Eduardo Ibarra Aguirre
“¡Espurio, espurio, espurio…!”, se escuchó con fuerza e insistencia. Pero no crea usted que en una concentración del Movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional. Mucho menos en un acto de la “izquierda moderna entre comillas”, como la denominó el dirigente principal de aquél.
El coro retumbó enseguida de que Rubén Moreira Valdés refrendó lo que uno de cada tres mexicanos está convencido casi cuatro años después de la elección: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa “se robó la Presidencia de la República. Es usurpador e ilegítimo. Su gobierno ya se acabó, está encerradito en Los Pinos rodeado de guardias de seguridad”.
Al hermano del gobernador de Coahuila y extrovertido bailarín, acaso le asiste la razón. Como un día antes expuso, también en San Lázaro, César Augusto Santiago Ramírez al explicar que los acuerdos “están en la esencia de la construcción de la democracia”. Para el acreditado mapache en las filas del tricolor y desacreditado entre sus adversarios, “Gracias a uno de esos acuerdos está Felipe Calderón en una silla, lo que yo personalmente no acepto”. Resulta útil saberlo tanto tiempo después de consumado.
Lo que coloca en riesgosa fractura a la alianza es el acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2009 por los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, el secretario de Gobernación y el secretario general de Gobierno mexiquense, en representación de Enrique Peña Nieto, para intercambiar la aprobación por parte de las bancadas del PRI de la Ley de Ingresos 2010 a cambio de que el blanquiazul no realizara alianza con el Partido de la Revolución Democrática en 2011.
Para Andrés Manuel López Obrador es coyuntural el riesgo en el Prian, forjado a partir de 1988 por Carlos Salinas de Gortari, el otro ilegítimo, y sustituido en 2000 por el Anpri. Porque “cuando esté en debate el destino del país, el que haya un proyecto de nación distinto, ahí se van a volver a aglutinar”. Y de paso aclara que “la culpa no es nada más de Calderón, sino de todos quienes lo impusieron”. Y los muy valientes y cada vez más numerosos denunciantes hicieron mutis.
Los diputados del Anpri se dieron con todas la categorías a su alcance que la ciencia política mexicanizada les permitió, los días 10 y 11, éste con 135 oradores durante cinco horas.
Aparte de las altisonantes adjetivaciones no exentas de carga homofóbica y machismo primario, la batalla entre legisladores del PRI y del PAN permitió que se ventilaran temas de los que se habla en voz baja y nada se escribe, como el excesivo consumo de vinos y licores en Los Pinos en horarios de trabajo y el presunto asesinato de Mónica Pretelini Sáenz –“No lo digo yo, lo dicen muchos medios, está acusado de haber matado a su mujer”, dijo María Elena Pérez de Tejada Romero sobre Peña Nieto desde lo que la grandilocuencia denomina la “tribuna más alta de la patria”--, entre otros, además de que podría derivar en la formación de una comisión plural para investigar actos de corrupción de Calderón y José César Nava Vázquez cuando despacharon en la Secretaría de Energía y en Petróleos Mexicanos, respectivamente.
Por más criticables que puedan ser múltiples expresiones vertidas en San Lázaro, permitieron que algunos de los temas prohibidos adquirieran voz aunque fuera en forma rijosa. Mas es inaceptable que los protagonistas y firmantes del pacto con el que personajes del Ejecutivo federal y mexiquense sustituyeron al Legislativo en el desempeño de sus obligaciones, no asuman sus responsabilidades, aún pretendan exculpar al abogado y economista, y Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta lo defienda con el argumento de “construir gobernabilidad”.
Gracias, finalmente, a la CFE, Empresa de clase mundial, por el corte de luz de tres horas.
“¡Espurio, espurio, espurio…!”, se escuchó con fuerza e insistencia. Pero no crea usted que en una concentración del Movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional. Mucho menos en un acto de la “izquierda moderna entre comillas”, como la denominó el dirigente principal de aquél.
El coro retumbó enseguida de que Rubén Moreira Valdés refrendó lo que uno de cada tres mexicanos está convencido casi cuatro años después de la elección: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa “se robó la Presidencia de la República. Es usurpador e ilegítimo. Su gobierno ya se acabó, está encerradito en Los Pinos rodeado de guardias de seguridad”.
Al hermano del gobernador de Coahuila y extrovertido bailarín, acaso le asiste la razón. Como un día antes expuso, también en San Lázaro, César Augusto Santiago Ramírez al explicar que los acuerdos “están en la esencia de la construcción de la democracia”. Para el acreditado mapache en las filas del tricolor y desacreditado entre sus adversarios, “Gracias a uno de esos acuerdos está Felipe Calderón en una silla, lo que yo personalmente no acepto”. Resulta útil saberlo tanto tiempo después de consumado.
Lo que coloca en riesgosa fractura a la alianza es el acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2009 por los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, el secretario de Gobernación y el secretario general de Gobierno mexiquense, en representación de Enrique Peña Nieto, para intercambiar la aprobación por parte de las bancadas del PRI de la Ley de Ingresos 2010 a cambio de que el blanquiazul no realizara alianza con el Partido de la Revolución Democrática en 2011.
Para Andrés Manuel López Obrador es coyuntural el riesgo en el Prian, forjado a partir de 1988 por Carlos Salinas de Gortari, el otro ilegítimo, y sustituido en 2000 por el Anpri. Porque “cuando esté en debate el destino del país, el que haya un proyecto de nación distinto, ahí se van a volver a aglutinar”. Y de paso aclara que “la culpa no es nada más de Calderón, sino de todos quienes lo impusieron”. Y los muy valientes y cada vez más numerosos denunciantes hicieron mutis.
Los diputados del Anpri se dieron con todas la categorías a su alcance que la ciencia política mexicanizada les permitió, los días 10 y 11, éste con 135 oradores durante cinco horas.
Aparte de las altisonantes adjetivaciones no exentas de carga homofóbica y machismo primario, la batalla entre legisladores del PRI y del PAN permitió que se ventilaran temas de los que se habla en voz baja y nada se escribe, como el excesivo consumo de vinos y licores en Los Pinos en horarios de trabajo y el presunto asesinato de Mónica Pretelini Sáenz –“No lo digo yo, lo dicen muchos medios, está acusado de haber matado a su mujer”, dijo María Elena Pérez de Tejada Romero sobre Peña Nieto desde lo que la grandilocuencia denomina la “tribuna más alta de la patria”--, entre otros, además de que podría derivar en la formación de una comisión plural para investigar actos de corrupción de Calderón y José César Nava Vázquez cuando despacharon en la Secretaría de Energía y en Petróleos Mexicanos, respectivamente.
Por más criticables que puedan ser múltiples expresiones vertidas en San Lázaro, permitieron que algunos de los temas prohibidos adquirieran voz aunque fuera en forma rijosa. Mas es inaceptable que los protagonistas y firmantes del pacto con el que personajes del Ejecutivo federal y mexiquense sustituyeron al Legislativo en el desempeño de sus obligaciones, no asuman sus responsabilidades, aún pretendan exculpar al abogado y economista, y Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta lo defienda con el argumento de “construir gobernabilidad”.
Gracias, finalmente, a la CFE, Empresa de clase mundial, por el corte de luz de tres horas.
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