Eduardo Ibarra Aguirre
De un tiempo a esta parte, los gobernadores de las 31 entidades federativas, con relativa independencia de su procedencia partidista, son denominados señores feudales en virtud de los poderes que ejercen más allá de los establecidos en las constituciones de los estados y la ley de leyes del país, y la influencia que tienen en las decisiones que toman sus partidos y el gobierno federal.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, aprobado al igual que la Ley de Ingresos fuera de los tiempos legislativos que establece la Constitución y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fortalece la peligrosa tendencia de los gobernadores a convertir en feudos las entidades que mal o bien gobiernan, con la indiferencia de una opinión pública saturada de preocupaciones y ocupaciones que considera más relevantes.
La correlación de fuerzas legislativas en San Lázaro, con un Partido Revolucionario Institucional como decisivo, producto del 5 de julio pasado, somete al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a candados en el ejercicio del gasto al imponerle nuevos controles, como presentar informes trimestrales sobre su aplicación, evitar subejercicios, aceptar la opinión de los gobernadores sobre política social y aplicar un programa de austeridad en la alta burocracia.
También impide que el titular del Ejecutivo federal pueda disponer de las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social para inversión en infraestructura, además de que la secretaría que encabeza Agustín Carstens Carstens y que ejercerá un presupuesto de 34 mil 618 millones de pesos en 2010, no pueda recortar transferencias federales a estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal con el manido pretexto del incumplimiento de requisitos de información y tiempo en la realización de obras y desarrollo de programas.
Lo anterior pareciera hacer realidad, finalmente, la máxima: el presidente propone y el Congreso dispone, que presumía como merito propio Ernesto Zedillo Ponce de León , y no como producto neto de las coordenadas políticas construidas en las urnas en julio 1997.
Todo lo contrario. Mientras en San Lázaro fue sometido el cada vez más aislado e irascible Calderón Hinojosa, los gobernadores resultaron los grandes ganadores con el Presupuesto de Egresos de la Federación , sobre todo los que despachan en los 10 estados que el próximo año elegirán sustituto y más específicamente los que tienen alianzas con Enrique Peña Nieto con vistas al 1 de julio de 2012. Los tres partidos mayoritarios se distribuyeron proporcionalmente una bolsa total de 86 mil 626 millones de pesos que les fueron reasignados por Luis Videgaray Caso , hombre clave del gobernador mexiquense en el tianguis de fin de semana. Los señores feudales sólo serán supervisados por la Auditoría Superior de la Federación.
Se negoció y aprobó desde la perspectiva de la inmediatez, de la coyuntura electoral y el relevo en Los Pinos. La gran ausente fue la deliberación, tanto que la mencionada comisión, bajo las directrices del Ejecutivo del estado de México, sesionó sólo en dos ocasiones.
El desaseo fue tan notable, también por el limitado manejo de Videgaray Caso, que desde Ottawa, Canadá, el presidente del Senado acusó al gobernador que provoca suspiros de las féminas –dicen sus compañeros de sector y de partido--, de tener secuestrado al Congreso al haber asumido la negociación del presupuesto y convertirla en “botín de corsarios”. Carlos Navarrete Ruiz lo denominó “espectáculo grotesco” y aseguró que los gobernadores ya no acuden a Hacienda ni a la sede del Revolucionario, sino que “en fila van a Toluca”.
El reparto proporcional de la mencionada bolsa sustituirá a los verbos rijosos.
De un tiempo a esta parte, los gobernadores de las 31 entidades federativas, con relativa independencia de su procedencia partidista, son denominados señores feudales en virtud de los poderes que ejercen más allá de los establecidos en las constituciones de los estados y la ley de leyes del país, y la influencia que tienen en las decisiones que toman sus partidos y el gobierno federal.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, aprobado al igual que la Ley de Ingresos fuera de los tiempos legislativos que establece la Constitución y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fortalece la peligrosa tendencia de los gobernadores a convertir en feudos las entidades que mal o bien gobiernan, con la indiferencia de una opinión pública saturada de preocupaciones y ocupaciones que considera más relevantes.
La correlación de fuerzas legislativas en San Lázaro, con un Partido Revolucionario Institucional como decisivo, producto del 5 de julio pasado, somete al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a candados en el ejercicio del gasto al imponerle nuevos controles, como presentar informes trimestrales sobre su aplicación, evitar subejercicios, aceptar la opinión de los gobernadores sobre política social y aplicar un programa de austeridad en la alta burocracia.
También impide que el titular del Ejecutivo federal pueda disponer de las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social para inversión en infraestructura, además de que la secretaría que encabeza Agustín Carstens Carstens y que ejercerá un presupuesto de 34 mil 618 millones de pesos en 2010, no pueda recortar transferencias federales a estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal con el manido pretexto del incumplimiento de requisitos de información y tiempo en la realización de obras y desarrollo de programas.
Lo anterior pareciera hacer realidad, finalmente, la máxima: el presidente propone y el Congreso dispone, que presumía como merito propio Ernesto Zedillo Ponce de León , y no como producto neto de las coordenadas políticas construidas en las urnas en julio 1997.
Todo lo contrario. Mientras en San Lázaro fue sometido el cada vez más aislado e irascible Calderón Hinojosa, los gobernadores resultaron los grandes ganadores con el Presupuesto de Egresos de la Federación , sobre todo los que despachan en los 10 estados que el próximo año elegirán sustituto y más específicamente los que tienen alianzas con Enrique Peña Nieto con vistas al 1 de julio de 2012. Los tres partidos mayoritarios se distribuyeron proporcionalmente una bolsa total de 86 mil 626 millones de pesos que les fueron reasignados por Luis Videgaray Caso , hombre clave del gobernador mexiquense en el tianguis de fin de semana. Los señores feudales sólo serán supervisados por la Auditoría Superior de la Federación.
Se negoció y aprobó desde la perspectiva de la inmediatez, de la coyuntura electoral y el relevo en Los Pinos. La gran ausente fue la deliberación, tanto que la mencionada comisión, bajo las directrices del Ejecutivo del estado de México, sesionó sólo en dos ocasiones.
El desaseo fue tan notable, también por el limitado manejo de Videgaray Caso, que desde Ottawa, Canadá, el presidente del Senado acusó al gobernador que provoca suspiros de las féminas –dicen sus compañeros de sector y de partido--, de tener secuestrado al Congreso al haber asumido la negociación del presupuesto y convertirla en “botín de corsarios”. Carlos Navarrete Ruiz lo denominó “espectáculo grotesco” y aseguró que los gobernadores ya no acuden a Hacienda ni a la sede del Revolucionario, sino que “en fila van a Toluca”.
El reparto proporcional de la mencionada bolsa sustituirá a los verbos rijosos.
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