El gobernador Enrique Peña Nieto y el procurador Eduardo Medina Mora no fueron señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como responsables de grave violación de garantías individuales durante los disturbios de 2006 en San Salvador Atenco.
Ocho de los once Ministros de la Corte afirmaron el 11 de febrero que las violaciones sólo se pueden atribuir a los cuerpos policiacos que ejecutaron materialmente los operativos, así como a los mandos encargados de la coordinación y supervisión.
La mayoría señaló expresamente que no se puede atribuir la violación de garantías a los altos funcionarios que autorizaron los operativos, ya que la decisión para el uso de la fuerza fue legítima y justificada.
"Las autoridades involucradas en las violaciones graves que se cometieron no comprenden a los altos mandos federal y estatal que decidieron usar la fuerza pública... sino únicamente compete a quienes al pretender cumplimentarlas, no actuaron dentro del marco Constitucional y legal", afirmó Sergio Valls.
"Deslindo de toda posibilidad de involucramiento en los hechos consistentes en violación de garantías a estas autoridades que he mencionado", dijo Margarita Luna, luego de narrar una reunión del 3 de mayo de 2006 en la que Peña Nieto, Medina Mora y otros altos funcionarios autorizaron los operativos.
"Decir que en esta reunión hubo una estrategia de Estado para vengarse de los pobladores de Atenco, desde mi punto de vista no tiene ningún apoyo jurídico", afirmó el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz.
Fernando Franco, José Ramón Cossío, Mariano Azuela, Olga Sánchez y Salvador Aguirre también rechazaron señalar a los altos funcionarios.
Ocho de los once Ministros de la Corte afirmaron el 11 de febrero que las violaciones sólo se pueden atribuir a los cuerpos policiacos que ejecutaron materialmente los operativos, así como a los mandos encargados de la coordinación y supervisión.
La mayoría señaló expresamente que no se puede atribuir la violación de garantías a los altos funcionarios que autorizaron los operativos, ya que la decisión para el uso de la fuerza fue legítima y justificada.
"Las autoridades involucradas en las violaciones graves que se cometieron no comprenden a los altos mandos federal y estatal que decidieron usar la fuerza pública... sino únicamente compete a quienes al pretender cumplimentarlas, no actuaron dentro del marco Constitucional y legal", afirmó Sergio Valls.
"Deslindo de toda posibilidad de involucramiento en los hechos consistentes en violación de garantías a estas autoridades que he mencionado", dijo Margarita Luna, luego de narrar una reunión del 3 de mayo de 2006 en la que Peña Nieto, Medina Mora y otros altos funcionarios autorizaron los operativos.
"Decir que en esta reunión hubo una estrategia de Estado para vengarse de los pobladores de Atenco, desde mi punto de vista no tiene ningún apoyo jurídico", afirmó el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz.
Fernando Franco, José Ramón Cossío, Mariano Azuela, Olga Sánchez y Salvador Aguirre también rechazaron señalar a los altos funcionarios.
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