Ernesto Villanueva
La sistemática violación del estado de derecho por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley tiene como su más reciente ejemplo a Arturo Beltrán Leyva, quien fue muerto por elementos de la Secretaría de Marina al “oponer resistencia”, según los dichos de las propias autoridades. Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con la lucha institucional contra el crimen organizado y en particular contra el narcotráfico. No obstante, los encargados de esta tarea tienen el deber constitucional y legal de cumplirla conforme a las reglas escritas para tal efecto. Si no fuera así, no habría diferencia alguna entre los cárteles y los servicios de seguridad pública y de procuración de justicia. En el caso de Beltrán Leyva se han violentado claramente sus derechos fundamentales a la vida privada y a la propia imagen. Veamos.
Primero. Toda persona tiene derecho a su vida privada; es decir, la prerrogativa a mantener un ámbito territorial fuera del conocimiento de los demás. De la misma forma, tiene derecho a su propia imagen, que significa el poder jurídico de reserva frente a la difusión de información gráfica que la hagan reconocible. En realidad, el derecho a la propia imagen y el derecho a la vida privada corren por el mismo sendero y constituyen uno de los denominados derechos de la personalidad que se basan en la dignidad de la persona. En un estado de derecho, las autoridades tienen el deber de imponer cuantas medidas sean necesarias para la adecuada tutela de los derechos de referencia. Al proteger los derechos de la personalidad, el Estado protege los derechos de la libertad humana.
Segundo. Es verdad que el derecho a la vida privada y el derecho a la propia imagen no son absolutos; reclaman una armonización con otros derechos. Pero no encuentro en este caso justificación alguna para lo que se ha hecho. En efecto, tras la muerte de Beltrán Leyva las autoridades divulgaron en los medios fotografías del presunto delincuente muerto en varias posiciones. Una en particular fue objeto de amplia polémica, la que presenta al aparente jefe del cártel sinaloense con trusa y billetes que las autoridades pusieron a lo largo de su cuerpo boca arriba. Salvo prueba en contrario, se trata de una fotografía de una escena manipulada, habida cuenta que resulta inverosímil que Beltrán Leyva haya muerto en esa posición. Está por demás decir que fue ignorada la garantía de que el titular del derecho o sus familiares pueden determinar qué imagen o rasgos fotográficos pueden hacerse públicos. Se violentó su derecho a la propia imagen porque se divulgaron sus rasgos identificables y se lesionó al mismo tiempo su derecho a la vida privada porque hubo intrusión, a través de las fotografías, en el núcleo básico de este derecho, la intimidad. No sólo fue un acto de rudeza innecesaria, sino un ejercicio abusivo de autoridad en donde el Estado no sólo no hace respetar el derecho de los gobernados, sino que es el primero en violarlos.
Tercero. La muerte está relacionada con el derecho a la vida privada y a la propia imagen. Para poder privar a Beltrán Leyva y a sus familiares de los derechos a la vida privada y a la propia imagen debieron concurrir los siguientes supuestos: a) estar establecido en la ley; b) perseguir un fin legítimo; c) que lo hiciera una autoridad competente, y d) que fuera un acto debidamente fundado y motivado. Es evidente que ninguno de los supuestos anteriores se cumplió. No faltará quien afirme que se trata de un presunto delincuente, a quien se atribuye la autoría material o intelectual de varios delitos. Incluso en ese supuesto, la autoridad no debe replicar las formas y modos de actuar de quien pervive al margen de la ley.
Cuarto. El presidente de la República, Felipe Calderón, es responsable en última instancia de hacer cumplir el estado de derecho en tanto da vida al Poder Ejecutivo; es decir, es el encargado de ejecutar la ley, de hacerla cumplir. Esta afectación de derechos fundamentales sólo pudo consumarse por órdenes del presidente o con su anuencia en tanto jefe supremo de las fuerzas armadas. ¿Alguien podría creer que los marinos o militares se mandan solos? Por el contrario, las ocurrencias personales del presidente por desdeñar la ley están teniendo efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado y su especie el narcotráfico. En esa lógica parece inscribirse el homicidio de varios familiares de uno de los miembros de la Armada de México que participó en la muerte de Beltrán Leyva. El mensaje de esos homicidios lamentables lesiona la moral de las fuerzas armadas y pone de relieve que no es lo mismo llamar “cobardes” a los delincuentes (Felipe Calderón) o advertirles “los estamos esperando” (Fernando Gómez Mont), al amparo de una amplísima escolta de seguridad, que actuar en las fuerzas armadas con magros sueldos, sin ninguna protección y donde la cabeza de marinos, militares y agentes policiacos pueden tener precio debido a la endémica corrupción del sistema; con consecuencias fatales y, como siempre, en perjuicio de los más débiles. Lo cierto es que lo que ha ganado el pueblo de México con Felipe Calderón es que se ha ido perdiendo la libertad y la seguridad con prisas y sin pausas en partes cada vez más vastas del territorio nacional. Esa actitud conduce al autoritarismo en perjuicio de todos.
La sistemática violación del estado de derecho por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley tiene como su más reciente ejemplo a Arturo Beltrán Leyva, quien fue muerto por elementos de la Secretaría de Marina al “oponer resistencia”, según los dichos de las propias autoridades. Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con la lucha institucional contra el crimen organizado y en particular contra el narcotráfico. No obstante, los encargados de esta tarea tienen el deber constitucional y legal de cumplirla conforme a las reglas escritas para tal efecto. Si no fuera así, no habría diferencia alguna entre los cárteles y los servicios de seguridad pública y de procuración de justicia. En el caso de Beltrán Leyva se han violentado claramente sus derechos fundamentales a la vida privada y a la propia imagen. Veamos.
Primero. Toda persona tiene derecho a su vida privada; es decir, la prerrogativa a mantener un ámbito territorial fuera del conocimiento de los demás. De la misma forma, tiene derecho a su propia imagen, que significa el poder jurídico de reserva frente a la difusión de información gráfica que la hagan reconocible. En realidad, el derecho a la propia imagen y el derecho a la vida privada corren por el mismo sendero y constituyen uno de los denominados derechos de la personalidad que se basan en la dignidad de la persona. En un estado de derecho, las autoridades tienen el deber de imponer cuantas medidas sean necesarias para la adecuada tutela de los derechos de referencia. Al proteger los derechos de la personalidad, el Estado protege los derechos de la libertad humana.
Segundo. Es verdad que el derecho a la vida privada y el derecho a la propia imagen no son absolutos; reclaman una armonización con otros derechos. Pero no encuentro en este caso justificación alguna para lo que se ha hecho. En efecto, tras la muerte de Beltrán Leyva las autoridades divulgaron en los medios fotografías del presunto delincuente muerto en varias posiciones. Una en particular fue objeto de amplia polémica, la que presenta al aparente jefe del cártel sinaloense con trusa y billetes que las autoridades pusieron a lo largo de su cuerpo boca arriba. Salvo prueba en contrario, se trata de una fotografía de una escena manipulada, habida cuenta que resulta inverosímil que Beltrán Leyva haya muerto en esa posición. Está por demás decir que fue ignorada la garantía de que el titular del derecho o sus familiares pueden determinar qué imagen o rasgos fotográficos pueden hacerse públicos. Se violentó su derecho a la propia imagen porque se divulgaron sus rasgos identificables y se lesionó al mismo tiempo su derecho a la vida privada porque hubo intrusión, a través de las fotografías, en el núcleo básico de este derecho, la intimidad. No sólo fue un acto de rudeza innecesaria, sino un ejercicio abusivo de autoridad en donde el Estado no sólo no hace respetar el derecho de los gobernados, sino que es el primero en violarlos.
Tercero. La muerte está relacionada con el derecho a la vida privada y a la propia imagen. Para poder privar a Beltrán Leyva y a sus familiares de los derechos a la vida privada y a la propia imagen debieron concurrir los siguientes supuestos: a) estar establecido en la ley; b) perseguir un fin legítimo; c) que lo hiciera una autoridad competente, y d) que fuera un acto debidamente fundado y motivado. Es evidente que ninguno de los supuestos anteriores se cumplió. No faltará quien afirme que se trata de un presunto delincuente, a quien se atribuye la autoría material o intelectual de varios delitos. Incluso en ese supuesto, la autoridad no debe replicar las formas y modos de actuar de quien pervive al margen de la ley.
Cuarto. El presidente de la República, Felipe Calderón, es responsable en última instancia de hacer cumplir el estado de derecho en tanto da vida al Poder Ejecutivo; es decir, es el encargado de ejecutar la ley, de hacerla cumplir. Esta afectación de derechos fundamentales sólo pudo consumarse por órdenes del presidente o con su anuencia en tanto jefe supremo de las fuerzas armadas. ¿Alguien podría creer que los marinos o militares se mandan solos? Por el contrario, las ocurrencias personales del presidente por desdeñar la ley están teniendo efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado y su especie el narcotráfico. En esa lógica parece inscribirse el homicidio de varios familiares de uno de los miembros de la Armada de México que participó en la muerte de Beltrán Leyva. El mensaje de esos homicidios lamentables lesiona la moral de las fuerzas armadas y pone de relieve que no es lo mismo llamar “cobardes” a los delincuentes (Felipe Calderón) o advertirles “los estamos esperando” (Fernando Gómez Mont), al amparo de una amplísima escolta de seguridad, que actuar en las fuerzas armadas con magros sueldos, sin ninguna protección y donde la cabeza de marinos, militares y agentes policiacos pueden tener precio debido a la endémica corrupción del sistema; con consecuencias fatales y, como siempre, en perjuicio de los más débiles. Lo cierto es que lo que ha ganado el pueblo de México con Felipe Calderón es que se ha ido perdiendo la libertad y la seguridad con prisas y sin pausas en partes cada vez más vastas del territorio nacional. Esa actitud conduce al autoritarismo en perjuicio de todos.
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