Ricardo Rocha
Me permito, señor Presidente, dirigirme a usted porque desde diciembre le envié una carta a su procurador Chávez Chávez y es hora que no me responde. Notará que, por respeto a su investidura, evado el tuteo que alguna vez nos unió en una tarea compartida.
Como tal vez sabe, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, fueron acusadas —junto con Jacinta Francisco Marcial, quien ya salió absuelta— del secuestro de seis agentes armados de la AFI-PGR cuando éstos llegaron a extorsionar al pueblo ñañu de Santiago Mexquititlán en Querétaro. Alberta y Teresa se atrevieron a exigir las identificaciones de los seis agentes federales. Luego, el caso se ha convertido en una larga cadena de venganzas y represión que ha mantenido a estas mujeres presas desde agosto de 2006. Peor aún, Teresa y Alberta acaban de ser condenadas a 21 años de prisión.
Es probable que alguien le comente que este caso nada tiene que ver con usted, porque ocurrió antes de su toma de posesión. Es cierto, pero déjeme aclararle que la PGR, que está a su servicio, ha tenido numerosas oportunidades de desistirse y no lo ha hecho. Es más, el procurador —y por tanto su abogado— exigía una condena no de 21 sino de 40 años. Una actitud aberrante que ya ha sido descalificada nacional e internacionalmente para vergüenza de este país. Mire: Amnistía Internacional ya las declaró presas de conciencia y la ONU ya dijo que se trata de un juicio injusto y abusivo por su triple condición de mujeres, indígenas y pobres.
Además, me despierto ayer con la buena nueva de que el actual gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, convenció al Congreso local para ir juntos ante la Suprema Corte de Justicia y abogar por su libertad. También sé que en el Senado Manlio Fabio Beltrones tuvo la sensibilidad de impulsar hoy un punto de acuerdo para revisar este oprobioso caso, denunciar las violaciones a los derechos humanos que implica y que se haga justicia.
Déjeme decirle que yo estoy seguro que Alberta y Teresa saldrán libres tarde o temprano: porque todo su proceso es una infame suma de arbitrariedades y porque ha de prevalecer el clamor por su libertad. En cambio creo que —con el debido respeto— usted dispone de unas cuantas horas para que alguien confiable le informe y en consecuencia retire los cargos, aun cuando ya jurídicamente no cuente. Creo que sería un bello gesto de su parte. De otra manera su Procuraduría y usted saldrán derrotados en los tribunales y sobre todo de cara a la nación. Le deseo sinceramente la mejor decisión.
Me permito, señor Presidente, dirigirme a usted porque desde diciembre le envié una carta a su procurador Chávez Chávez y es hora que no me responde. Notará que, por respeto a su investidura, evado el tuteo que alguna vez nos unió en una tarea compartida.
Como tal vez sabe, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, fueron acusadas —junto con Jacinta Francisco Marcial, quien ya salió absuelta— del secuestro de seis agentes armados de la AFI-PGR cuando éstos llegaron a extorsionar al pueblo ñañu de Santiago Mexquititlán en Querétaro. Alberta y Teresa se atrevieron a exigir las identificaciones de los seis agentes federales. Luego, el caso se ha convertido en una larga cadena de venganzas y represión que ha mantenido a estas mujeres presas desde agosto de 2006. Peor aún, Teresa y Alberta acaban de ser condenadas a 21 años de prisión.
Es probable que alguien le comente que este caso nada tiene que ver con usted, porque ocurrió antes de su toma de posesión. Es cierto, pero déjeme aclararle que la PGR, que está a su servicio, ha tenido numerosas oportunidades de desistirse y no lo ha hecho. Es más, el procurador —y por tanto su abogado— exigía una condena no de 21 sino de 40 años. Una actitud aberrante que ya ha sido descalificada nacional e internacionalmente para vergüenza de este país. Mire: Amnistía Internacional ya las declaró presas de conciencia y la ONU ya dijo que se trata de un juicio injusto y abusivo por su triple condición de mujeres, indígenas y pobres.
Además, me despierto ayer con la buena nueva de que el actual gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, convenció al Congreso local para ir juntos ante la Suprema Corte de Justicia y abogar por su libertad. También sé que en el Senado Manlio Fabio Beltrones tuvo la sensibilidad de impulsar hoy un punto de acuerdo para revisar este oprobioso caso, denunciar las violaciones a los derechos humanos que implica y que se haga justicia.
Déjeme decirle que yo estoy seguro que Alberta y Teresa saldrán libres tarde o temprano: porque todo su proceso es una infame suma de arbitrariedades y porque ha de prevalecer el clamor por su libertad. En cambio creo que —con el debido respeto— usted dispone de unas cuantas horas para que alguien confiable le informe y en consecuencia retire los cargos, aun cuando ya jurídicamente no cuente. Creo que sería un bello gesto de su parte. De otra manera su Procuraduría y usted saldrán derrotados en los tribunales y sobre todo de cara a la nación. Le deseo sinceramente la mejor decisión.
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