Jorge Alejandro Medellín / De orden superior
Lo dijimos en este espacio hace una semana al parafrasear al presidente Felipe Calderón cuando adelantaba que venían cosas más fuertes, en el contexto del asesinato de tres funcionarios del Consulado norteamericano en Ciudad Juárez y el asesinato de dos estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey: lo que sigue es la instauración del Estado de Excepción.
El combate al crimen organizado en este país ha escalado violentamente de nivel y naturaleza en unas pocas semanas.
El mismo martes, durante la visita del pleno del gabinete de seguridad nacional de los Estados Unidos a México, el Senado de la República le daba entrada a la que pudiera ser la modificación más importante de la Ley de Seguridad Nacional aprobada hace unos meses, y que permitirá en breve al presidente declarar el Estado de Excepción en una o varias entidades o municipios que hayan sido rebasados por el crimen organizado.
Las modificaciones, que funcionarán como un mecanismo paralelo a la aplicación del Artículo 129 constitucional que prevé la suspensión de garantías individuales, contemplan un mecanismo en el que el gobernador o alcalde soliciten de manera directa al jefe del Ejecutivo y al Senado la aplicación de Estado de Excepción tras documentar la imposibilidad para contener la acción del crimen organizado.
El Senado y el Ejecutivo revisarán fast track la situación y en un plazo de 48 horas podrán decidir si dicho mecanismo es aplicable, cuál o cuáles instancias asumirán el control de la seguridad en la entidad(es) o municipio(s), bajo que esquema operativo, con qué recursos, bajo qué mando y por cuánto tiempo.
En este último renglón, la iniciativa prevé periodos de actuación hasta por 18 meses…o más, según sea necesario.
Todo esto se analizó y se aprobó, de inicio, en el Senado mientras Hillary Clinton y su gente presentaban lo que muchos ven como la nueva cara de la Casa Blanca ante el problema del narcotráfico, ubicando este tema –ahora sí– como una agenda real y urgente para Washington.
La verdad es que en muchos aspectos las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional sólo vendrán a hacer oficial y jurídicamente más amplia la actuación de las fuerzas armadas, de la Policía Federal, de la PGR y de otras instancias para combatir a los cárteles de la droga.
En los hechos, los militares y las policías actúan desde tres o cuatro años aplicando las condiciones básicas del Estado de Excepción.
El verdadero galimatías será ver quién es el primer gobernador en reconocer que no puede con el narco, que sus policías están totalmente rebasados, que su estrategia y plan de seguridad estatal sirvieron para dos cosas, es decir, que gobierna un estado fallido.
El otro problema será aún más grave, ya que el jefe del Ejecutivo también podría tomar la iniciativa y declarar que no hay condiciones de gobernabilidad en tal o cual entidad (¿priista?, ¿perredista?, ¿panista?) asestando con ello una estocada de cara a los tempos del destape, por cierto inaugurados ayer por el propio Calderón con su declaración de que su sucesor debe tener como prioridad y experiencia el tema de la seguridad del país.
En cuanto a los candidatos inmediatos para la aplicación del Estado de Excepción, la lista es larga.
Daños colaterales
Con este escalamiento y la guerra que se libra no sólo en carreteras o en ranchos apartados, sino en las ciudades más importantes del país, atacando incluso a funcionarios estadunidenses, aumentan también los errores propios de una milicia entrenada para acabar con el enemigo, no para detenerlo y contener un ataque armado.
Todo lo contrario es lo que ha sucedió en Monterrey, Nuevo León, en los últimos días, con la muerte de dos posgraduados del Tecnológico, en una acción aparentemente defensiva del Ejército Mexicano, y la detención de dos narcomenudistas por parte de infantes de Marina que aseguran haberlos entregado a mandos policíacos.
Uno de ellos apareció ejecutado horas después de haber sido entregado a un comandante policiaco. El otro, herido durante el enfrentamiento con los marinos, fue ingresado a un hospital en Monterrey y desde ayer no aparece en ningún lado.
En ambos casos, la opacidad y la lentitud en el manejo de la información, las contradicciones y los vacíos de las autoridades federales y estatales dominan el ambiente.
De nueva cuenta tanto la Marina como el Ejército Mexicano le dan la razón, con sus excesos, con sus imprecisiones, a sus críticos y a quienes ahora además ponen en duda la preparación castrense para enfrentar escenarios en los que haya población civil de por medio.
No obstante, para los militares de carrera y para los defensores de la actuación de las fuerzas armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, estos juicios en contra del desempeño de las tropas carecen de valor porque en su lógica operativa las muertes accidentales al enfrentar a un atacante en escenarios urbanos implican bajas civiles, la muerte de inocentes en fuego cruzado como un hecho inevitable.
Esto es verdad, pero hasta cierto punto. En la estrategia militar un ataque a posiciones contrarias (enemigas, pues) se planea y desarrolla con la idea de llevar la misión a su fin. No hay espacio para negociaciones salvo que se trate de la rendición y la entrega de los enemigos.
Mucho menos hay espacio para desarrollar una operación y abortarla ante un escenario en el que se tenga que permitir que el enemigo escape porque una acción a fondo poned en riesgo la vida de civiles inocentes. La mentalidad y la estrategia militares no están construidas de esta forma. La actuación policíaca, por lo menos en la teoría, sí.
El policía debe estar entrenado para saber cómo manejarse en este tipo de escenarios probables. El desarrollo de una operación policial se da con una comunicación constante y con la posibilidad de que un operativo sea modificado radicalmente para no afectar a civiles inocentes, salvo en el caso de las acciones antiterroristas a gran escala, como las operaciones de rescate de rehenes, en donde se llega a calcular el número posible de bajas en una intervención de asalto bien coordinada.
Estos son escenarios ideales, pero que suelen darse en la realidad. Ejemplos concretos los tenemos en el fallido rescate de la señora Coppel, secuestrado en la ciudad de México y quien murió durante el enfrentamiento en el que se le intentó liberar por pate de elementos del Grupo Especial de Reacción a Intervención (GERI).
En el frustrado rescate murieron dos comandantes del grupo en fuego cruzado con sus compañeros. El asunto devino en la disolución del GERI y la baja inmediata de 32 elementos que laboran en varios estados del país en áreas de seguridad y antisecuestro.
Los militares pertenecientes a las fuerzas especiales también son entrenados para actuar en este tipo de situaciones, pero el desarrollo de sus operativos es muy diferente al que llevan a cabo los policías. El militar no negocia. Cumple la misión primaria (detener al objetivo y si las cosas se complican, responder hasta las últimas consecuencias).
El policía puede abrir espacios para llevar el conflicto a un terreno estratégico y táctico conveniente, incluyendo la negociación para reducir los daños colaterales.
En este punto, dichos daños no se limitan a las lamentables y dolorosas bajas de civiles. Van más allá e impactan en el ánimo de la sociedad civil y de actores políticos nacionales y extranjeros.
Minan la imagen y el apoyo que determinados sectores de la sociedad puedan brindarle a las fuerzas armadas en esta lucha. Abren nuevas brechas para que el crimen organizado vuelva a explotar el recurso del rechazo a la participación militar contra el narcotráfico y permite nuevos escenarios de desestabilización y rechazo –por lo regular temporales– hacia las fuerzas armadas por sus excesos y actuación sospechosa.
A esto se suma el silencio incomprensible de los mandos o bien las versiones encontradas de gobiernos estatales y municipales.
Algo muy similar ocurre con la Marina, cuyos efectivos apoyaron en la captura de dos narcomenudistas (uno de ellos herido) y en su entrega a mandos policiacos de Santa Catarina (Eduardo Murrieta, director de la Policía Municipal). Uno de ellos apareció ejecutado horas después en un predio a las orillas del municipio. El otro, herido, fue internado en un hospital del municipio y luego buscado infructuosamente por sus familiares en varios centros de salud.
Al final, pese a las versiones y boletines de la Marina sobre lo ocurrido, queda la percepción de que algo sucedió durante el traslado y entrega del primero detenido.
Si ha sido tanto el empeño del Ejército y de la Marina por cuidar su actuación en el marco del respeto a los derechos humanos, ¿Por qué sus mandos no documentaron con foto y video el proceso de recepción, traslado y entrega del detenido para evitar suspicacias y versiones nebulosas sobre lo ocurrido?
Peor aún; si lo hicieron, ¿en dónde está el material que demostraría la actuación limpia de los marinos?
En tanto, los mandos policiacos de Santa Catarina están a horas de ser destituidos y sometidos a proceso por la muerte del primer detenido y la desaparición del segundo.
Estos son elementos que avivan más la llama de quienes le advertían al presidente Vicente Fox sobre los peligros de usar a los militares como policías, algo para lo que no están ni estarán diseñados nunca.
Lo dijimos en este espacio hace una semana al parafrasear al presidente Felipe Calderón cuando adelantaba que venían cosas más fuertes, en el contexto del asesinato de tres funcionarios del Consulado norteamericano en Ciudad Juárez y el asesinato de dos estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey: lo que sigue es la instauración del Estado de Excepción.
El combate al crimen organizado en este país ha escalado violentamente de nivel y naturaleza en unas pocas semanas.
El mismo martes, durante la visita del pleno del gabinete de seguridad nacional de los Estados Unidos a México, el Senado de la República le daba entrada a la que pudiera ser la modificación más importante de la Ley de Seguridad Nacional aprobada hace unos meses, y que permitirá en breve al presidente declarar el Estado de Excepción en una o varias entidades o municipios que hayan sido rebasados por el crimen organizado.
Las modificaciones, que funcionarán como un mecanismo paralelo a la aplicación del Artículo 129 constitucional que prevé la suspensión de garantías individuales, contemplan un mecanismo en el que el gobernador o alcalde soliciten de manera directa al jefe del Ejecutivo y al Senado la aplicación de Estado de Excepción tras documentar la imposibilidad para contener la acción del crimen organizado.
El Senado y el Ejecutivo revisarán fast track la situación y en un plazo de 48 horas podrán decidir si dicho mecanismo es aplicable, cuál o cuáles instancias asumirán el control de la seguridad en la entidad(es) o municipio(s), bajo que esquema operativo, con qué recursos, bajo qué mando y por cuánto tiempo.
En este último renglón, la iniciativa prevé periodos de actuación hasta por 18 meses…o más, según sea necesario.
Todo esto se analizó y se aprobó, de inicio, en el Senado mientras Hillary Clinton y su gente presentaban lo que muchos ven como la nueva cara de la Casa Blanca ante el problema del narcotráfico, ubicando este tema –ahora sí– como una agenda real y urgente para Washington.
La verdad es que en muchos aspectos las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional sólo vendrán a hacer oficial y jurídicamente más amplia la actuación de las fuerzas armadas, de la Policía Federal, de la PGR y de otras instancias para combatir a los cárteles de la droga.
En los hechos, los militares y las policías actúan desde tres o cuatro años aplicando las condiciones básicas del Estado de Excepción.
El verdadero galimatías será ver quién es el primer gobernador en reconocer que no puede con el narco, que sus policías están totalmente rebasados, que su estrategia y plan de seguridad estatal sirvieron para dos cosas, es decir, que gobierna un estado fallido.
El otro problema será aún más grave, ya que el jefe del Ejecutivo también podría tomar la iniciativa y declarar que no hay condiciones de gobernabilidad en tal o cual entidad (¿priista?, ¿perredista?, ¿panista?) asestando con ello una estocada de cara a los tempos del destape, por cierto inaugurados ayer por el propio Calderón con su declaración de que su sucesor debe tener como prioridad y experiencia el tema de la seguridad del país.
En cuanto a los candidatos inmediatos para la aplicación del Estado de Excepción, la lista es larga.
Daños colaterales
Con este escalamiento y la guerra que se libra no sólo en carreteras o en ranchos apartados, sino en las ciudades más importantes del país, atacando incluso a funcionarios estadunidenses, aumentan también los errores propios de una milicia entrenada para acabar con el enemigo, no para detenerlo y contener un ataque armado.
Todo lo contrario es lo que ha sucedió en Monterrey, Nuevo León, en los últimos días, con la muerte de dos posgraduados del Tecnológico, en una acción aparentemente defensiva del Ejército Mexicano, y la detención de dos narcomenudistas por parte de infantes de Marina que aseguran haberlos entregado a mandos policíacos.
Uno de ellos apareció ejecutado horas después de haber sido entregado a un comandante policiaco. El otro, herido durante el enfrentamiento con los marinos, fue ingresado a un hospital en Monterrey y desde ayer no aparece en ningún lado.
En ambos casos, la opacidad y la lentitud en el manejo de la información, las contradicciones y los vacíos de las autoridades federales y estatales dominan el ambiente.
De nueva cuenta tanto la Marina como el Ejército Mexicano le dan la razón, con sus excesos, con sus imprecisiones, a sus críticos y a quienes ahora además ponen en duda la preparación castrense para enfrentar escenarios en los que haya población civil de por medio.
No obstante, para los militares de carrera y para los defensores de la actuación de las fuerzas armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, estos juicios en contra del desempeño de las tropas carecen de valor porque en su lógica operativa las muertes accidentales al enfrentar a un atacante en escenarios urbanos implican bajas civiles, la muerte de inocentes en fuego cruzado como un hecho inevitable.
Esto es verdad, pero hasta cierto punto. En la estrategia militar un ataque a posiciones contrarias (enemigas, pues) se planea y desarrolla con la idea de llevar la misión a su fin. No hay espacio para negociaciones salvo que se trate de la rendición y la entrega de los enemigos.
Mucho menos hay espacio para desarrollar una operación y abortarla ante un escenario en el que se tenga que permitir que el enemigo escape porque una acción a fondo poned en riesgo la vida de civiles inocentes. La mentalidad y la estrategia militares no están construidas de esta forma. La actuación policíaca, por lo menos en la teoría, sí.
El policía debe estar entrenado para saber cómo manejarse en este tipo de escenarios probables. El desarrollo de una operación policial se da con una comunicación constante y con la posibilidad de que un operativo sea modificado radicalmente para no afectar a civiles inocentes, salvo en el caso de las acciones antiterroristas a gran escala, como las operaciones de rescate de rehenes, en donde se llega a calcular el número posible de bajas en una intervención de asalto bien coordinada.
Estos son escenarios ideales, pero que suelen darse en la realidad. Ejemplos concretos los tenemos en el fallido rescate de la señora Coppel, secuestrado en la ciudad de México y quien murió durante el enfrentamiento en el que se le intentó liberar por pate de elementos del Grupo Especial de Reacción a Intervención (GERI).
En el frustrado rescate murieron dos comandantes del grupo en fuego cruzado con sus compañeros. El asunto devino en la disolución del GERI y la baja inmediata de 32 elementos que laboran en varios estados del país en áreas de seguridad y antisecuestro.
Los militares pertenecientes a las fuerzas especiales también son entrenados para actuar en este tipo de situaciones, pero el desarrollo de sus operativos es muy diferente al que llevan a cabo los policías. El militar no negocia. Cumple la misión primaria (detener al objetivo y si las cosas se complican, responder hasta las últimas consecuencias).
El policía puede abrir espacios para llevar el conflicto a un terreno estratégico y táctico conveniente, incluyendo la negociación para reducir los daños colaterales.
En este punto, dichos daños no se limitan a las lamentables y dolorosas bajas de civiles. Van más allá e impactan en el ánimo de la sociedad civil y de actores políticos nacionales y extranjeros.
Minan la imagen y el apoyo que determinados sectores de la sociedad puedan brindarle a las fuerzas armadas en esta lucha. Abren nuevas brechas para que el crimen organizado vuelva a explotar el recurso del rechazo a la participación militar contra el narcotráfico y permite nuevos escenarios de desestabilización y rechazo –por lo regular temporales– hacia las fuerzas armadas por sus excesos y actuación sospechosa.
A esto se suma el silencio incomprensible de los mandos o bien las versiones encontradas de gobiernos estatales y municipales.
Algo muy similar ocurre con la Marina, cuyos efectivos apoyaron en la captura de dos narcomenudistas (uno de ellos herido) y en su entrega a mandos policiacos de Santa Catarina (Eduardo Murrieta, director de la Policía Municipal). Uno de ellos apareció ejecutado horas después en un predio a las orillas del municipio. El otro, herido, fue internado en un hospital del municipio y luego buscado infructuosamente por sus familiares en varios centros de salud.
Al final, pese a las versiones y boletines de la Marina sobre lo ocurrido, queda la percepción de que algo sucedió durante el traslado y entrega del primero detenido.
Si ha sido tanto el empeño del Ejército y de la Marina por cuidar su actuación en el marco del respeto a los derechos humanos, ¿Por qué sus mandos no documentaron con foto y video el proceso de recepción, traslado y entrega del detenido para evitar suspicacias y versiones nebulosas sobre lo ocurrido?
Peor aún; si lo hicieron, ¿en dónde está el material que demostraría la actuación limpia de los marinos?
En tanto, los mandos policiacos de Santa Catarina están a horas de ser destituidos y sometidos a proceso por la muerte del primer detenido y la desaparición del segundo.
Estos son elementos que avivan más la llama de quienes le advertían al presidente Vicente Fox sobre los peligros de usar a los militares como policías, algo para lo que no están ni estarán diseñados nunca.
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