Jaime Cárdenas
Según Transparencia Internacional la corrupción en México se ha incrementado en el último año. Nuestra calificación en la materia es de 3.3 y nos localizamos en el lugar 89 a nivel mundial. En Latinoamérica, países como Chile o Costa Rica tienen menores niveles de impunidad, más transparencia y un ejercicio más eficiente en el ejercicio de los recursos públicos.
La corrupción es uno de los mayores signos de nuestro atraso como sociedad. Si no hacemos un esfuerzo serio para combatirla y erradicarla, nunca seremos un país desarrollado, una democracia o un Estado de derecho que no constituya una simulación.
Se piensa equivocadamente que la corrupción es sólo un dato cultural. En parte lo es así, pero es, sobre todo, el resultado de la concepción patrimonialista que las elites políticas y económicas tienen sobre el patrimonio y las riquezas nacionales.
Esas elites diseñan instituciones que no afecten sus intereses. Constituimos política y jurídicamente instituciones inoperantes. En México, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el poder legislativo y la administración pública entera, no funcionan. Los recursos públicos se ejercen sin control y sin la vigilancia debida de los órganos encargados legalmente para ello y de los ciudadanos.
El presupuesto constituye un botín que es repartido al gusto de los partidos mayoritarios y, una vez que se ejerce, se orienta a la satisfacción de una alta burocracia ávida de prebendas y para complacer a una clase empresarial acostumbrada a hacer negocios con el gobierno a costa de los intereses generales. Esa es la realidad nacional.
En los próximos días, la Cámara de Diputados designará por ocho años al nuevo Auditor Superior de la Federación. Los partidos mayoritarios intentarán colocar en esa posición a una persona afín a sus deseos para que la A no alcance la autonomía ni la independencia debida ni tenga los instrumentos jurídicos necesarios para sancionar administrativamente a los servidores públicos ni pueda revisar las cuentas públicas del pasado y, para que, adolezca de competencias para consignar penalmente a los funcionarios que actualizan conductas delictivas.
Urge que la sociedad asuma con conciencia cívica lo que ocurre en esas designaciones. Se debe protestar, desenmascarar y proponer los cambios que se requieren para que la fiscalización de los recursos públicos sea una realidad, aunque sea aproximada.
Diputado federal del PT
Según Transparencia Internacional la corrupción en México se ha incrementado en el último año. Nuestra calificación en la materia es de 3.3 y nos localizamos en el lugar 89 a nivel mundial. En Latinoamérica, países como Chile o Costa Rica tienen menores niveles de impunidad, más transparencia y un ejercicio más eficiente en el ejercicio de los recursos públicos.
La corrupción es uno de los mayores signos de nuestro atraso como sociedad. Si no hacemos un esfuerzo serio para combatirla y erradicarla, nunca seremos un país desarrollado, una democracia o un Estado de derecho que no constituya una simulación.
Se piensa equivocadamente que la corrupción es sólo un dato cultural. En parte lo es así, pero es, sobre todo, el resultado de la concepción patrimonialista que las elites políticas y económicas tienen sobre el patrimonio y las riquezas nacionales.
Esas elites diseñan instituciones que no afecten sus intereses. Constituimos política y jurídicamente instituciones inoperantes. En México, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el poder legislativo y la administración pública entera, no funcionan. Los recursos públicos se ejercen sin control y sin la vigilancia debida de los órganos encargados legalmente para ello y de los ciudadanos.
El presupuesto constituye un botín que es repartido al gusto de los partidos mayoritarios y, una vez que se ejerce, se orienta a la satisfacción de una alta burocracia ávida de prebendas y para complacer a una clase empresarial acostumbrada a hacer negocios con el gobierno a costa de los intereses generales. Esa es la realidad nacional.
En los próximos días, la Cámara de Diputados designará por ocho años al nuevo Auditor Superior de la Federación. Los partidos mayoritarios intentarán colocar en esa posición a una persona afín a sus deseos para que la A no alcance la autonomía ni la independencia debida ni tenga los instrumentos jurídicos necesarios para sancionar administrativamente a los servidores públicos ni pueda revisar las cuentas públicas del pasado y, para que, adolezca de competencias para consignar penalmente a los funcionarios que actualizan conductas delictivas.
Urge que la sociedad asuma con conciencia cívica lo que ocurre en esas designaciones. Se debe protestar, desenmascarar y proponer los cambios que se requieren para que la fiscalización de los recursos públicos sea una realidad, aunque sea aproximada.
Diputado federal del PT
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