Gerardo Fernández Casanova
“Que el fraude electoral jamás se olvide”
El régimen espurio, a través del troglodita a cargo de la secretaría del trabajo, anuncia que, ahora sí, se llevarán al congreso las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que atenderán al reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para “flexibilizar” las condiciones del mercado laboral.
En la reunión de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO) Javier Lozano Alarcón, alias el Porro o el Perro, formuló el anuncio flanqueado por el inefable Claudio X. González, preclaro prestanombres de la muy desprestigiada Kimberly Clark y por el no menos desprestigiado líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el multimillonario Joaquín Gamboa Pascoe. En su brillante exposición, Alarcón (también conocido como el “coopelas o cuello”) advirtió que la propuesta no sería aprobada por consenso, sino por mayoría sumando los votos de PRI, PAN, Verde y PANAL, pero que ya había sido “consensuada” con las organizaciones sindicales “más serias, responsables y sensatas, que han ayudado a mantener la paz laboral, como la CTM y la CROC.” Desde luego que lo dicho supone que las organizaciones “rijosas” que han despertado del sueño de los justos y roto la paz de los sepulcros, así como los partidos de la misma índole que los acompañan, harán sus acostumbrados berrinches, incluidas las tomas de tribuna, para tratar de rehuir a la modernidad.
Nuevamente, y también por casualidad, el Grupo de Directores del FMI publica su análisis anual sobre la economía mexicana, en el que felicita al régimen por su atinada gestión ante la crisis mundial y por el golpe a Luz y Fuerza del Centro, y le insta para seguir adelante en la flexibilización de la ley laboral y en la privatización de la energía, al efecto de lograr la tan anhelada competitividad. Por lo menos eso se entiende de la declaración que aparece en la página electrónica del FMI que, por cierto, está etiquetada como “versión pública”. Vaya usted a saber lo que diga la versión privada del documento, pero es de advertirse que lo que aparece como recomendación adquiera tintes de mandato. Vale la pena anotar que, a diferencia de lo hecho por los gobiernos de Argentina Brasil y Venezuela, México se mantiene como deudor y, por tanto, esclavo, del FMI.
Considero relevante comentar ambas informaciones como antecedente para comprender lo que está sucediendo en el medio laboral mexicano; son importantes para interpretar lo que sucede con los sindicatos de electricistas y mineros, no sólo como capricho del régimen espurio y obsecuencia a los caprichos de empresarios voraces, sino como una decisión política de allanarse a los dictados del gran capital internacional expresados por la vía del FMI.
El gran objetivo global es abaratar el costo de la mano de obra de manera de potenciar la capacidad de la economía para recuperar el terreno perdido en la velocidad y magnitud de la acumulación de capital. La llamada competitividad no significa otra cosa que la aplicación de medidas que reduzcan el costo laboral de manera de competir en el mercado internacional sin merma del nivel de rentabilidad del capital. Ello lleva implícito el abandono del objetivo del pleno empleo y del estado de bienestar, para colocar a la gran masa trabajadora en condición de desventaja ante la clase patronal, a quien ahora tiene que mendigar para obtener una oportunidad de trabajo decente y, como consecuencia, la destrucción de los instrumentos de defensa de los trabajadores: el sindicato y el derecho de huelga. Es el regreso a las condiciones decimonónicas de explotación de los trabajadores.
Cuando Alarcón elogia a la CTM y a la CROC como organizaciones serias, responsables y sensatas, que han ayudado a mantener la paz laboral, no está haciendo más que destacar su capacidad de desvirtuar su finalidad de defensa de los intereses legítimos de sus agremiados, en términos de allanarse a los afanes que los violentan. En contrapartida, emplea todo el peso del estado para perseguir a los líderes que expresan una actitud diferente y que se mantienen en el “obsoleto” afán de procurar un equilibrio eficaz en las relaciones obrero patronales. Para los primeros, las tomas de nota se otorgan sin chistar a manera de ahogar la disidencia contra los líderes charros (Gordillo, Deschamps, etc.) mientras que para los segundos son negadas en beneficio de las disidencias que garanticen “seriedad”.
Este martes se entabló la huelga del SME por la revisión del contrato colectivo de trabajo con LyFC en razón de su vencimiento. Es una medida política, amparada en la legalidad y en la legitimidad. La materia de trabajo persiste, independientemente de la ilegal extinción por decreto de la empresa; el patrón sustituto es quien absorbió la prestación del servicio público y, por consiguiente, las obligaciones en materia laboral. Están en lo justo y en lo legal. En respuesta, el régimen lo desconoce y lo reprime en descarada violación del estado de derecho por el que tanto propugnan. Entre la fuerza de la represión y la de las triquiñuelas extralegales, el perro de Calderón (ambas acepciones son válidas) se solaza convocando a la unidad nacional. Igual sucede con los mineros, a cuyo sindicato pretende, hasta ahora infructuosamente, destroncar.
Lo importante es que el pueblo está despertando y acompaña a los trabajadores en sus luchas. Me llama la atención que los estudiantes universitarios y politécnicos están retomando su vocación libertaria y de lucha. La cosa está caliente.
“Que el fraude electoral jamás se olvide”
El régimen espurio, a través del troglodita a cargo de la secretaría del trabajo, anuncia que, ahora sí, se llevarán al congreso las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que atenderán al reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para “flexibilizar” las condiciones del mercado laboral.
En la reunión de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO) Javier Lozano Alarcón, alias el Porro o el Perro, formuló el anuncio flanqueado por el inefable Claudio X. González, preclaro prestanombres de la muy desprestigiada Kimberly Clark y por el no menos desprestigiado líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el multimillonario Joaquín Gamboa Pascoe. En su brillante exposición, Alarcón (también conocido como el “coopelas o cuello”) advirtió que la propuesta no sería aprobada por consenso, sino por mayoría sumando los votos de PRI, PAN, Verde y PANAL, pero que ya había sido “consensuada” con las organizaciones sindicales “más serias, responsables y sensatas, que han ayudado a mantener la paz laboral, como la CTM y la CROC.” Desde luego que lo dicho supone que las organizaciones “rijosas” que han despertado del sueño de los justos y roto la paz de los sepulcros, así como los partidos de la misma índole que los acompañan, harán sus acostumbrados berrinches, incluidas las tomas de tribuna, para tratar de rehuir a la modernidad.
Nuevamente, y también por casualidad, el Grupo de Directores del FMI publica su análisis anual sobre la economía mexicana, en el que felicita al régimen por su atinada gestión ante la crisis mundial y por el golpe a Luz y Fuerza del Centro, y le insta para seguir adelante en la flexibilización de la ley laboral y en la privatización de la energía, al efecto de lograr la tan anhelada competitividad. Por lo menos eso se entiende de la declaración que aparece en la página electrónica del FMI que, por cierto, está etiquetada como “versión pública”. Vaya usted a saber lo que diga la versión privada del documento, pero es de advertirse que lo que aparece como recomendación adquiera tintes de mandato. Vale la pena anotar que, a diferencia de lo hecho por los gobiernos de Argentina Brasil y Venezuela, México se mantiene como deudor y, por tanto, esclavo, del FMI.
Considero relevante comentar ambas informaciones como antecedente para comprender lo que está sucediendo en el medio laboral mexicano; son importantes para interpretar lo que sucede con los sindicatos de electricistas y mineros, no sólo como capricho del régimen espurio y obsecuencia a los caprichos de empresarios voraces, sino como una decisión política de allanarse a los dictados del gran capital internacional expresados por la vía del FMI.
El gran objetivo global es abaratar el costo de la mano de obra de manera de potenciar la capacidad de la economía para recuperar el terreno perdido en la velocidad y magnitud de la acumulación de capital. La llamada competitividad no significa otra cosa que la aplicación de medidas que reduzcan el costo laboral de manera de competir en el mercado internacional sin merma del nivel de rentabilidad del capital. Ello lleva implícito el abandono del objetivo del pleno empleo y del estado de bienestar, para colocar a la gran masa trabajadora en condición de desventaja ante la clase patronal, a quien ahora tiene que mendigar para obtener una oportunidad de trabajo decente y, como consecuencia, la destrucción de los instrumentos de defensa de los trabajadores: el sindicato y el derecho de huelga. Es el regreso a las condiciones decimonónicas de explotación de los trabajadores.
Cuando Alarcón elogia a la CTM y a la CROC como organizaciones serias, responsables y sensatas, que han ayudado a mantener la paz laboral, no está haciendo más que destacar su capacidad de desvirtuar su finalidad de defensa de los intereses legítimos de sus agremiados, en términos de allanarse a los afanes que los violentan. En contrapartida, emplea todo el peso del estado para perseguir a los líderes que expresan una actitud diferente y que se mantienen en el “obsoleto” afán de procurar un equilibrio eficaz en las relaciones obrero patronales. Para los primeros, las tomas de nota se otorgan sin chistar a manera de ahogar la disidencia contra los líderes charros (Gordillo, Deschamps, etc.) mientras que para los segundos son negadas en beneficio de las disidencias que garanticen “seriedad”.
Este martes se entabló la huelga del SME por la revisión del contrato colectivo de trabajo con LyFC en razón de su vencimiento. Es una medida política, amparada en la legalidad y en la legitimidad. La materia de trabajo persiste, independientemente de la ilegal extinción por decreto de la empresa; el patrón sustituto es quien absorbió la prestación del servicio público y, por consiguiente, las obligaciones en materia laboral. Están en lo justo y en lo legal. En respuesta, el régimen lo desconoce y lo reprime en descarada violación del estado de derecho por el que tanto propugnan. Entre la fuerza de la represión y la de las triquiñuelas extralegales, el perro de Calderón (ambas acepciones son válidas) se solaza convocando a la unidad nacional. Igual sucede con los mineros, a cuyo sindicato pretende, hasta ahora infructuosamente, destroncar.
Lo importante es que el pueblo está despertando y acompaña a los trabajadores en sus luchas. Me llama la atención que los estudiantes universitarios y politécnicos están retomando su vocación libertaria y de lucha. La cosa está caliente.
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