Marta Lamas
A la diputada priista Dalia Pérez Castañeda, por su voto digno.
El impacto de la oleada reaccionaria de reformas a 16 Constituciones estatales rebasó las fronteras de México y llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington y a la reunión del Consejo de la Internacional Socialista (IS) en República Dominicana. Ante la CIDH, 860 ciudadanas de siete estados (43 en Colima, 120 en Morelos, 176 en Sonora, 27 en Quintana Roo, 57 en Guanajuato, 274 en Durango y 163 en Puebla), todas ellas en edad reproductiva, presentaron sus denuncias y reclamos porque las reformas contravienen la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la salud y a elegir un proyecto de vida en condiciones de integridad personal, ejerciendo las libertades de conciencia y pensamiento, con igual protección ante la ley y sin discriminación alguna. Actualmente, la CIDH está analizando las peticiones.
Asimismo, un grupo de feministas asistió a la reunión del Consejo de la Internacional Socialista para denunciar que el PRI, partido integrante de dicha organización, está aprobando leyes que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El presidente de la IS, Georgios Papandreou, respaldó la necesidad de defender los derechos reproductivos, en concreto el derecho al aborto, y la italiana Pía Locatelli, quien preside la Comisión de la Mujer de la misma agrupación, hizo un llamado recordando la Declaración de Stuttgart (2007), en la que se reconoce el reto de garantizar el acceso a servicios sanitarios y al aborto seguro. Locatelli expresó su profunda preocupación y sorpresa al ver que partidos supuestamente progresistas han impulsado retrocesos y no se han comprometido a frenar cambios legislativos contrarios a los derechos humanos de las mujeres.
La Internacional Socialista de Mujeres hizo un llamado a todos los partidos progresistas del mundo a sumarse a la lucha contra prácticas que restringen la autonomía y los derechos de las mujeres y denunció la injerencia de la Iglesia en las legislaciones. Delegados de varios países avalaron la declaración, que textualmente dice:
La Internacional Socialista reprueba la elaboración o modificación de leyes que obliguen a las mujeres a continuar con un embarazo no deseado, especialmente en casos de violación, o que pone en riesgo su vida y su salud. Asimismo, repudiamos en cualquier parte del mundo la criminalización de las mujeres y el hecho de que sean encarceladas (particularmente mujeres pobres en América Latina y el Caribe) por su decisión de interrumpir un embarazo no deseado.
Aunque el PRI y el PAN tienen una responsabilidad conjunta sobre las reformas aprobadas en las 16 entidades federativas, son diputados y gobernadores priistas los que, al traicionar su propia tradición liberal, han provocado no sólo un escándalo político, sino también una fuerte movilización dentro de su propio partido. Ojalá que el llamado de atención de la Internacional Socialista cale en las conciencias de los priistas conservadores. Tal vez esto ha forzado a su presidenta, Beatriz Paredes, a declarar públicamente su postura (El Universal, 30 de noviembre). Esperemos que, además de sus precisiones, exija que su partido realice debates públicos de cara a la ciudadanía en las demás entidades donde ya hay iniciativas de ley similares.
La criminalización del aborto o su despenalización responden a visiones del mundo, de la justicia social, de la salud pública y de la equidad entre mujeres y hombres. Por eso los partidos políticos tienen posiciones públicas al respecto, por más que algunos de sus integrantes difieran de ellas. Tal es el caso del PAN, partido que consistentemente defiende el dogma católico, aunque muchos de sus militantes jóvenes estén por la despenalización. El PRI, que defiende el Estado laico, que se precia de ser socialdemócrata y de pertenecer a la Internacional Socialista, hoy ve a algunos de sus diputados y gobernadores impulsando o sumándose a reformas de claro tufo clerical.
Si bien ningún presidente de partido puede “mandar” autoritariamente sobre los gobernadores y diputados locales, sí puede establecer definiciones básicas de la línea política partidaria. Hoy, Beatriz Paredes enfrenta varias responsabilidades como presidenta de un partido integrante de la IS. Se me ocurren tres: 1) informar a sus correligionarios sobre qué significa para el PRI ser integrante de la Internacional Socialista; 2) hacerlos conscientes de los riesgos de ir en contra de ciertos principios políticos y éticos; y 3) desalentar la práctica de votar leyes de espaldas a la sociedad e insistir en la importancia de hacer foros de debate público y encuestas de opinión.
Finalmente, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Estas aberrantes reformas –aberrantes por la forma y por el fondo– están sirviendo para distinguir a los priistas. Queda claro que los diputados que aprobaron las reformas y los gobernadores que no las vetaron están socavando la tradición liberal del PRI. Habrá que ver qué hacen los priistas que sí quieren mantenerla.
A la diputada priista Dalia Pérez Castañeda, por su voto digno.
El impacto de la oleada reaccionaria de reformas a 16 Constituciones estatales rebasó las fronteras de México y llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington y a la reunión del Consejo de la Internacional Socialista (IS) en República Dominicana. Ante la CIDH, 860 ciudadanas de siete estados (43 en Colima, 120 en Morelos, 176 en Sonora, 27 en Quintana Roo, 57 en Guanajuato, 274 en Durango y 163 en Puebla), todas ellas en edad reproductiva, presentaron sus denuncias y reclamos porque las reformas contravienen la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la salud y a elegir un proyecto de vida en condiciones de integridad personal, ejerciendo las libertades de conciencia y pensamiento, con igual protección ante la ley y sin discriminación alguna. Actualmente, la CIDH está analizando las peticiones.
Asimismo, un grupo de feministas asistió a la reunión del Consejo de la Internacional Socialista para denunciar que el PRI, partido integrante de dicha organización, está aprobando leyes que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El presidente de la IS, Georgios Papandreou, respaldó la necesidad de defender los derechos reproductivos, en concreto el derecho al aborto, y la italiana Pía Locatelli, quien preside la Comisión de la Mujer de la misma agrupación, hizo un llamado recordando la Declaración de Stuttgart (2007), en la que se reconoce el reto de garantizar el acceso a servicios sanitarios y al aborto seguro. Locatelli expresó su profunda preocupación y sorpresa al ver que partidos supuestamente progresistas han impulsado retrocesos y no se han comprometido a frenar cambios legislativos contrarios a los derechos humanos de las mujeres.
La Internacional Socialista de Mujeres hizo un llamado a todos los partidos progresistas del mundo a sumarse a la lucha contra prácticas que restringen la autonomía y los derechos de las mujeres y denunció la injerencia de la Iglesia en las legislaciones. Delegados de varios países avalaron la declaración, que textualmente dice:
La Internacional Socialista reprueba la elaboración o modificación de leyes que obliguen a las mujeres a continuar con un embarazo no deseado, especialmente en casos de violación, o que pone en riesgo su vida y su salud. Asimismo, repudiamos en cualquier parte del mundo la criminalización de las mujeres y el hecho de que sean encarceladas (particularmente mujeres pobres en América Latina y el Caribe) por su decisión de interrumpir un embarazo no deseado.
Aunque el PRI y el PAN tienen una responsabilidad conjunta sobre las reformas aprobadas en las 16 entidades federativas, son diputados y gobernadores priistas los que, al traicionar su propia tradición liberal, han provocado no sólo un escándalo político, sino también una fuerte movilización dentro de su propio partido. Ojalá que el llamado de atención de la Internacional Socialista cale en las conciencias de los priistas conservadores. Tal vez esto ha forzado a su presidenta, Beatriz Paredes, a declarar públicamente su postura (El Universal, 30 de noviembre). Esperemos que, además de sus precisiones, exija que su partido realice debates públicos de cara a la ciudadanía en las demás entidades donde ya hay iniciativas de ley similares.
La criminalización del aborto o su despenalización responden a visiones del mundo, de la justicia social, de la salud pública y de la equidad entre mujeres y hombres. Por eso los partidos políticos tienen posiciones públicas al respecto, por más que algunos de sus integrantes difieran de ellas. Tal es el caso del PAN, partido que consistentemente defiende el dogma católico, aunque muchos de sus militantes jóvenes estén por la despenalización. El PRI, que defiende el Estado laico, que se precia de ser socialdemócrata y de pertenecer a la Internacional Socialista, hoy ve a algunos de sus diputados y gobernadores impulsando o sumándose a reformas de claro tufo clerical.
Si bien ningún presidente de partido puede “mandar” autoritariamente sobre los gobernadores y diputados locales, sí puede establecer definiciones básicas de la línea política partidaria. Hoy, Beatriz Paredes enfrenta varias responsabilidades como presidenta de un partido integrante de la IS. Se me ocurren tres: 1) informar a sus correligionarios sobre qué significa para el PRI ser integrante de la Internacional Socialista; 2) hacerlos conscientes de los riesgos de ir en contra de ciertos principios políticos y éticos; y 3) desalentar la práctica de votar leyes de espaldas a la sociedad e insistir en la importancia de hacer foros de debate público y encuestas de opinión.
Finalmente, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Estas aberrantes reformas –aberrantes por la forma y por el fondo– están sirviendo para distinguir a los priistas. Queda claro que los diputados que aprobaron las reformas y los gobernadores que no las vetaron están socavando la tradición liberal del PRI. Habrá que ver qué hacen los priistas que sí quieren mantenerla.
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