Luis Hernández Navarro
Terminó el plazo que el gobierno federal dio para liquidar a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ofreciendo un bono extra. Aunque sigue la disputa por las cifras, los resultados no son buenos para la administración de Felipe Calderón: los empleados que aceptaron indemnizarse son poco más de la mitad de la plantilla. Apenas unos cuantos seguidores más de los que votaron por la planilla del disidente Alejandro Muñoz en los pasados comicios sindicales.
El gobierno necesitaba que cerca de 90 por ciento de los electricistas dieran por terminada la relación laboral. No lo consiguió. No obstante las deudas y necesidades económicas de los trabajadores, cerca de la mitad siguen resistiendo. Los electricistas sortearon una feroz campaña en su contra en medios y se mantienen en pie de lucha. A pesar de que la administración de Calderón requisó los fondos sindicales y el gremio no contaba con un fondo de huelga para enfrentar un conflicto de esta magnitud, la movilización continúa. El conflicto subsiste.
El servicio eléctrico no ha podido ser regularizado. Cortes de energía y apagones son hoy continuos y de mayor duración que en el pasado. Con frecuencia, los afectados se han visto obligados a ocupar la vía pública para que se restablezca el servicio. Tan constantes y extendidas son las fallas que ya ni se reportan en la prensa. Se han convertido en parte de la vida cotidiana en las zonas que abastecía LFC.
La Comisión Federal de Electricidad no ha podido cobrar el servicio eléctrico, pues no cuenta con personal para la toma de lecturas de los medidores. Ahora, en una acción a toda luces ilegal, pretende que los usuarios paguen la luz con base en estimados de consumos anteriores. Muy probablemente se levantará una ola de inconformidad entre los usuarios.
En el terreno jurídico, el gobierno federal sufrió un sonoro descalabro. El pasado 6 de noviembre, la juez Guillermina Coutiño Mata concedió la suspensión definitiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre LFC y el sindicato. Eso significa que, desde el punto de vista legal, sindicato y contrato colectivo de trabajo siguen existiendo. Alrededor del 25 de noviembre se espera que se emita la sentencia definitiva.
A su vez, la administración de Calderón tuvo un respiro por la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aceptar una demanda de controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Falta aún ver qué suerte corre la demanda promovida por el Congreso de Hidalgo y si la Cámara de Diputados presenta la suya. El punto se ha vuelto un asunto controvertido dentro de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ve en ello el terreno de una fructífera negociación con el gobierno. Los diputados de la Confederación Nacional Campesina apoyan que se promueva la demanda.
El pasado 11 de noviembre se efectuó un paro cívico nacional en apoyo de los electricistas. La acción fue una contundente demostración de fuerza y de capacidad de convocatoria, una de las más resonantes en muchos años. El funcionamiento de la ciudad de México se desquició, el tránsito vehicular a través de las principales carreteras que conectan a la capital con el resto del país se estranguló por momentos y los medios de comunicación debieron reportar las acciones de protesta.
Curiosamente, como si respondiera a un guión dictado, la prensa destacó tres hechos: que en la protesta habían participado menos personas que en la marcha del 15 de octubre, que los trabajadores habían radicalizado sus acciones y que la dirigencia del SME había enarbolado un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cómo midieron el número de asistentes a una jornada de lucha que duró más de 12 horas y que abarcó 22 estados de la República es un misterio.
La realidad fue mucho más compleja y rica. En estados como Michoacán y Oaxaca, por ejemplo, el magisterio suspendió clases en prácticamente todas las escuelas. En muchos de los municipios donde la generación eléctrica es la principal actividad económica, las movilizaciones paralizaron las actividades económicas. En la ciudad de México se efectuaron acciones simultáneas (desde asambleas hasta marchas) en multitud de colonias. Las universidades públicas del Distrito Federal no funcionaron; la participación estudiantil fue notable. Muchos de quienes protestaron no asistieron a la manifestación que fue al Zócalo porque ya lo habían hecho en sus centros habitacionales o de trabajo.
El paro cívico nacional no articuló el descontento existente entre los no organizados; no provocó una explosión social. ¿Alguien supuso seriamente que algo así sucedería el 11 de noviembre? Participó, sí, la mayoría de los sectores populares organizados del centro y parte del sur del país en los que las izquierdas influyen. A pesar de que muchas de las fuerzas involucradas enarbolaron sus propias demandas (por ejemplo, los telefonistas) fue, en lo esencial, una movilización de apoyo a los electricistas.
A cinco semanas de la declaración de guerra del gobierno federal contra el SME, la administración de Felipe Calderón no ha podido triunfar. Para avanzar en el terreno jurídico deberá hacer concesiones significativas al PRI en otros ámbitos. Un conflicto que creyó poder resolver en menos de un mes de plazo, y que necesitaba ganar con rapidez, persiste en la escena política nacional y amenaza con extenderse, radicalizarse y durar todavía más.
Terminó el plazo que el gobierno federal dio para liquidar a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ofreciendo un bono extra. Aunque sigue la disputa por las cifras, los resultados no son buenos para la administración de Felipe Calderón: los empleados que aceptaron indemnizarse son poco más de la mitad de la plantilla. Apenas unos cuantos seguidores más de los que votaron por la planilla del disidente Alejandro Muñoz en los pasados comicios sindicales.
El gobierno necesitaba que cerca de 90 por ciento de los electricistas dieran por terminada la relación laboral. No lo consiguió. No obstante las deudas y necesidades económicas de los trabajadores, cerca de la mitad siguen resistiendo. Los electricistas sortearon una feroz campaña en su contra en medios y se mantienen en pie de lucha. A pesar de que la administración de Calderón requisó los fondos sindicales y el gremio no contaba con un fondo de huelga para enfrentar un conflicto de esta magnitud, la movilización continúa. El conflicto subsiste.
El servicio eléctrico no ha podido ser regularizado. Cortes de energía y apagones son hoy continuos y de mayor duración que en el pasado. Con frecuencia, los afectados se han visto obligados a ocupar la vía pública para que se restablezca el servicio. Tan constantes y extendidas son las fallas que ya ni se reportan en la prensa. Se han convertido en parte de la vida cotidiana en las zonas que abastecía LFC.
La Comisión Federal de Electricidad no ha podido cobrar el servicio eléctrico, pues no cuenta con personal para la toma de lecturas de los medidores. Ahora, en una acción a toda luces ilegal, pretende que los usuarios paguen la luz con base en estimados de consumos anteriores. Muy probablemente se levantará una ola de inconformidad entre los usuarios.
En el terreno jurídico, el gobierno federal sufrió un sonoro descalabro. El pasado 6 de noviembre, la juez Guillermina Coutiño Mata concedió la suspensión definitiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre LFC y el sindicato. Eso significa que, desde el punto de vista legal, sindicato y contrato colectivo de trabajo siguen existiendo. Alrededor del 25 de noviembre se espera que se emita la sentencia definitiva.
A su vez, la administración de Calderón tuvo un respiro por la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aceptar una demanda de controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Falta aún ver qué suerte corre la demanda promovida por el Congreso de Hidalgo y si la Cámara de Diputados presenta la suya. El punto se ha vuelto un asunto controvertido dentro de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ve en ello el terreno de una fructífera negociación con el gobierno. Los diputados de la Confederación Nacional Campesina apoyan que se promueva la demanda.
El pasado 11 de noviembre se efectuó un paro cívico nacional en apoyo de los electricistas. La acción fue una contundente demostración de fuerza y de capacidad de convocatoria, una de las más resonantes en muchos años. El funcionamiento de la ciudad de México se desquició, el tránsito vehicular a través de las principales carreteras que conectan a la capital con el resto del país se estranguló por momentos y los medios de comunicación debieron reportar las acciones de protesta.
Curiosamente, como si respondiera a un guión dictado, la prensa destacó tres hechos: que en la protesta habían participado menos personas que en la marcha del 15 de octubre, que los trabajadores habían radicalizado sus acciones y que la dirigencia del SME había enarbolado un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cómo midieron el número de asistentes a una jornada de lucha que duró más de 12 horas y que abarcó 22 estados de la República es un misterio.
La realidad fue mucho más compleja y rica. En estados como Michoacán y Oaxaca, por ejemplo, el magisterio suspendió clases en prácticamente todas las escuelas. En muchos de los municipios donde la generación eléctrica es la principal actividad económica, las movilizaciones paralizaron las actividades económicas. En la ciudad de México se efectuaron acciones simultáneas (desde asambleas hasta marchas) en multitud de colonias. Las universidades públicas del Distrito Federal no funcionaron; la participación estudiantil fue notable. Muchos de quienes protestaron no asistieron a la manifestación que fue al Zócalo porque ya lo habían hecho en sus centros habitacionales o de trabajo.
El paro cívico nacional no articuló el descontento existente entre los no organizados; no provocó una explosión social. ¿Alguien supuso seriamente que algo así sucedería el 11 de noviembre? Participó, sí, la mayoría de los sectores populares organizados del centro y parte del sur del país en los que las izquierdas influyen. A pesar de que muchas de las fuerzas involucradas enarbolaron sus propias demandas (por ejemplo, los telefonistas) fue, en lo esencial, una movilización de apoyo a los electricistas.
A cinco semanas de la declaración de guerra del gobierno federal contra el SME, la administración de Felipe Calderón no ha podido triunfar. Para avanzar en el terreno jurídico deberá hacer concesiones significativas al PRI en otros ámbitos. Un conflicto que creyó poder resolver en menos de un mes de plazo, y que necesitaba ganar con rapidez, persiste en la escena política nacional y amenaza con extenderse, radicalizarse y durar todavía más.
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