Miguel Ángel Granados Chapa
El todavía auditor, Arturo González de Aragón, notificó que no sería candidato por tener dudas sobre la transparencia y equidad del proceso mediante el que se elegirá a su sucesor. Hizo notar la necesidad de garantizar que su relevo no tenga conflicto de intereses
Dos veces antes, una con éxito y otra sin él, Beatriz Paredes se interpuso en el camino de Gregorio
Guerrero Pozas. Hace ocho años, cuando la lideresa nacional del PRI encabezaba el grupo tricolor en San Lázaro, en acuerdo con Felipe Calderón, que hacía lo mismo con los diputados panistas, rechazó la confirmación del entonces auditor superior de la Federación quien, como ahora hizo Arturo González de Aragón, reclamaba su derecho a ser nombrado para un segundo periodo (sobre todo porque el suyo apenas se iniciaba) o a recibir explicaciones de por qué no se expedía una nueva designación. La segunda vez ocurrió apenas el año pasado, cuando la Cámara de Diputados eligió por primera vez al contralor general del Instituto Federal Electoral, hasta ese momento sujeto al escrutinio de una controlaría interna. Ya había acuerdo entre todas las fracciones para elegir a Guerrero Pozas, pero de última hora la dirigente nacional priista pidió dar marcha atrás en ese pacto. Fue demasiado tarde y el contador formado en el Instituto Politécnico Nacional, al que esa institución había presentado como candidato al nuevo y delicado cargo en el órgano electoral, fue elegido por amplia mayoría: 367 votos (obviamente incluidos los priistas) a favor, 49 en contra, seis abstenciones y cinco votos por otras personas.
Ahora Guerrero Pozas aspira a dirigir de nuevo la Auditoría Superior de la Federación. Había sido elegido en 1997 contador mayor de Hacienda, entonces denominación del órgano de la Cámara de Diputados que escruta el gasto público y el desempeño gubernamental, y quedó al frente de la Auditoría Superior de la Federación, creada en 2000 como nueva modalidad de la Contaduría Mayor. Cuando se le negó la reelección, Guerrero Pozas solicitó amparo, que resolvió en su contra, en última instancia, la Suprema Corte no obstante que el ministro Genaro David Góngora Pimentel le dio la razón en su proyecto de sentencia, derrotado por la mayoría.
En los ocho años corridos desde la conclusión de su encargo en la ASF, Guerrero Pozas ha ejercido funciones de contraloría en Pemex, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Financiera Rural y el IFE. Al año y medio de su elección para vigilar el manejo organizativo y financiero de ese instituto resolvió presentar su candidatura a la Auditoría Superior. Se inscribió el viernes pasado, último día para ese efecto, y será sin duda uno de los candidatos -42 que se registraron, menos los que no cumplan los requisitos- que a partir de hoy lunes serán entrevistados por la Comisión de Vigilancia. Será la cuarta legislatura con la que tenga trato, después de aquella que lo eligió contador mayor (la 57, primera en la que el PRI no tuvo mayoría), la que le negó el refrendo de su mandato; y la que lo eligió contralor del IFE).
En una carta dirigida a la diputada Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el auditor saliente, todavía en funciones durante este mes, Arturo González de Aragón, informó que él no se inscribiría al concurso por tener dudas sobre la legalidad, la transparencia y la equidad del proceso. Emitió además algunas recomendaciones a los legisladores. Los conminó a "garantizar que la persona que se elija no proceda de partido político alguno y no tenga conflicto de intereses presente, y riesgo futuro" de tenerlo.
Hay candidatos que expresamente tienen militancia partidaria o nexos estrechos con partidos, que los ubicarían en la hipótesis que el casi ex auditor insta a evitar. Se trata de José María Eugenio Núñez Murillo y de Raúl Robles Segura. El primero fue diputado federal panista en la 58 legislatura, de 2000 a 2003 y luego ha ejercido funciones de contraloría en Pemex-Refinación y en la Secretaría de Gobernación. Por su parte, Robles Segura, que es contralor de la UNAM, ha mantenido una estrecha vinculación con el ahora coordinador de los diputados priistas, Francisco Rojas. En 1983 fue subsecretario B en la naciente Secretaría de la Contraloría, cuyo primer titular fue el propio Rojas, quien invitó a Robles Segura a seguir colaborando con él cuando en 1987 fue trasladado a Pemex, donde sirvió hasta 1994, lapso en que Robles Segura lo acompañó como contralor y aun subdirector de Comercialización.
Hay otros candidatos notorios o que se han hecho notar con motivo de este certamen para dirigir la Auditoría. Entre ellos se encuentra Gabriel Reyes Orona, que fue procurador fiscal de la Federación durante el primer año del gobierno de Fox, y renunció al despuntar 2002, en conflicto con el secretario Francisco Gil. Actualmente dirige un organismo llamado Transparencia Nacional y su propio despacho jurídico, desde donde asesora al Sindicato Mexicano de Electricistas, no de ahora, con motivo del conflicto generado por el gobierno federal al decretar la extinción de Luz y Fuerza, sino anteriormente. Por su parte, Gerardo Lozano Dubernard ha realizado una ostensible campaña entre los medios para que su aspiración adquiera dimensiones públicas. Aduce tener experiencia de 23 años en la fiscalización de entidades públicas. La ha realizado, en efecto desde 1986, en un despacho contable de que es socio director, y con la perspectiva de la auditoría externa realizada por particulares, no con la visión del escrutador público regido por el derecho constitucional el administrativo más que por el mercantil o corporativo.
Acierta el auditor saliente cuando recomienda evitar que la ASF pierda la credibilidad y confianza que ha ganado.
El todavía auditor, Arturo González de Aragón, notificó que no sería candidato por tener dudas sobre la transparencia y equidad del proceso mediante el que se elegirá a su sucesor. Hizo notar la necesidad de garantizar que su relevo no tenga conflicto de intereses
Dos veces antes, una con éxito y otra sin él, Beatriz Paredes se interpuso en el camino de Gregorio
Guerrero Pozas. Hace ocho años, cuando la lideresa nacional del PRI encabezaba el grupo tricolor en San Lázaro, en acuerdo con Felipe Calderón, que hacía lo mismo con los diputados panistas, rechazó la confirmación del entonces auditor superior de la Federación quien, como ahora hizo Arturo González de Aragón, reclamaba su derecho a ser nombrado para un segundo periodo (sobre todo porque el suyo apenas se iniciaba) o a recibir explicaciones de por qué no se expedía una nueva designación. La segunda vez ocurrió apenas el año pasado, cuando la Cámara de Diputados eligió por primera vez al contralor general del Instituto Federal Electoral, hasta ese momento sujeto al escrutinio de una controlaría interna. Ya había acuerdo entre todas las fracciones para elegir a Guerrero Pozas, pero de última hora la dirigente nacional priista pidió dar marcha atrás en ese pacto. Fue demasiado tarde y el contador formado en el Instituto Politécnico Nacional, al que esa institución había presentado como candidato al nuevo y delicado cargo en el órgano electoral, fue elegido por amplia mayoría: 367 votos (obviamente incluidos los priistas) a favor, 49 en contra, seis abstenciones y cinco votos por otras personas.
Ahora Guerrero Pozas aspira a dirigir de nuevo la Auditoría Superior de la Federación. Había sido elegido en 1997 contador mayor de Hacienda, entonces denominación del órgano de la Cámara de Diputados que escruta el gasto público y el desempeño gubernamental, y quedó al frente de la Auditoría Superior de la Federación, creada en 2000 como nueva modalidad de la Contaduría Mayor. Cuando se le negó la reelección, Guerrero Pozas solicitó amparo, que resolvió en su contra, en última instancia, la Suprema Corte no obstante que el ministro Genaro David Góngora Pimentel le dio la razón en su proyecto de sentencia, derrotado por la mayoría.
En los ocho años corridos desde la conclusión de su encargo en la ASF, Guerrero Pozas ha ejercido funciones de contraloría en Pemex, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Financiera Rural y el IFE. Al año y medio de su elección para vigilar el manejo organizativo y financiero de ese instituto resolvió presentar su candidatura a la Auditoría Superior. Se inscribió el viernes pasado, último día para ese efecto, y será sin duda uno de los candidatos -42 que se registraron, menos los que no cumplan los requisitos- que a partir de hoy lunes serán entrevistados por la Comisión de Vigilancia. Será la cuarta legislatura con la que tenga trato, después de aquella que lo eligió contador mayor (la 57, primera en la que el PRI no tuvo mayoría), la que le negó el refrendo de su mandato; y la que lo eligió contralor del IFE).
En una carta dirigida a la diputada Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el auditor saliente, todavía en funciones durante este mes, Arturo González de Aragón, informó que él no se inscribiría al concurso por tener dudas sobre la legalidad, la transparencia y la equidad del proceso. Emitió además algunas recomendaciones a los legisladores. Los conminó a "garantizar que la persona que se elija no proceda de partido político alguno y no tenga conflicto de intereses presente, y riesgo futuro" de tenerlo.
Hay candidatos que expresamente tienen militancia partidaria o nexos estrechos con partidos, que los ubicarían en la hipótesis que el casi ex auditor insta a evitar. Se trata de José María Eugenio Núñez Murillo y de Raúl Robles Segura. El primero fue diputado federal panista en la 58 legislatura, de 2000 a 2003 y luego ha ejercido funciones de contraloría en Pemex-Refinación y en la Secretaría de Gobernación. Por su parte, Robles Segura, que es contralor de la UNAM, ha mantenido una estrecha vinculación con el ahora coordinador de los diputados priistas, Francisco Rojas. En 1983 fue subsecretario B en la naciente Secretaría de la Contraloría, cuyo primer titular fue el propio Rojas, quien invitó a Robles Segura a seguir colaborando con él cuando en 1987 fue trasladado a Pemex, donde sirvió hasta 1994, lapso en que Robles Segura lo acompañó como contralor y aun subdirector de Comercialización.
Hay otros candidatos notorios o que se han hecho notar con motivo de este certamen para dirigir la Auditoría. Entre ellos se encuentra Gabriel Reyes Orona, que fue procurador fiscal de la Federación durante el primer año del gobierno de Fox, y renunció al despuntar 2002, en conflicto con el secretario Francisco Gil. Actualmente dirige un organismo llamado Transparencia Nacional y su propio despacho jurídico, desde donde asesora al Sindicato Mexicano de Electricistas, no de ahora, con motivo del conflicto generado por el gobierno federal al decretar la extinción de Luz y Fuerza, sino anteriormente. Por su parte, Gerardo Lozano Dubernard ha realizado una ostensible campaña entre los medios para que su aspiración adquiera dimensiones públicas. Aduce tener experiencia de 23 años en la fiscalización de entidades públicas. La ha realizado, en efecto desde 1986, en un despacho contable de que es socio director, y con la perspectiva de la auditoría externa realizada por particulares, no con la visión del escrutador público regido por el derecho constitucional el administrativo más que por el mercantil o corporativo.
Acierta el auditor saliente cuando recomienda evitar que la ASF pierda la credibilidad y confianza que ha ganado.
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