Miguel Ángel Granados Chapa
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México demandó un incremento salarial de 20 por ciento. Las autoridades de la institución ofrecieron 4 por ciento. El viernes pasado los miembros del STUNAM aceptaron ese aumento, muy por debajo de su requerimiento inicial. Se estableció además una bolsa de 25 millones de pesos para retabulaciones.
El consejo general de huelga del sindicato había resuelto, el jueves, por una amplia mayoría, orientar a la comunidad laboral a aceptar la propuesta de la administración universitaria. Trescientos seis delegados votaron a favor de aceptar el ofrecimiento, mientras que sólo 31 votaron en contra y 17 se abstuvieron. El viernes, la votación de todos los miembros del STUNAM fue un eco de esa orientación: casi dos terceras partes del total aprobó el incremento conseguido y, por lo tanto, evitar la huelga que hubiera comenzado en el último minuto de anteayer sábado. El tercio restante rechazó el aumento.
Como es comprensible, el sindicato no echó las campanas al vuelo por ese magro resultado, muy en la línea de los aumentos salariales conseguidos en las relaciones contractuales en general. El consejo general de huelga dijo que el incremento pactado "es insuficiente para cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores". El sindicato lo aceptó "porque permite resolver en este momento nuestros planteamientos" y como un gesto solidario con la institución que los emplea, "el proyecto educativo y cultural más exitoso de la nación al lograr mantener una enseñanza de calidad y de masas". Agregó la representación sindical que "a pesar de que se le siguen escatimando los recursos es reconocida a nivel internacional, obteniendo premios por su trascendencia".
En efecto, la UNAM recibe distinciones que reconocen su desempeño en la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura. El más reciente y notorio de ellos lo otorgó España: el 23 de octubre le fue entregado el premio Príncipe de Asturias en el campo de la comunicación y las humanidades. En otros ámbitos la Universidad nacional (que el año próximo cumple un siglo de fecundo desempeño, estorbado o interrumpido con más frecuencia de lo deseable, pero siempre capaz de sobreponerse a sus vicisitudes) ocupa también un lugar relevante, especialmente en la investigación científica y humanística.
Para mantener y superar los logros que benefician a la sociedad mexicana y son reconocidos fuera de México la UNAM, tanto como el resto de las universidades públicas, debe luchar de modo permanente por mayores recursos. Para obtenerlos ha de comenzar por impedir que se imponga el criterio romo que no aprecia en el hacer universitario la clave para el desarrollo. Invertir a ritmo creciente en la enseñanza superior y en la investigación científica y tecnológica es tarea indispensable e impostergable. Sin embargo, no hay en el gobierno y acaso no en todo el Congreso de la Unión la conciencia clara que les permita obrar en consecuencia.
Este año la UNAM ejerce un presupuesto de 24 mil millones de pesos (en números redondos), 21 mil millones de los cuales fueron provistos por el gobierno federal, que propone aumentar para el 2010 sólo el 3 por ciento de esa cifra. Eso equivale a un retroceso, pues un incremento por debajo de la tasa de inflación achica el poder adquisitivo de la Universidad, que en este año sufrió un recorte presupuestal, medida enojosa porque implica modificar sobre la marcha, y aun interrumpir, proyectos en curso. La devaluación del peso, que aun puede incrementar su ritmo en los días inmediatos por venir, significa también una merma en los recursos disponibles, ya que muchos de los insumos necesarios para la investigación deben ser pagados en dólares como también ocurre con la remuneración a profesores, artistas y creadores venidos de fuera. Por si fuera poco, el envejecimiento de la planta física de las instalaciones universitarias (principalmente las del campus principal, la Ciudad Universitaria considerada Patrimonio de la humanidad) obliga a mayores erogaciones para mantenerlas y restaurarlas.
Aprobada a trompicones la Ley de Ingresos, se abre ahora el periodo de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se multiplicarán la presencia y la presión de las instituciones u organizaciones demandantes de partidas. Entre ellas figurarán de nuevo las universidades, que no han dejado de manifestar sus necesidades. Aunque es probable que al diputado Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto, lo tengan sin cuidado los requerimientos de la enseñanza superior y de la ciencia y tecnología, será diferente la actitud de quien preside la Comisión de Educación, J. Trinidad Padilla, ex rector de la Universidad de Guadalajara, conocedor en carne propia de las peripecias presupuestales de casas de estudio.
Se requiere una eficaz gestoría de los intereses universitarios dentro de la Cámara. Fuera de ella ha venido haciéndola el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien entendió el Premio Príncipe de Asturias como otorgado a las instituciones de enseñanza superior de nuestro país, de que se ha vuelto valedor. En su discurso de Oviedo, el rector de la Universidad nacional denunció el escamoteo de recursos públicos que se intenta perpetrar contra esa porción del patrimonio nacional. Los muchos legisladores hijos de las universidades públicas deberán mostrar su gratitud a las instituciones en que se formaron.
Cajón de Sastre
Aunque venció ya el plazo legal para su aprobación, y las amplias porciones en que convinieron las dos Cámaras del Congreso serán enviadas al Ejecutivo para su publicación, después de largas jornadas de trabajo en comisiones y en el pleno de los senadores y los diputados, subsisten diferencias en algunos puntos cruciales, como la diferición del pago de derechos a nuevos concesionarios en el ámbito de las telecomunicaciones. Aprobada en San Lázaro el 21 de octubre, 10 días después fue rechazada en Xicoténcatl. Pero los diputados insistieron en otorgar una ventaja a los participantes en ese suculento negocio y devolvieron el texto al Senado, que tendrá que manifestarse sobre el tema. Si las diferencias obedecieran sólo a distintas visiones sobre el dinero público fueran bienvenidas. Pero no cuando resultan de la presión de poderosos intereses.
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México demandó un incremento salarial de 20 por ciento. Las autoridades de la institución ofrecieron 4 por ciento. El viernes pasado los miembros del STUNAM aceptaron ese aumento, muy por debajo de su requerimiento inicial. Se estableció además una bolsa de 25 millones de pesos para retabulaciones.
El consejo general de huelga del sindicato había resuelto, el jueves, por una amplia mayoría, orientar a la comunidad laboral a aceptar la propuesta de la administración universitaria. Trescientos seis delegados votaron a favor de aceptar el ofrecimiento, mientras que sólo 31 votaron en contra y 17 se abstuvieron. El viernes, la votación de todos los miembros del STUNAM fue un eco de esa orientación: casi dos terceras partes del total aprobó el incremento conseguido y, por lo tanto, evitar la huelga que hubiera comenzado en el último minuto de anteayer sábado. El tercio restante rechazó el aumento.
Como es comprensible, el sindicato no echó las campanas al vuelo por ese magro resultado, muy en la línea de los aumentos salariales conseguidos en las relaciones contractuales en general. El consejo general de huelga dijo que el incremento pactado "es insuficiente para cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores". El sindicato lo aceptó "porque permite resolver en este momento nuestros planteamientos" y como un gesto solidario con la institución que los emplea, "el proyecto educativo y cultural más exitoso de la nación al lograr mantener una enseñanza de calidad y de masas". Agregó la representación sindical que "a pesar de que se le siguen escatimando los recursos es reconocida a nivel internacional, obteniendo premios por su trascendencia".
En efecto, la UNAM recibe distinciones que reconocen su desempeño en la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura. El más reciente y notorio de ellos lo otorgó España: el 23 de octubre le fue entregado el premio Príncipe de Asturias en el campo de la comunicación y las humanidades. En otros ámbitos la Universidad nacional (que el año próximo cumple un siglo de fecundo desempeño, estorbado o interrumpido con más frecuencia de lo deseable, pero siempre capaz de sobreponerse a sus vicisitudes) ocupa también un lugar relevante, especialmente en la investigación científica y humanística.
Para mantener y superar los logros que benefician a la sociedad mexicana y son reconocidos fuera de México la UNAM, tanto como el resto de las universidades públicas, debe luchar de modo permanente por mayores recursos. Para obtenerlos ha de comenzar por impedir que se imponga el criterio romo que no aprecia en el hacer universitario la clave para el desarrollo. Invertir a ritmo creciente en la enseñanza superior y en la investigación científica y tecnológica es tarea indispensable e impostergable. Sin embargo, no hay en el gobierno y acaso no en todo el Congreso de la Unión la conciencia clara que les permita obrar en consecuencia.
Este año la UNAM ejerce un presupuesto de 24 mil millones de pesos (en números redondos), 21 mil millones de los cuales fueron provistos por el gobierno federal, que propone aumentar para el 2010 sólo el 3 por ciento de esa cifra. Eso equivale a un retroceso, pues un incremento por debajo de la tasa de inflación achica el poder adquisitivo de la Universidad, que en este año sufrió un recorte presupuestal, medida enojosa porque implica modificar sobre la marcha, y aun interrumpir, proyectos en curso. La devaluación del peso, que aun puede incrementar su ritmo en los días inmediatos por venir, significa también una merma en los recursos disponibles, ya que muchos de los insumos necesarios para la investigación deben ser pagados en dólares como también ocurre con la remuneración a profesores, artistas y creadores venidos de fuera. Por si fuera poco, el envejecimiento de la planta física de las instalaciones universitarias (principalmente las del campus principal, la Ciudad Universitaria considerada Patrimonio de la humanidad) obliga a mayores erogaciones para mantenerlas y restaurarlas.
Aprobada a trompicones la Ley de Ingresos, se abre ahora el periodo de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se multiplicarán la presencia y la presión de las instituciones u organizaciones demandantes de partidas. Entre ellas figurarán de nuevo las universidades, que no han dejado de manifestar sus necesidades. Aunque es probable que al diputado Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto, lo tengan sin cuidado los requerimientos de la enseñanza superior y de la ciencia y tecnología, será diferente la actitud de quien preside la Comisión de Educación, J. Trinidad Padilla, ex rector de la Universidad de Guadalajara, conocedor en carne propia de las peripecias presupuestales de casas de estudio.
Se requiere una eficaz gestoría de los intereses universitarios dentro de la Cámara. Fuera de ella ha venido haciéndola el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien entendió el Premio Príncipe de Asturias como otorgado a las instituciones de enseñanza superior de nuestro país, de que se ha vuelto valedor. En su discurso de Oviedo, el rector de la Universidad nacional denunció el escamoteo de recursos públicos que se intenta perpetrar contra esa porción del patrimonio nacional. Los muchos legisladores hijos de las universidades públicas deberán mostrar su gratitud a las instituciones en que se formaron.
Cajón de Sastre
Aunque venció ya el plazo legal para su aprobación, y las amplias porciones en que convinieron las dos Cámaras del Congreso serán enviadas al Ejecutivo para su publicación, después de largas jornadas de trabajo en comisiones y en el pleno de los senadores y los diputados, subsisten diferencias en algunos puntos cruciales, como la diferición del pago de derechos a nuevos concesionarios en el ámbito de las telecomunicaciones. Aprobada en San Lázaro el 21 de octubre, 10 días después fue rechazada en Xicoténcatl. Pero los diputados insistieron en otorgar una ventaja a los participantes en ese suculento negocio y devolvieron el texto al Senado, que tendrá que manifestarse sobre el tema. Si las diferencias obedecieran sólo a distintas visiones sobre el dinero público fueran bienvenidas. Pero no cuando resultan de la presión de poderosos intereses.
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