John M. Ackerman
Si tuviéramos un concurso para coronar la disposición constitucional más violentada y atropellada, entre las finalistas no podría faltar el artículo 28 de la Carta Magna, que a la letra señala: “…quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos…”.
Carlos Slim controla más de 80% del mercado de la telefonía fija y 70% de la telefonía móvil; Televisa, 70% de la televisión abierta; Cemex, 80% de la producción de cemento, y Grupo Modelo, 63% del mercado de cerveza. Los mercados de leche, huevo, tortilla, pan blanco y servicios financieros también son controlados por dos o tres empresas cada uno. No es por nada que nuestro país ha recibido una calificación reprobatoria de 3.5 (de un total de 7 puntos) en materia de política antimonopolios por parte del Foro Económico Mundial.
En México el “neoliberalismo” ha resultado ser todo menos “liberal”, ya que, en lugar de fomentar un mercado competitivo, las reformas económicas de las últimas dos décadas han estado basadas en el fortalecimiento de grandes consorcios empresariales que controlan sus respectivos ramos de la economía.
Si Felipe Calderón realmente estuviera interesado en reactivar la economía nacional, en lugar de orquestar sus andanadas en contra de supuestos “privilegios” para los trabajadores, como en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, se preocuparía más por desarticular el control monopólico que ejerce ese puñado de conspicuos empresarios.
En tal contexto habría que celebrar la multa que, por más de 47 millones de pesos, la Comisión Federal de Competencia (CFC) impuso recientemente al Grupo Televisa debido a sus prácticas monopólicas. Si bien esta cantidad es apenas un rasguño para las utilidades de Televisa, también representa una señal positiva de que la autoridad no está dispuesta a hacerse de la vista gorda ante todos los casos de evidente competencia desleal que ocurren a diario en el país. El hecho de que la CFC se haya atrevido a multar a una firma con tanto poder habla igualmente bien de la congruencia de los tres comisionados que votaron a favor de la sanción: Eduardo Pérez Motta (presidente), Miguel Flores y Rodrigo Morales.
La multa fue por el intento de Televisa de eliminar de la competencia a una empresa de televisión por cable, Tele Cable Centro Occidente, negándose a proporcionarle acceso a los canales de televisión abierta de Televisa (2, 4, 5 y 9) entre 2006 y 2008. Esta práctica discriminatoria se hizo con el fin de beneficiar a Sky, controlada por Televisa, que buscaba proporcionar servicios de televisión de paga en la misma zona geográfica que Tele Cable.
Sin embargo, aunque la multa representa un hito histórico, no queda claro hasta dónde pueda tener efectos preventivos o hasta qué punto contribuya a resolver el problema de fondo de la concentración económica. Pasaron más de dos años entre la presentación de la queja y la resolución de la CFC, y todavía se espera un largo proceso judicial de impugnación. Asimismo, el reducido monto de la sanción podrá ser asimilado fácilmente por Televisa. Tal y como ha ocurrido con las minimultas impuestas por el Instituto Federal Electoral (IFE) a los medios de comunicación, la lección al final de la historia es que resulta muy barato violar la ley.
En consecuencia, como parte de la agenda para la reforma del Estado, urge dotar de mayores facultades y autonomía a la CFC. Como bien ha señalado el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su propuesta para la reforma del Estado que presentó al Senado de la República, así como la doctora Irma Eréndira Sandoval en su nuevo libro, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, Siglo XXI/IIS-UNAM, 2009, la construcción de un nuevo Estado democrático necesariamente pasa por el fortalecimiento de nuestros órganos reguladores de mercado.
En primer lugar, habría que modificar la fórmula para el cálculo de las multas máximas. Actualmente se fija un tope de 82 millones de pesos, independientemente de la gravedad de la práctica monopólica o del tamaño de la empresa sancionada. Una mejor fórmula sería que la multa máxima fuera un porcentaje de las ventas anuales de la empresa correspondiente, como ocurre en la Unión Europea y en países como Sudáfrica, Brasil o la India.
Otra reforma importante, propuesta por la propia CFC, consiste en modificar el Código Penal para permitir fincar responsabilidades penales en contra de empresarios que violen de manera flagrante la legislación. Actualmente, la redacción del Código Penal hace prácticamente imposible este tipo de sanciones, cuando en naciones como Estados Unidos e Inglaterra existen penas de cinco a 10 años de cárcel para delitos en contra de la competencia económica.
Finalmente, sería necesario transformar todos los órganos reguladores del Estado mexicano (como la CFC, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la CNBV y la Comisión Reguladora de Energía, entre otros), con el fin de que los órganos “desconcentrados” pasen a ser “descentralizados autónomos” que funcionen con mayor independencia respecto del titular del Poder Ejecutivo y de los poderes fácticos que deben regular. Una reforma de esta naturaleza también permitiría al Senado de la República intervenir de manera plena tanto en el nombramiento de los titulares de estas comisiones como en la vigilancia de su desempeño.
Afortunadamente, ya existen iniciativas que abordan estos temas y que han sido presentadas por el hasta hace poco diputado federal Alejandro Sánchez Camacho (PRD) y por los senadores Santiago Creel y Juan Bueno Torio (PAN). Sin embargo, falta pasar de los buenos propósitos a la acción si queremos salir del hoyo en que nos encontramos actualmente en materia de competencia económica.
Si tuviéramos un concurso para coronar la disposición constitucional más violentada y atropellada, entre las finalistas no podría faltar el artículo 28 de la Carta Magna, que a la letra señala: “…quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos…”.
Carlos Slim controla más de 80% del mercado de la telefonía fija y 70% de la telefonía móvil; Televisa, 70% de la televisión abierta; Cemex, 80% de la producción de cemento, y Grupo Modelo, 63% del mercado de cerveza. Los mercados de leche, huevo, tortilla, pan blanco y servicios financieros también son controlados por dos o tres empresas cada uno. No es por nada que nuestro país ha recibido una calificación reprobatoria de 3.5 (de un total de 7 puntos) en materia de política antimonopolios por parte del Foro Económico Mundial.
En México el “neoliberalismo” ha resultado ser todo menos “liberal”, ya que, en lugar de fomentar un mercado competitivo, las reformas económicas de las últimas dos décadas han estado basadas en el fortalecimiento de grandes consorcios empresariales que controlan sus respectivos ramos de la economía.
Si Felipe Calderón realmente estuviera interesado en reactivar la economía nacional, en lugar de orquestar sus andanadas en contra de supuestos “privilegios” para los trabajadores, como en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, se preocuparía más por desarticular el control monopólico que ejerce ese puñado de conspicuos empresarios.
En tal contexto habría que celebrar la multa que, por más de 47 millones de pesos, la Comisión Federal de Competencia (CFC) impuso recientemente al Grupo Televisa debido a sus prácticas monopólicas. Si bien esta cantidad es apenas un rasguño para las utilidades de Televisa, también representa una señal positiva de que la autoridad no está dispuesta a hacerse de la vista gorda ante todos los casos de evidente competencia desleal que ocurren a diario en el país. El hecho de que la CFC se haya atrevido a multar a una firma con tanto poder habla igualmente bien de la congruencia de los tres comisionados que votaron a favor de la sanción: Eduardo Pérez Motta (presidente), Miguel Flores y Rodrigo Morales.
La multa fue por el intento de Televisa de eliminar de la competencia a una empresa de televisión por cable, Tele Cable Centro Occidente, negándose a proporcionarle acceso a los canales de televisión abierta de Televisa (2, 4, 5 y 9) entre 2006 y 2008. Esta práctica discriminatoria se hizo con el fin de beneficiar a Sky, controlada por Televisa, que buscaba proporcionar servicios de televisión de paga en la misma zona geográfica que Tele Cable.
Sin embargo, aunque la multa representa un hito histórico, no queda claro hasta dónde pueda tener efectos preventivos o hasta qué punto contribuya a resolver el problema de fondo de la concentración económica. Pasaron más de dos años entre la presentación de la queja y la resolución de la CFC, y todavía se espera un largo proceso judicial de impugnación. Asimismo, el reducido monto de la sanción podrá ser asimilado fácilmente por Televisa. Tal y como ha ocurrido con las minimultas impuestas por el Instituto Federal Electoral (IFE) a los medios de comunicación, la lección al final de la historia es que resulta muy barato violar la ley.
En consecuencia, como parte de la agenda para la reforma del Estado, urge dotar de mayores facultades y autonomía a la CFC. Como bien ha señalado el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su propuesta para la reforma del Estado que presentó al Senado de la República, así como la doctora Irma Eréndira Sandoval en su nuevo libro, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, Siglo XXI/IIS-UNAM, 2009, la construcción de un nuevo Estado democrático necesariamente pasa por el fortalecimiento de nuestros órganos reguladores de mercado.
En primer lugar, habría que modificar la fórmula para el cálculo de las multas máximas. Actualmente se fija un tope de 82 millones de pesos, independientemente de la gravedad de la práctica monopólica o del tamaño de la empresa sancionada. Una mejor fórmula sería que la multa máxima fuera un porcentaje de las ventas anuales de la empresa correspondiente, como ocurre en la Unión Europea y en países como Sudáfrica, Brasil o la India.
Otra reforma importante, propuesta por la propia CFC, consiste en modificar el Código Penal para permitir fincar responsabilidades penales en contra de empresarios que violen de manera flagrante la legislación. Actualmente, la redacción del Código Penal hace prácticamente imposible este tipo de sanciones, cuando en naciones como Estados Unidos e Inglaterra existen penas de cinco a 10 años de cárcel para delitos en contra de la competencia económica.
Finalmente, sería necesario transformar todos los órganos reguladores del Estado mexicano (como la CFC, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la CNBV y la Comisión Reguladora de Energía, entre otros), con el fin de que los órganos “desconcentrados” pasen a ser “descentralizados autónomos” que funcionen con mayor independencia respecto del titular del Poder Ejecutivo y de los poderes fácticos que deben regular. Una reforma de esta naturaleza también permitiría al Senado de la República intervenir de manera plena tanto en el nombramiento de los titulares de estas comisiones como en la vigilancia de su desempeño.
Afortunadamente, ya existen iniciativas que abordan estos temas y que han sido presentadas por el hasta hace poco diputado federal Alejandro Sánchez Camacho (PRD) y por los senadores Santiago Creel y Juan Bueno Torio (PAN). Sin embargo, falta pasar de los buenos propósitos a la acción si queremos salir del hoyo en que nos encontramos actualmente en materia de competencia económica.
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