Usó criterio similar en el caso Pensionissste
Alfredo Méndez / La Jornada
La negativa de Guillermina Coutiño Mata a conceder el amparo a los electricistas representados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no es el primer fallo de la juzgadora federal en contra de trabajadores al servicio del Estado.
En noviembre pasado también rechazó otorgar la protección de la justicia federal a un grupo de 300 trabajadores, principalmente maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes por medio de demandas colectivas de amparo impugnaron la aplicación del Pensionissste y las Afores.
Para su resolución, Coutiño utilizó criterios jurídicos similares a los que expresó el viernes pasado al fallar en contra de los electricistas que impugnaron el decreto presidencial de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Según consta en uno de los argumentos del resolutivo judicial relativo a la demanda contra el Pensionissste, al que tuvo acceso este diario, "es improcedente otorgar el amparo a un grupo de trabajadores (burócratas), porque de concederles la protección de la justicia federal quedarían en situación diferente al resto de los trabajadores del país, y eso pondría en riesgo los intereses de la nación".
Ese mismo criterio fue confirmado por los tribunales colegiados en materia del trabajo, al negar en definitiva el amparo a los quejosos que impugnaron el Pensionissste.
En el juzgado a cargo de Coutiño está pendiente el fallo de otras 250 mil demandas de amparo similares, aunque lo más probable es que la juzgadora aplique el mismo razonamiento y niegue el amparo a otro grupo de maestros de la CNTE.
"A partir del 30 de enero de 2009, unos 300 mil empleados públicos comenzaron a presentar demandas de amparo grupales para impugnar el Pensionissste y las Afores como parte de las acciones jurídicas para continuar la lucha contra la nueva Ley del ISSSTE", informó Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, que representa a buena parte de los quejosos.
El jurista sostuvo que "la actitud de la juez Coutiño viene a acreditar que en nuestro país se imparte justicia por consigna", pues sus resoluciones "son un espaldarazo a las grandes decisiones económicas del gobierno de Felipe Calderón, cuyo gobierno se ha caracterizado por una ofensiva brutal en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores".
Alfredo Méndez / La Jornada
La negativa de Guillermina Coutiño Mata a conceder el amparo a los electricistas representados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no es el primer fallo de la juzgadora federal en contra de trabajadores al servicio del Estado.
En noviembre pasado también rechazó otorgar la protección de la justicia federal a un grupo de 300 trabajadores, principalmente maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes por medio de demandas colectivas de amparo impugnaron la aplicación del Pensionissste y las Afores.
Para su resolución, Coutiño utilizó criterios jurídicos similares a los que expresó el viernes pasado al fallar en contra de los electricistas que impugnaron el decreto presidencial de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Según consta en uno de los argumentos del resolutivo judicial relativo a la demanda contra el Pensionissste, al que tuvo acceso este diario, "es improcedente otorgar el amparo a un grupo de trabajadores (burócratas), porque de concederles la protección de la justicia federal quedarían en situación diferente al resto de los trabajadores del país, y eso pondría en riesgo los intereses de la nación".
Ese mismo criterio fue confirmado por los tribunales colegiados en materia del trabajo, al negar en definitiva el amparo a los quejosos que impugnaron el Pensionissste.
En el juzgado a cargo de Coutiño está pendiente el fallo de otras 250 mil demandas de amparo similares, aunque lo más probable es que la juzgadora aplique el mismo razonamiento y niegue el amparo a otro grupo de maestros de la CNTE.
"A partir del 30 de enero de 2009, unos 300 mil empleados públicos comenzaron a presentar demandas de amparo grupales para impugnar el Pensionissste y las Afores como parte de las acciones jurídicas para continuar la lucha contra la nueva Ley del ISSSTE", informó Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, que representa a buena parte de los quejosos.
El jurista sostuvo que "la actitud de la juez Coutiño viene a acreditar que en nuestro país se imparte justicia por consigna", pues sus resoluciones "son un espaldarazo a las grandes decisiones económicas del gobierno de Felipe Calderón, cuyo gobierno se ha caracterizado por una ofensiva brutal en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores".
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