A 12 años de la masacre de indígenas Tzotziles: Ni justicia ni reparación del daño de parte del Estado mexicano
Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
A doce años del asesinato de 33 mujeres, 14 niñas, 4 niños y 12 hombres tzotziles, cometido por un grupo paramilitar, en Acteal, Chiapas, la desesperanza, el miedo y la indignación prevalecen entre las y los sobrevivientes de la masacre, quienes lejos de conocer justicia y reparación del daño por parte del Estado mexicano, en agosto pasado atestiguaron la liberación de 20 de los homicidas de sus familiares.
Así lo afirmó en entrevista la abogada feminista Martha Figueroa Mier, presidenta de la agrupación Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), en Chiapas, quien denunció que en los últimos dos meses, el gobierno estatal suspendió el apoyo económico que recibían tres de las 78 personas heridas en ocasión del crimen, efectuado por 40 paramilitares, el 22 de diciembre de 1997.
Con ello, el gobierno local, encabezado por el político de formación priista, Juan Sabines Guerrero, quien llegó a la gobernatura del estado representando a la Coalición por el bien de todos, en 2006, incumple la Recomendación 01/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, firmada meses después de la masacre, por el entonces gobernador de Chiapas, el priista Roberto Albores, mediante el cual se comprometieron a reparar el daño a la comunidad.
Como parte de dicho resarcimiento, se cuenta que las autoridades del estado costearían los gastos médicos y rehabilitación de las y los sobrevivientes, entre ellos: Catarina y Zenaida.
Catarina recibió un tiro en la cadera. Ella tenía 20 años, se hacía cargo de sus hermanos, pizcaba café, bordaba y manejaba el telar de cintura. Después de tres cirugías no pudo volver a trabajar y todavía requiere de atención médica, de la cual la privó el gobierno de Chiapas de manera paulatina “primero dejó de pagar los viáticos, el hospedaje, ya sólo cubría el transporte a la Ciudad de México, y ahora ni eso”, señaló la abogada.
Zenaida tenía 4 años de edad cuando decenas de paramilitares entraron a Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, con la finalidad de “terminar con las bases zapatistas”, como denunciaron en su momento distintas organizaciones civiles. Además de presenciar la muerte violenta de su madre, recibió un disparo en la cabeza, del cual sobrevivió “de milagro”, relata Martha Figueroa.
La ahora adolescente logró recuperarse, aunque perdió entre 40 y 60 por ciento de su capacidad visual. Zenaida requiere de educación especial y de revisión neurológica permanente, mismas que dejó de recibir las últimas ocho semanas, por falta de apoyo del gobierno de Chiapas.
A doce años de la masacre, a la falta de atención médica se suma el descuido a la salud mental de la comunidad, también prevista en la Recomendación 01/98, de la Comisión.
“Sólo una vez llegó un psiquiatra, que se negó a trabajar en Acteal, porque quería que la gente se trasladara a Tuxtla, la capital del estado, para atenderlos en su consultorio”, mencionó la abogada feminista.
Las y los tzotziles de Acteal suman a la desesperanza y la frustración que prevalece en la comunidad desde hace más de una década, el miedo y la indignación a causa del amparo que pone en libertad a 20 de los 40 paramilitares, concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 12 de agosto, señaló la presidenta del Colem.
A decir de Martha Figueroa, la Corte jugó un papel “vergonzoso” al exculpar a 20 homicidas “por errores en el proceso y no porque fueran inocentes”. Con ello, afirmó, el caso, como muchos otros en el país queda en la impunidad.
De acuerdo con información difundida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los atacantes fueron reconocidos como miembros del grupo paramilitar priista Máscara Roja, estaban armados con fusiles AK-47 y M-16 y utilizaron balas expansivas contra las y los indígenas tzotziles que se encontraban rezando en una iglesia de Acteal.
Luego de que asesinaron a las y los 45 indígenas del sur del país, los paramilitares fueron por machetes y por más de sus compañeros.
“Hacían bulla, se reían, hablaban entre ellos, `hay que acabar con la semilla´, decían. Desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron y sacaron a sus hijitos y jugueteaban con ellos, los aventaban de machete en machete. Después se fueron”, relata Micaela, quien tenía 11 años cuando sucedió la masacre, en el libro la Otra Palabra mujeres y violencia en Chiapas: antes y después de Acteal.
Un día después, las y los niños huérfanos quedaron bajo el cuidado de la comunidad, incluso muchas de las mujeres que ya tenían cinco o siete hijos tenían a su cargo hasta ocho niñas y niños, refiere la publicación coordinada por Rosalía Aída Hernández Castillo y editada por Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en 1998.
Frente a la negación de justicia en el país, organismos de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas han acudido a instancias internacionales.
En febrero de 2005 presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado mexicano, pero el proceso es largo y aún esperan que la CIDH se pronuncie sobre la admisión del caso.
A doce años del asesinato de 33 mujeres, 14 niñas, 4 niños y 12 hombres tzotziles, cometido por un grupo paramilitar, en Acteal, Chiapas, la desesperanza, el miedo y la indignación prevalecen entre las y los sobrevivientes de la masacre, quienes lejos de conocer justicia y reparación del daño por parte del Estado mexicano, en agosto pasado atestiguaron la liberación de 20 de los homicidas de sus familiares.
Así lo afirmó en entrevista la abogada feminista Martha Figueroa Mier, presidenta de la agrupación Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), en Chiapas, quien denunció que en los últimos dos meses, el gobierno estatal suspendió el apoyo económico que recibían tres de las 78 personas heridas en ocasión del crimen, efectuado por 40 paramilitares, el 22 de diciembre de 1997.
Con ello, el gobierno local, encabezado por el político de formación priista, Juan Sabines Guerrero, quien llegó a la gobernatura del estado representando a la Coalición por el bien de todos, en 2006, incumple la Recomendación 01/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, firmada meses después de la masacre, por el entonces gobernador de Chiapas, el priista Roberto Albores, mediante el cual se comprometieron a reparar el daño a la comunidad.
Como parte de dicho resarcimiento, se cuenta que las autoridades del estado costearían los gastos médicos y rehabilitación de las y los sobrevivientes, entre ellos: Catarina y Zenaida.
Catarina recibió un tiro en la cadera. Ella tenía 20 años, se hacía cargo de sus hermanos, pizcaba café, bordaba y manejaba el telar de cintura. Después de tres cirugías no pudo volver a trabajar y todavía requiere de atención médica, de la cual la privó el gobierno de Chiapas de manera paulatina “primero dejó de pagar los viáticos, el hospedaje, ya sólo cubría el transporte a la Ciudad de México, y ahora ni eso”, señaló la abogada.
Zenaida tenía 4 años de edad cuando decenas de paramilitares entraron a Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, con la finalidad de “terminar con las bases zapatistas”, como denunciaron en su momento distintas organizaciones civiles. Además de presenciar la muerte violenta de su madre, recibió un disparo en la cabeza, del cual sobrevivió “de milagro”, relata Martha Figueroa.
La ahora adolescente logró recuperarse, aunque perdió entre 40 y 60 por ciento de su capacidad visual. Zenaida requiere de educación especial y de revisión neurológica permanente, mismas que dejó de recibir las últimas ocho semanas, por falta de apoyo del gobierno de Chiapas.
A doce años de la masacre, a la falta de atención médica se suma el descuido a la salud mental de la comunidad, también prevista en la Recomendación 01/98, de la Comisión.
“Sólo una vez llegó un psiquiatra, que se negó a trabajar en Acteal, porque quería que la gente se trasladara a Tuxtla, la capital del estado, para atenderlos en su consultorio”, mencionó la abogada feminista.
Las y los tzotziles de Acteal suman a la desesperanza y la frustración que prevalece en la comunidad desde hace más de una década, el miedo y la indignación a causa del amparo que pone en libertad a 20 de los 40 paramilitares, concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 12 de agosto, señaló la presidenta del Colem.
A decir de Martha Figueroa, la Corte jugó un papel “vergonzoso” al exculpar a 20 homicidas “por errores en el proceso y no porque fueran inocentes”. Con ello, afirmó, el caso, como muchos otros en el país queda en la impunidad.
De acuerdo con información difundida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los atacantes fueron reconocidos como miembros del grupo paramilitar priista Máscara Roja, estaban armados con fusiles AK-47 y M-16 y utilizaron balas expansivas contra las y los indígenas tzotziles que se encontraban rezando en una iglesia de Acteal.
Luego de que asesinaron a las y los 45 indígenas del sur del país, los paramilitares fueron por machetes y por más de sus compañeros.
“Hacían bulla, se reían, hablaban entre ellos, `hay que acabar con la semilla´, decían. Desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron y sacaron a sus hijitos y jugueteaban con ellos, los aventaban de machete en machete. Después se fueron”, relata Micaela, quien tenía 11 años cuando sucedió la masacre, en el libro la Otra Palabra mujeres y violencia en Chiapas: antes y después de Acteal.
Un día después, las y los niños huérfanos quedaron bajo el cuidado de la comunidad, incluso muchas de las mujeres que ya tenían cinco o siete hijos tenían a su cargo hasta ocho niñas y niños, refiere la publicación coordinada por Rosalía Aída Hernández Castillo y editada por Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en 1998.
Frente a la negación de justicia en el país, organismos de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas han acudido a instancias internacionales.
En febrero de 2005 presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado mexicano, pero el proceso es largo y aún esperan que la CIDH se pronuncie sobre la admisión del caso.
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