
El sábado el Colegio de México lamentó "profundamente el fallecimiento del Prof. Ricardo Cinta, quien fue profesor-investigador del Centro de estudios sociológicos de esta casa de estudios". Nacido en la Ciudad de México de una familia de estirpe veracruzana, Ricardo Pablo Cinta Guzmán se graduó en la Facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM donde desde estudiante desarrolló una activa tarea política, que en su ejercicio profesional combinó con la docencia y la investigación. Escribió menos de lo que hacían esperar su talento y dedicación. Presidió el Colegio nacional de sociólogos. Y se aprestaba a dirigir el Consejo nacional histórico y editorial para el mejoramiento de la educación y la cultura, del recién registrado Sindicato nacional democrático de trabajadores al servicio de la educación.
Por lo menos un compromiso de los que firmó el candidato Enrique Peña Nieto durante su campaña electoral hacia el gobierno del estado supone una grave infracción a la ley, a cuyo extremo están dispuestos a llegar lo mismo su correligionario el alcalde priista de Huixquilucan, Alfredo del Mazo, que el delegado de la Comisión nacional del agua, un órgano del gobierno federal panista. Por lo que se ve, el pacto de Bucareli impulsado por el gobernador mexiquense, roto por el momento, tiene su traducción práctica a la vida de todos los días.
Se trata de destruir un breve pulmón verde, conservado por vecinos preocupados por el deterioro ambiental, que han plantado unos 5 mil árboles en poco más de tres años. Por contraste, un reciente intento de iniciar la construcción de una avenida en una barranca protegida, implicó ya la destrucción de decenas de árboles. La tentativa fue frenada, pero el doble juego de un funcionario de Conagua, Luis Javier de la Rocha, hará posible, si se frustra la resistencia ciudadana o el gobernador Peña Nieto y el alcalde Del Mazo no desisten de su propósito, la conversión de un cauce natural en una plancha de cemento que por su longitud ni siquiera resolverá el problema de tránsito que se busca enfrentar.
El crecimiento de Huixquilucan, en Interlomas y zonas cercanas se realizó en los años recientes con gran desorden, particularmente en lo que hace a vías de comunicación. Hay pocas conexiones de esa zona con Tecamachalco y La Herradura, y la aglomeración del tránsito rodado afecta cada día en mayor medida a la incontenible ola de nuevos residentes cuyos enclaves han sido autorizados sin considerar el atascamiento vehicular que cotidianamente hace padecer no sólo a pasajeros y tripulantes sino también al entorno que se envenena con emanaciones y ruidos contrarios al equilibrio ambiental.
Peña Nieto, con ánimo demagógico más que de servicio, se comprometió a construir una vialidad en la barranca Río de la Loma, denominada también barranca del Negro. Se hubiera abstenido de firmar de conocer la realidad del lugar, pero no lo hizo. Ahora a nadie importa la infracción a la ley, el engaño a ciudadanos y el daño a su patrimonio inmobiliario y natural, que todo eso ocurrirá si no se impide el cumplimiento del irresponsable compromiso.
El problema viene de lejos. En octubre de 2000 se autorizó el embovedamiento de kilómetro y medio (1,430 metros) del Río de la Loma. La autoridad responsable de esa obra fue la Dirección general de vialidad, autopistas y servicios conexos del gobierno del estado. Esa oficina pasó por alto la declaratoria de área natural protegida sujeta a conservación ambiental referida a ésa y otras barrancas, expedida en 1994. El gobierno estatal, a la sazón en manos de Arturo Montiel, ni siquiera solicitó autorización a Conagua ni realizó el estudio de impacto ambiental que impone la Ley de aguas nacionales.
Los vecinos denunciaron el derribamiento de cientos de árboles con motivo de esa obra y presentaron un expediente ante la Procuraduría federal de protección ambiental, en que 54 fotografías mostraban los destrozos causados por el embovedamiento. Consiguieron que éste fuera suspendido el 18 de julio de 2001. Eso no obstante, en octubre siguiente el director regional de Conagua solicitó a la Profepa su opinión sobre la posibilidad de autorizar una vía sobre la barranca. De modo inequívoco, la autoridad ambiental determinó el 8 de noviembre que "no ha lugar a otorgar la concesión para la construcción de una vialidad en esa zona".
Como si no hubiera recibido esa respuesta, la delegación de Conagua dijo en marzo siguiente al director de vialidad, autopistas y servicios conexos, Arturo Lugo Peña, que para seguir el trámite relativo a la vialidad debería presentar "la autorización para la realización de las obras en el área natural protegida por parte de la autoridad competente". Le señaló para hacerlo un plazo de 30 días para allegar la documentación y en caso de no hacerlo "se tendrá por no presentada la solicitud, cancelando todas las actuaciones sobre el particular", lo cual ocurrió porque esa oficina incumplió ese plazo. Los vecinos, en cambio, solicitaron en marzo de 2002 autorización para reforestar la barranca, y sólo obtuvieron respuesta positiva, tras mucho insistir, el 27 de febrero de 2007. En esa fecha se expidió a la asociación civil Ambientalistas Unidos del Río de la Loma la concesión, por 10 años, para realizar trabajos de reforestación, que en estos tres años se han efectuado puntualmente, lo mismo que se ha cumplido el resto de las condiciones que contiene el título de concesión.
En su campaña de 2005 Peña Nieto se comprometió a construir la vialidad cuya realización es legalmente imposible. Lugo Peña, que permaneció en la dirección de vialidad en el cambio de un gobierno a otro (al fin y al cabo todos son miembros de la familia) apareció a fines de enero con un anuncio inesperado. Refiriéndose a las autorizaciones que antaño solicitó para aquel propósito dijo desfachatadamente: "Ya tengo lo de Conagua; me la acaban de dar, estamos ya nada más con un detalle con Semarnat para poder iniciar con esa obra (Reforma, 29 de enero). A pesar de que la dirección regional de Conagua confirmó a los vecinos la vigencia de su concesión, hay amagos de construcción de la vialidad, pues un trascavo se introdujo al área y destruyó decenas de árboles aprovechando la ambigüedad de Conagua, que dice una cosa a los vecinos y otra a la autoridad mexiquense.
Cajón de Sastre
El sábado el Colegio de México lamentó "profundamente el fallecimiento del Prof. Ricardo Cinta, quien fue profesor-investigador del Centro de estudios sociológicos de esta casa de estudios". Nacido en la Ciudad de México de una familia de estirpe veracruzana, Ricardo Pablo Cinta Guzmán se graduó en la Facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM donde desde estudiante desarrolló una activa tarea política, que en su ejercicio profesional combinó con la docencia y la investigación. Escribió menos de lo que hacían esperar su talento y dedicación. Presidió el Colegio nacional de sociólogos. Y se aprestaba a dirigir el Consejo nacional histórico y editorial para el mejoramiento de la educación y la cultura, del recién registrado Sindicato nacional democrático de trabajadores al servicio de la educación.
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