ARTURO ALFARO GALÁN
Mario Govea Sansón, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reveló que el gobierno federal busca desaparecer la planta de El Salto, de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), ubicada en la junta auxiliar de Nuevo Necaxa, en el municipio de Juan Galindo, con el argumento de que desde su creación no ha sido viable en su operación.
Indicó que la planta cuenta, junto con las ubicadas en el Distrito Federal, con la mayor parte de la deuda “histórica” de varios millones de dólares al gobierno, lo que provocó su descapitalización.
Mario Govea apuntó que la subestación poblana únicamente cubre el 30 por ciento de la demanda en la zona que abarca municipios serranos como Huauchinango, Chignahuapan, Zacatlán y Xicotepec de Juárez, y localidades de los estados de Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala.
“La parte más difícil de abastecer es la parte central del país. En Puebla nosotros teníamos que comprar energía a Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un costo de 5 por ciento arriba de lo que podemos utilizarlo, lo que a nos generaba un desgaste y una deuda”, afirmó.
Govea comentó que las pérdidas crecientes en LFC, además del robo de electricidad y de la corrupción imperante, se deben también a la compra cara de electricidad. Explicó que de cada peso que obtiene la empresa 98 centavos se destinan al pago de electricidad adquirida a la Comisión Federal de Electricidad.
Detalló que, a nivel nacional, la extinta paraestatal estaba obligada a comprar a CFE el 90 por ciento de la electricidad que vendía, lo que representa que cada año debía gastar 59.4 mil millones de pesos en energía, que a su vez era comercializada por un monto aproximado de 46 mil millones de pesos, por lo que acusó que la pérdida “es inducida por la propia autoridad”.
Asimismo, criticó que el SME ha presentado 14 proyectos para incrementar la capacidad de generación de la compañía, pero el gobierno federal se niega reiteradamente a otorgar los recursos necesarios desde 1993.
Govea agregó que la mayor parte de su presupuesto era para pagar los subsidios a los usuarios, de los cuales, las grandes empresas y dependencias gubernamentales eran las más beneficiadas.
Mario Govea Sansón, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reveló que el gobierno federal busca desaparecer la planta de El Salto, de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), ubicada en la junta auxiliar de Nuevo Necaxa, en el municipio de Juan Galindo, con el argumento de que desde su creación no ha sido viable en su operación.
Indicó que la planta cuenta, junto con las ubicadas en el Distrito Federal, con la mayor parte de la deuda “histórica” de varios millones de dólares al gobierno, lo que provocó su descapitalización.
Mario Govea apuntó que la subestación poblana únicamente cubre el 30 por ciento de la demanda en la zona que abarca municipios serranos como Huauchinango, Chignahuapan, Zacatlán y Xicotepec de Juárez, y localidades de los estados de Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala.
“La parte más difícil de abastecer es la parte central del país. En Puebla nosotros teníamos que comprar energía a Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un costo de 5 por ciento arriba de lo que podemos utilizarlo, lo que a nos generaba un desgaste y una deuda”, afirmó.
Govea comentó que las pérdidas crecientes en LFC, además del robo de electricidad y de la corrupción imperante, se deben también a la compra cara de electricidad. Explicó que de cada peso que obtiene la empresa 98 centavos se destinan al pago de electricidad adquirida a la Comisión Federal de Electricidad.
Detalló que, a nivel nacional, la extinta paraestatal estaba obligada a comprar a CFE el 90 por ciento de la electricidad que vendía, lo que representa que cada año debía gastar 59.4 mil millones de pesos en energía, que a su vez era comercializada por un monto aproximado de 46 mil millones de pesos, por lo que acusó que la pérdida “es inducida por la propia autoridad”.
Asimismo, criticó que el SME ha presentado 14 proyectos para incrementar la capacidad de generación de la compañía, pero el gobierno federal se niega reiteradamente a otorgar los recursos necesarios desde 1993.
Govea agregó que la mayor parte de su presupuesto era para pagar los subsidios a los usuarios, de los cuales, las grandes empresas y dependencias gubernamentales eran las más beneficiadas.
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