John M. Ackerman
Tanto César Nava como Manlio Fabio Beltrones buscan sacar provecho de la crisis económica y el rechazo a los partidos políticos para consolidar su poder. Nava ha propuesto triplicar el financiamiento privado para los partidos y reducir a la mitad el financiamiento público. Beltrones se ha pronunciado en favor de la reducción de la cantidad de diputados y senadores de representación proporcional. Si bien ambas propuestas se adornan con ropajes "ciudadanos" y de "austeridad", su efecto real empuja al fortalecimiento del control sobre el espacio público por los políticos profesionales y poderes fácticos de siempre.
Cierto es que año tras año los partidos derrochan grandes cantidades de dinero público. La Constitución ordena que en 2010 los partidos en su conjunto reciban más de 3 mil millones de pesos. En 2012, este monto rebasará los 5 mil millones de pesos. Frente a la ausencia de un verdadero régimen de transparencia para los partidos, el típico desaseo administrativo interno de estos institutos políticos y una actitud francamente omisa de las autoridades electorales, este dinero muchas veces termina utilizándose más para fines personales y clientelares que en función del interés público.
Pero la respuesta no se encuentra en mayor financiamiento privado o necesariamente en la reducción del público, sino en el establecimiento de un riguroso sistema de rendición de cuentas. En las próximas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sería fundamental que se incluyera a los partidos como plenos "sujetos obligados" de la ley, tal como ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país. Los ciudadanos deben tener el mismo derecho a saber en qué gastan los partidos que a tener información sobre las compras gubernamentales. Como "entidades de interés público" y receptores de financiamiento con cargo al erario, no existe pretexto alguno para que los partidos se mantengan alejados de la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Sin embargo, en lugar de ello, el actual presidente de Acción Nacional ha presentado una propuesta profundamente engañosa y eminentemente populista que se orienta a que los grandes empresarios del país legalicen las enormes cantidades de dinero que ya de por sí entregan de manera "indirecta" a las campañas electorales de su partido.
Contribuye a la confusión el hecho de que grupos como la Asociación Nacional Ciudadana, surgida del movimiento por el voto nulo, impulsen una iniciativa paralela para reducir la cantidad de financiamiento público a los partidos. Si bien la propuesta "¡Ya bájenle!" no propone explícitamente aumentar el financiamiento privado, en los hechos empuja en ese sentido. Ante la drástica reducción de sus ingresos, a los partidos no les quedaría otra que buscar con desesperación patrocinadores legales e ilegales (la delincuencia organizada, por ejemplo) en el sector privado.
En palabras de los impulsores de esta iniciativa, el aumento colateral del financiamiento privado sería positivo, ya que la búsqueda de nuevos patrocinadores obligaría a los partidos a "acercarse a la ciudadanía".
Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha dicho que "en la medida en que subsidiamos a los partidos políticos, les damos muy pocos incentivos para que se mantengan cerca de la ciudadanía". Jorge Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que "hay que buscar un equilibrio que haga que los partidos se acerquen a la sociedad a fin de buscar recursos para hacer sus campañas de acuerdo con las causas que defienden".
Queda claro que la "ciudadanía" de la que hablan los expertos no se refiere a la población en general, sino únicamente a las personas más adineradas. Pero lo que necesitamos son mecanismos no para consolidar el de-sequilibrio estructural de la desigualdad económica, sino para revertirlo y obligar a los partidos a velar por las necesidades de las grandes mayorías del país, quienes no tienen para alimentar a sus hijos, y mucho menos para realizar donaciones a los partidos.
La propuesta de Beltrones para reducir la cantidad de diputados y senadores plurinominales también esconde la agenda. El senador busca mermar la actual pluralidad del Congreso y regresar a los tiempos de predominio total del PRI. Lo que sí tendría sentido sería la modificación de la forma en que se otorgan estas curules. Por ejemplo, el destacado jurista Diego Valadés ha propuesto asignar estos lugares a los candidatos uninominales que hayan recibido la mayor cantidad de votos en sus correspondientes distritos electorales, pero no les hayan alcanzado para ganar el distrito correspondiente por la vía uninominal. Así, absolutamente todos los representantes populares tendrían que hacer campaña y acercarse a la población.
P. D. Una cordial invitación al foro Opacidad y rendición de cuentas: el desafío del Estado mexicano, que tendrá lugar este miércoles 4 de noviembre, de las 9 a la 14:30 horas, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el cual contará con la participación de destacados políticos, analistas y funcionarios públicos.
Tanto César Nava como Manlio Fabio Beltrones buscan sacar provecho de la crisis económica y el rechazo a los partidos políticos para consolidar su poder. Nava ha propuesto triplicar el financiamiento privado para los partidos y reducir a la mitad el financiamiento público. Beltrones se ha pronunciado en favor de la reducción de la cantidad de diputados y senadores de representación proporcional. Si bien ambas propuestas se adornan con ropajes "ciudadanos" y de "austeridad", su efecto real empuja al fortalecimiento del control sobre el espacio público por los políticos profesionales y poderes fácticos de siempre.
Cierto es que año tras año los partidos derrochan grandes cantidades de dinero público. La Constitución ordena que en 2010 los partidos en su conjunto reciban más de 3 mil millones de pesos. En 2012, este monto rebasará los 5 mil millones de pesos. Frente a la ausencia de un verdadero régimen de transparencia para los partidos, el típico desaseo administrativo interno de estos institutos políticos y una actitud francamente omisa de las autoridades electorales, este dinero muchas veces termina utilizándose más para fines personales y clientelares que en función del interés público.
Pero la respuesta no se encuentra en mayor financiamiento privado o necesariamente en la reducción del público, sino en el establecimiento de un riguroso sistema de rendición de cuentas. En las próximas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sería fundamental que se incluyera a los partidos como plenos "sujetos obligados" de la ley, tal como ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país. Los ciudadanos deben tener el mismo derecho a saber en qué gastan los partidos que a tener información sobre las compras gubernamentales. Como "entidades de interés público" y receptores de financiamiento con cargo al erario, no existe pretexto alguno para que los partidos se mantengan alejados de la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Sin embargo, en lugar de ello, el actual presidente de Acción Nacional ha presentado una propuesta profundamente engañosa y eminentemente populista que se orienta a que los grandes empresarios del país legalicen las enormes cantidades de dinero que ya de por sí entregan de manera "indirecta" a las campañas electorales de su partido.
Contribuye a la confusión el hecho de que grupos como la Asociación Nacional Ciudadana, surgida del movimiento por el voto nulo, impulsen una iniciativa paralela para reducir la cantidad de financiamiento público a los partidos. Si bien la propuesta "¡Ya bájenle!" no propone explícitamente aumentar el financiamiento privado, en los hechos empuja en ese sentido. Ante la drástica reducción de sus ingresos, a los partidos no les quedaría otra que buscar con desesperación patrocinadores legales e ilegales (la delincuencia organizada, por ejemplo) en el sector privado.
En palabras de los impulsores de esta iniciativa, el aumento colateral del financiamiento privado sería positivo, ya que la búsqueda de nuevos patrocinadores obligaría a los partidos a "acercarse a la ciudadanía".
Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha dicho que "en la medida en que subsidiamos a los partidos políticos, les damos muy pocos incentivos para que se mantengan cerca de la ciudadanía". Jorge Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que "hay que buscar un equilibrio que haga que los partidos se acerquen a la sociedad a fin de buscar recursos para hacer sus campañas de acuerdo con las causas que defienden".
Queda claro que la "ciudadanía" de la que hablan los expertos no se refiere a la población en general, sino únicamente a las personas más adineradas. Pero lo que necesitamos son mecanismos no para consolidar el de-sequilibrio estructural de la desigualdad económica, sino para revertirlo y obligar a los partidos a velar por las necesidades de las grandes mayorías del país, quienes no tienen para alimentar a sus hijos, y mucho menos para realizar donaciones a los partidos.
La propuesta de Beltrones para reducir la cantidad de diputados y senadores plurinominales también esconde la agenda. El senador busca mermar la actual pluralidad del Congreso y regresar a los tiempos de predominio total del PRI. Lo que sí tendría sentido sería la modificación de la forma en que se otorgan estas curules. Por ejemplo, el destacado jurista Diego Valadés ha propuesto asignar estos lugares a los candidatos uninominales que hayan recibido la mayor cantidad de votos en sus correspondientes distritos electorales, pero no les hayan alcanzado para ganar el distrito correspondiente por la vía uninominal. Así, absolutamente todos los representantes populares tendrían que hacer campaña y acercarse a la población.
P. D. Una cordial invitación al foro Opacidad y rendición de cuentas: el desafío del Estado mexicano, que tendrá lugar este miércoles 4 de noviembre, de las 9 a la 14:30 horas, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el cual contará con la participación de destacados políticos, analistas y funcionarios públicos.
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