José Gil Olmos
El gobierno de Estados Unidos cada día tiene más claro el peligro en que se ha convertido el narcotráfico en México. Quizá por ello es que a últimas fechas se le ha considerado como un riesgo a la seguridad nacional y ha crecido la presencia de la DEA y de la CIA desde la llegada del nuevo embajador Carlos Pascual, un experto en estabilización de países post-conflicto.
Apenas ayer el subdirector para asuntos de inteligencia de la DEA, Anthony Plácido, dijo en Washington que a Estados Unidos le interesa que México sea un país “seguro y estable” y advirtió que les preocupa el riesgo a la seguridad nacional en que se han convertido las bandas del crimen organizado.
El funcionario de la agencia de lucha contra las drogas se reunió con el subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde advirtió de los enormes riesgos que corre México por el crecimiento del poder y la impunidad de los grupos criminales.
El dato interesante de esta reunión es que no sólo habló del apoyo financiero a México a través del Plan Mérida (310 millones de dólares para 2011), sino de la necesidad de usar planes de inteligencia y no sólo la estrategia militar en la que se ha enfrascado Felipe Calderón.
Previsores, los norteamericanos ven que el narcotráfico en México ha trascendido hacia los linderos de la política y que incluso ha financiado algunos candidatos a presidentes municipales y se sospecha de algunos gobernadores también.
Luego del fracaso del Plan Colombia para disminuir la producción de cocaína en ese país y de terminar con los múltiples grupos que emergieron de la caída de los grandes capos, como Pablo Escobar, para México se prevé un giro y dar apoyo no sólo para la parte militar y policiaca, sino también para las labores de inteligencia.
La posibilidad de que surja un movimiento de insurgencia social en los próximos años y que este sea aprovechado por los poderosos grupos de narcotraficantes para desestabilizar el país, es un escenario que no descartan en Washington, y por ello han tomado previsiones y han traído más agentes de la DEA y la CIA hacia México.
En otros momentos difíciles del país, los estadunidenses han actuado de una manera similar trayendo agentes especializados en la inteligencia política para que actúen en caso de que se presente una situación de violencia generalizada en México y afecte su propia seguridad nacional.
Hay registro de que, en 1968, cuando se hablaba de un supuesto intento de golpe de estado por grupos de comunistas mezclados con estudiantes, aumentaron los agentes de inteligencia norteamericana en México. Para 1994 ocurrió lo mismo tras el levantamiento zapatista y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
Hoy parece que se repite la estrategia por los momentos tan difíciles que atraviesa el país producto de la guerra contra el narcotráfico, en la que ha habido 17 mil 900 muertos.
La sola posibilidad de que se produzca una inestabilidad social en víspera de las elecciones de 2012 y que esta sea impulsada y utilizada por el narcotráfico, ha provocado un cambio en la estrategia de ayuda por parte de Estados Unidos hacia México.
Los agentes de inteligencia política y de lucha contra el crimen organizado en encubierto al parecer han aumentado desde que llegó el nuevo embajador Carlos Pascual, quien ha tenido una carrera de 23 años en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de Estados Unidos.
Este personaje, de acuerdo con su biografía oficial, fungió como coordinador de reconstrucción y estabilización en el Departamento de Estado, donde encabezó y organizó la planeación del gobierno estadunidense para ayudar a estabilizar y reconstruir sociedades en transición posteriormente a conflictos o disputas civiles.
Su perfil no es, entonces, el de un diplomático de carrera que se distinga por sus tareas de enlace comercial, cultural o educativo, sino de asistencia en zonas de conflicto, como fue en Europa del Este y norte de Asia (Rusia, Ucrania y Eurasia) donde estuvo antes de llegar a México.
La pregunta es qué información habrán de tener en Estados Unidos sobre México para tomar decisiones estratégicas como inclinar hacia labores de inteligencia y ya no tanto militares y policiales la asistencia que darán en los próximos años.
Cualquiera que sea esta información tiene que ver con la seguridad nacional, y eso ya le da otro sentido a la lucha contra el crimen organizado en México y al apoyo del gobierno norteamericano.
El gobierno de Estados Unidos cada día tiene más claro el peligro en que se ha convertido el narcotráfico en México. Quizá por ello es que a últimas fechas se le ha considerado como un riesgo a la seguridad nacional y ha crecido la presencia de la DEA y de la CIA desde la llegada del nuevo embajador Carlos Pascual, un experto en estabilización de países post-conflicto.
Apenas ayer el subdirector para asuntos de inteligencia de la DEA, Anthony Plácido, dijo en Washington que a Estados Unidos le interesa que México sea un país “seguro y estable” y advirtió que les preocupa el riesgo a la seguridad nacional en que se han convertido las bandas del crimen organizado.
El funcionario de la agencia de lucha contra las drogas se reunió con el subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde advirtió de los enormes riesgos que corre México por el crecimiento del poder y la impunidad de los grupos criminales.
El dato interesante de esta reunión es que no sólo habló del apoyo financiero a México a través del Plan Mérida (310 millones de dólares para 2011), sino de la necesidad de usar planes de inteligencia y no sólo la estrategia militar en la que se ha enfrascado Felipe Calderón.
Previsores, los norteamericanos ven que el narcotráfico en México ha trascendido hacia los linderos de la política y que incluso ha financiado algunos candidatos a presidentes municipales y se sospecha de algunos gobernadores también.
Luego del fracaso del Plan Colombia para disminuir la producción de cocaína en ese país y de terminar con los múltiples grupos que emergieron de la caída de los grandes capos, como Pablo Escobar, para México se prevé un giro y dar apoyo no sólo para la parte militar y policiaca, sino también para las labores de inteligencia.
La posibilidad de que surja un movimiento de insurgencia social en los próximos años y que este sea aprovechado por los poderosos grupos de narcotraficantes para desestabilizar el país, es un escenario que no descartan en Washington, y por ello han tomado previsiones y han traído más agentes de la DEA y la CIA hacia México.
En otros momentos difíciles del país, los estadunidenses han actuado de una manera similar trayendo agentes especializados en la inteligencia política para que actúen en caso de que se presente una situación de violencia generalizada en México y afecte su propia seguridad nacional.
Hay registro de que, en 1968, cuando se hablaba de un supuesto intento de golpe de estado por grupos de comunistas mezclados con estudiantes, aumentaron los agentes de inteligencia norteamericana en México. Para 1994 ocurrió lo mismo tras el levantamiento zapatista y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
Hoy parece que se repite la estrategia por los momentos tan difíciles que atraviesa el país producto de la guerra contra el narcotráfico, en la que ha habido 17 mil 900 muertos.
La sola posibilidad de que se produzca una inestabilidad social en víspera de las elecciones de 2012 y que esta sea impulsada y utilizada por el narcotráfico, ha provocado un cambio en la estrategia de ayuda por parte de Estados Unidos hacia México.
Los agentes de inteligencia política y de lucha contra el crimen organizado en encubierto al parecer han aumentado desde que llegó el nuevo embajador Carlos Pascual, quien ha tenido una carrera de 23 años en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de Estados Unidos.
Este personaje, de acuerdo con su biografía oficial, fungió como coordinador de reconstrucción y estabilización en el Departamento de Estado, donde encabezó y organizó la planeación del gobierno estadunidense para ayudar a estabilizar y reconstruir sociedades en transición posteriormente a conflictos o disputas civiles.
Su perfil no es, entonces, el de un diplomático de carrera que se distinga por sus tareas de enlace comercial, cultural o educativo, sino de asistencia en zonas de conflicto, como fue en Europa del Este y norte de Asia (Rusia, Ucrania y Eurasia) donde estuvo antes de llegar a México.
La pregunta es qué información habrán de tener en Estados Unidos sobre México para tomar decisiones estratégicas como inclinar hacia labores de inteligencia y ya no tanto militares y policiales la asistencia que darán en los próximos años.
Cualquiera que sea esta información tiene que ver con la seguridad nacional, y eso ya le da otro sentido a la lucha contra el crimen organizado en México y al apoyo del gobierno norteamericano.
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