Álvaro Delgado
Los partidos integrantes del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) presentaron hoy una queja contra el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Miranda, por presuntas violaciones constitucionales en el pacto antialianza entre el PAN y el PRI, que beneficia al gobernador Enrique Peña Nieto.
Los denunciantes aseguran que los funcionarios que firmaron como testigos “de honor” el convenio entre Beatriz Paredes y César Nava, presidentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), respectivamente, violaron el artículo 134 de la Constitución por infringir la neutralidad política y electoral.
Ese artículo constitucional ordena a los servidores públicos de la Federación, estados y municipios, que en todo tiempo tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En la queja firmada por el presidente del PRD, Jesús Ortega, y el coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México, Manuel Camacho, dirigida al presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, se afirma que Gómez Mont y Miranda, al firmar el convenio de Paredes y Nava, “infringen el principio de neutralidad política y electoral que les impone el Artículo 134”.
Se trata, añade, de una “actuación tendiente a afectar el desarrollo de la vida democrática en el país y el normal desarrollo de los poderes e instituciones públicas conforme al régimen constitucional de división de poderes, así como el derecho de celebrar alianzas y coaliciones electorales, la equidad entre los partidos políticos y el derecho de asociación política de los ciudadanos mexicanos”.
Las pruebas que acompañan a la queja son transcripciones de lo que han declarado públicamente los protagonistas sobre el pacto que consistió, según el convenio dado a conocer por Nava la noche del jueves, en que los legisladores priistas aprobarían la Ley de Ingresos propuesta por Felipe Calderón a cambio de que el PAN no se aliara con el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, justamente los que integran DIA, en las elecciones del Estado de México en 2011.
En el escrito de queja, entregado después del mediodía en las instalaciones del IFE, los miembros de DIA aclaran que recurrieron al IFE y no a la Procuraduría General de la República (PGR) para que haya sanciones.
“En México están ocurriendo cosas muy graves, pero lo peor es que nos estamos convirtiendo en un país donde, sin consecuencia, nada pasa al final, todo se remite al consabido se investigarán los hechos. En este caso el hecho está confirmado, los funcionarios han aceptado su participación. Lo que toca ahora es actuar. Está en sus manos hacerlo”.
En conferencia de prensa, Camacho y Ortega aseguraron que es criticable que los dirigentes de los partidos hayan participado en un acuerdo de este tipo, ya que no debieron hacerlo basándose en la aprobación de la Ley de Ingresos.
Al respecto, Leonardo Valdés no quiso adelantar ningún juicio sobre la queja y aseguró que el IFE dará trámite e investigará si se violentó la legislación. Al ser interrogado sobre si es democrático que un secretario de Estado participe en negociaciones que sólo competen a los partidos políticos, cuando se están conformando alianzas en los estados, insistió en que no adelantará juicios.
“Yo no podría ni debería emitir ninguna opinión sobre el particular, ya que será un tema que tendremos que estudiar en los términos de la legislación”, reiteró.
--¿Pero el IFE tiene competencia en esta circunstancia que ya es conocida?
--Vamos a conocer la queja que se presenta y solamente después de conocer la queja y los términos, así como la fundamentación legal en la que se presenta, podremos tomar una opinión. Pero antes de eso todo es prematuro y es especulación.
Los partidos integrantes del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) presentaron hoy una queja contra el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Miranda, por presuntas violaciones constitucionales en el pacto antialianza entre el PAN y el PRI, que beneficia al gobernador Enrique Peña Nieto.
Los denunciantes aseguran que los funcionarios que firmaron como testigos “de honor” el convenio entre Beatriz Paredes y César Nava, presidentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), respectivamente, violaron el artículo 134 de la Constitución por infringir la neutralidad política y electoral.
Ese artículo constitucional ordena a los servidores públicos de la Federación, estados y municipios, que en todo tiempo tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En la queja firmada por el presidente del PRD, Jesús Ortega, y el coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México, Manuel Camacho, dirigida al presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, se afirma que Gómez Mont y Miranda, al firmar el convenio de Paredes y Nava, “infringen el principio de neutralidad política y electoral que les impone el Artículo 134”.
Se trata, añade, de una “actuación tendiente a afectar el desarrollo de la vida democrática en el país y el normal desarrollo de los poderes e instituciones públicas conforme al régimen constitucional de división de poderes, así como el derecho de celebrar alianzas y coaliciones electorales, la equidad entre los partidos políticos y el derecho de asociación política de los ciudadanos mexicanos”.
Las pruebas que acompañan a la queja son transcripciones de lo que han declarado públicamente los protagonistas sobre el pacto que consistió, según el convenio dado a conocer por Nava la noche del jueves, en que los legisladores priistas aprobarían la Ley de Ingresos propuesta por Felipe Calderón a cambio de que el PAN no se aliara con el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, justamente los que integran DIA, en las elecciones del Estado de México en 2011.
En el escrito de queja, entregado después del mediodía en las instalaciones del IFE, los miembros de DIA aclaran que recurrieron al IFE y no a la Procuraduría General de la República (PGR) para que haya sanciones.
“En México están ocurriendo cosas muy graves, pero lo peor es que nos estamos convirtiendo en un país donde, sin consecuencia, nada pasa al final, todo se remite al consabido se investigarán los hechos. En este caso el hecho está confirmado, los funcionarios han aceptado su participación. Lo que toca ahora es actuar. Está en sus manos hacerlo”.
En conferencia de prensa, Camacho y Ortega aseguraron que es criticable que los dirigentes de los partidos hayan participado en un acuerdo de este tipo, ya que no debieron hacerlo basándose en la aprobación de la Ley de Ingresos.
Al respecto, Leonardo Valdés no quiso adelantar ningún juicio sobre la queja y aseguró que el IFE dará trámite e investigará si se violentó la legislación. Al ser interrogado sobre si es democrático que un secretario de Estado participe en negociaciones que sólo competen a los partidos políticos, cuando se están conformando alianzas en los estados, insistió en que no adelantará juicios.
“Yo no podría ni debería emitir ninguna opinión sobre el particular, ya que será un tema que tendremos que estudiar en los términos de la legislación”, reiteró.
--¿Pero el IFE tiene competencia en esta circunstancia que ya es conocida?
--Vamos a conocer la queja que se presenta y solamente después de conocer la queja y los términos, así como la fundamentación legal en la que se presenta, podremos tomar una opinión. Pero antes de eso todo es prematuro y es especulación.
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