Francisco Rodríguez
EL SALDO ES nada favorable. Casi medio centenar de bebés asesinados por la corrupción, el amiguismo y el compadrazgo en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Poco menos de tres centenares de ellos, gaseados en un “operativo” antisindicalista de la PFP en otra estancia infantil, ésta en la ciudad de México. Y varios centenares ya, de menores de edad que han caído bajo las balas del Ejército en retenes o bajo fuego cruzado.
Apenas ayer se conoció que siete niños y adolescentes fueron asesinados tras ignorar la orden de detenerse en un inconstitucional retén. Tal ocurrió en Durango.
Inmediatamente, el ocupante del palacete de los Covián, el desdibujado Fernando Gómez Mont, salió a los medios a declarar que tal no había sido colocado por las Fuerzas Armadas, atribuyéndolo a grupos delincuenciales.
Las historias son muchas. Una de ellas, conmovedora, es narrada por Paulina Monroy en la revista Contralínea:
“Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.
“’La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos’”, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos…”
Son centenares los casos como el arriba apuntado.
El conteo de menores de edad víctimas de la “guerra” de Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada ya supera el millar. Son, de acuerdo a cifras de la Defensa Nacional, 1 mil 326. Los colaterales de represión social, alcanzan varios centenares.
Estamos frente a un acto criminal revestido de hipocresía.
Porque la derecha panista, brazo político de la peculiar iglesia católica mexicana, se dice defensora de la vida y, por tal, condena prácticas de interrupción del embarazo, rasgándose invariablemente las vestiduras –o comprando tangas–, pero en los casos documentados que han convertido a niños y menores de edad en víctimas mortales de sus fallidas políticas, guardan silencios ominosos.
La situación que viven los niños en nuestro país es cada vez peor.
No sólo por ser cada vez más víctimas de la “guerra” sin inteligencia que despliega la fallida Administración. No nada más porque son embodegados en negocios donde participan los dizque políticos y sus familiares. No sólo por la explotación sexual a la que son sometidos por miembros del clero, reconocidos empresarios y despreciables políticos. También por la pésima atención en materia de salud y, claro, por la educación tan limitada e inútil que reciben.
Si por algo pasarán a la historia estos terribles años del calderonismo, será precisamente por su caracterización de Herodes.
En México, por desgracia, los niños entran en la categoría que la Organización de las Naciones Unidas clasifica como sector vulnerable: conjunto de personas que viven en situación de discriminación por factores inherentes a su condición, porque no reciben atención suficiente del Estado, o porque éste o algunos de sus integrantes violan sus derechos por acción u omisión.
La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN) define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de de violencia.
La violencia crece, advierte la ONU, en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. La arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.
Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.
Índice Flamígero: Con su venia, el Índice se va de vacaciones, con su venia. Nos reencontraremos aquí el lunes 12 de abril.
EL SALDO ES nada favorable. Casi medio centenar de bebés asesinados por la corrupción, el amiguismo y el compadrazgo en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Poco menos de tres centenares de ellos, gaseados en un “operativo” antisindicalista de la PFP en otra estancia infantil, ésta en la ciudad de México. Y varios centenares ya, de menores de edad que han caído bajo las balas del Ejército en retenes o bajo fuego cruzado.
Apenas ayer se conoció que siete niños y adolescentes fueron asesinados tras ignorar la orden de detenerse en un inconstitucional retén. Tal ocurrió en Durango.
Inmediatamente, el ocupante del palacete de los Covián, el desdibujado Fernando Gómez Mont, salió a los medios a declarar que tal no había sido colocado por las Fuerzas Armadas, atribuyéndolo a grupos delincuenciales.
Las historias son muchas. Una de ellas, conmovedora, es narrada por Paulina Monroy en la revista Contralínea:
“Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.
“’La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos’”, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos…”
Son centenares los casos como el arriba apuntado.
El conteo de menores de edad víctimas de la “guerra” de Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada ya supera el millar. Son, de acuerdo a cifras de la Defensa Nacional, 1 mil 326. Los colaterales de represión social, alcanzan varios centenares.
Estamos frente a un acto criminal revestido de hipocresía.
Porque la derecha panista, brazo político de la peculiar iglesia católica mexicana, se dice defensora de la vida y, por tal, condena prácticas de interrupción del embarazo, rasgándose invariablemente las vestiduras –o comprando tangas–, pero en los casos documentados que han convertido a niños y menores de edad en víctimas mortales de sus fallidas políticas, guardan silencios ominosos.
La situación que viven los niños en nuestro país es cada vez peor.
No sólo por ser cada vez más víctimas de la “guerra” sin inteligencia que despliega la fallida Administración. No nada más porque son embodegados en negocios donde participan los dizque políticos y sus familiares. No sólo por la explotación sexual a la que son sometidos por miembros del clero, reconocidos empresarios y despreciables políticos. También por la pésima atención en materia de salud y, claro, por la educación tan limitada e inútil que reciben.
Si por algo pasarán a la historia estos terribles años del calderonismo, será precisamente por su caracterización de Herodes.
En México, por desgracia, los niños entran en la categoría que la Organización de las Naciones Unidas clasifica como sector vulnerable: conjunto de personas que viven en situación de discriminación por factores inherentes a su condición, porque no reciben atención suficiente del Estado, o porque éste o algunos de sus integrantes violan sus derechos por acción u omisión.
La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN) define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de de violencia.
La violencia crece, advierte la ONU, en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. La arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.
Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.
Índice Flamígero: Con su venia, el Índice se va de vacaciones, con su venia. Nos reencontraremos aquí el lunes 12 de abril.
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