Gregorio Ortega Molina
Por vez primera desde el 1° de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa habla con claridad, sin dobleces. Requirió de tres años de angustia e incertidumbre para darse cuenta dónde está parado y el enorme reto que tiene enfrente; se requirieron varios miles de muertos, tres de ellos muy especiales por estar relacionados con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para que la realidad le lacerara la razón y así él dispusiese colocar al Estado sobre su fe, su creencia religiosa, y conminar al Senado de la República a ensanchar el camino a las leyes de excepción y disponer de la posibilidad legal, constitucional, de imponer el Estado de excepción.
Durante la tercera visita por él realizada a Ciudad Juárez, el presidente Calderón se refirió a la urgencia de reconstruir el tejido social y la fisonomía urbana de Juárez, aunque, como lo reconoció, “todo se complica por los homicidios de tres personas ligadas al consulado estadounidense”, por lo que se avecinan “cosas muy duras”, luego de la muerte de esa funcionaria y los otros familiares.
Durante ese mismo martes 16 de marzo último, Calderón admitió que la violencia en Juárez “se complica todavía más, hay que decirlo, a partir de los homicidios del sábado, porque esto le da una dimensión internacional al problema”. El trecho legal recorrido desde entonces empezó a completarse una semana después, con la visita ayer de la delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y por la aprobación por parte de los inquilinos de la casona de Xicoténcatl de las leyes para poder declarar el Estado de excepción.
No será fácil conocer la totalidad de los acuerdos que se asuman durante la reunión binacional de alto nivel entre los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y México, pero una medida de la importancia y lo confidencial de lo allí tratado, nos lo puede dar la calidad -por la responsabilidad- de los asistentes estadounidenses, de entre quienes destacan: la secretaria de seguridad interna, Janet Napolitano; el secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates; el director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, y Michele Leonhart, de la DEA.
Los mexicanos importantes allí presentes, además de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, fueron los secretarios de Defensa y Marina, Guillermo Galván Galván y Francisco Saynes Mendoza, el procurador General de la República, Arturo Chávez, y el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García.
Cuando la delegación estadounidense se apersonaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y como resultaba necesario mostrar buena voluntad por anticipado, en el Senado dieron por aprobada en comisiones una reforma constitucional que prepara el terreno para la suspensión de garantías en caso de declararse Estado de excepción, que sería declarado por el Presidente de la República, avalado por el Congreso de la Unión y revisado por la Suprema Corte.
Al aprobarse la reforma legal, la Constitución establecerá que en caso de invasión o perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, “en ningún caso podrá restringir o suspenderse el derecho a la no discriminación, la prohibición de la pena de muerte, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, al nombre y a la protección de la familia”.
También establecerá que “la restricción o suspensión de derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
“Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión de derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión”.
Advierte que “los decretos que expida el Ejecutivo relacionados con la restricción o suspensión señalada en el párrafo anterior, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su constitucionalidad y validez”.
El último cinco de enero y en previsión a lo que ya parece irremediable, apunté: Es urgente, prudente y útil revisar cuáles son las facultades constitucionales y metaconstitucionales que todavía tiene la institución presidencial, pues sólo a partir del puntual, exacto y comedido conocimiento de cuál es la fuerza del presidente en funciones, podrá determinarse si habrá efectivo control sobre el Estado de excepción, quién lo va a imponer y supervisar su cumplimiento, y de qué manera se evitará el deslizamiento al estado de sitio y, después, a la dictadura. Una larga noche se cierne sobre México.
Por vez primera desde el 1° de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa habla con claridad, sin dobleces. Requirió de tres años de angustia e incertidumbre para darse cuenta dónde está parado y el enorme reto que tiene enfrente; se requirieron varios miles de muertos, tres de ellos muy especiales por estar relacionados con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para que la realidad le lacerara la razón y así él dispusiese colocar al Estado sobre su fe, su creencia religiosa, y conminar al Senado de la República a ensanchar el camino a las leyes de excepción y disponer de la posibilidad legal, constitucional, de imponer el Estado de excepción.
Durante la tercera visita por él realizada a Ciudad Juárez, el presidente Calderón se refirió a la urgencia de reconstruir el tejido social y la fisonomía urbana de Juárez, aunque, como lo reconoció, “todo se complica por los homicidios de tres personas ligadas al consulado estadounidense”, por lo que se avecinan “cosas muy duras”, luego de la muerte de esa funcionaria y los otros familiares.
Durante ese mismo martes 16 de marzo último, Calderón admitió que la violencia en Juárez “se complica todavía más, hay que decirlo, a partir de los homicidios del sábado, porque esto le da una dimensión internacional al problema”. El trecho legal recorrido desde entonces empezó a completarse una semana después, con la visita ayer de la delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y por la aprobación por parte de los inquilinos de la casona de Xicoténcatl de las leyes para poder declarar el Estado de excepción.
No será fácil conocer la totalidad de los acuerdos que se asuman durante la reunión binacional de alto nivel entre los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y México, pero una medida de la importancia y lo confidencial de lo allí tratado, nos lo puede dar la calidad -por la responsabilidad- de los asistentes estadounidenses, de entre quienes destacan: la secretaria de seguridad interna, Janet Napolitano; el secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates; el director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, y Michele Leonhart, de la DEA.
Los mexicanos importantes allí presentes, además de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, fueron los secretarios de Defensa y Marina, Guillermo Galván Galván y Francisco Saynes Mendoza, el procurador General de la República, Arturo Chávez, y el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García.
Cuando la delegación estadounidense se apersonaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y como resultaba necesario mostrar buena voluntad por anticipado, en el Senado dieron por aprobada en comisiones una reforma constitucional que prepara el terreno para la suspensión de garantías en caso de declararse Estado de excepción, que sería declarado por el Presidente de la República, avalado por el Congreso de la Unión y revisado por la Suprema Corte.
Al aprobarse la reforma legal, la Constitución establecerá que en caso de invasión o perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, “en ningún caso podrá restringir o suspenderse el derecho a la no discriminación, la prohibición de la pena de muerte, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, al nombre y a la protección de la familia”.
También establecerá que “la restricción o suspensión de derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
“Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión de derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión”.
Advierte que “los decretos que expida el Ejecutivo relacionados con la restricción o suspensión señalada en el párrafo anterior, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su constitucionalidad y validez”.
El último cinco de enero y en previsión a lo que ya parece irremediable, apunté: Es urgente, prudente y útil revisar cuáles son las facultades constitucionales y metaconstitucionales que todavía tiene la institución presidencial, pues sólo a partir del puntual, exacto y comedido conocimiento de cuál es la fuerza del presidente en funciones, podrá determinarse si habrá efectivo control sobre el Estado de excepción, quién lo va a imponer y supervisar su cumplimiento, y de qué manera se evitará el deslizamiento al estado de sitio y, después, a la dictadura. Una larga noche se cierne sobre México.
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