Luis Javier Garrido
El llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a restaurar el orden constitucional y a instaurar un nuevo "pacto social", reiterado en las movilizaciones del día 11, está marcando una nueva etapa en la lucha de los electricistas que la convierte en un movimiento nacional.
1. El éxito de las movilizaciones de la jornada del paro nacional, convocado por el SME el miércoles 11, durante la cual nuevamente cientos de miles de mexicanos se movilizaron en respaldo a la lucha de los trabajadores electricistas, ha sorprendido a todos y está dejando al gobierno de Calderón en una situación de perplejidad la que sólo parece poder enfrentar con la manipulación de la información.
2. En el país existe ya un abismo absoluto entre quienes pretenden gobernar y el pueblo, y eso hace inviable cualquier proyecto de gobierno. La rechifla que dieron 30 mil aficionados a Felipe Calderón al inaugurar el miércoles 11 el estadio Territorio Santos-Modelo, de Torreón, y las pancartas, mantas y manifestaciones de abucheo en la jornada cívica del paro nacional al espurio michoacano ese mismo día, no evidencian nada más el agravio creciente del pueblo, sino que anuncian una situación mucho más crítica de la que se advierte desde el poder.
3. El gobierno espurio de Calderón no atina en tanto más que a buscar consolidar su alianza con el priísmo salinista, y así en un acto patético otorgó el mismo día 11 nada menos que el Premio Nacional de Ingeniería al millonario Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien ha sido el instrumento para entregar el sector eléctrico a las multinacionales y ahora se asume como el esquirol mayor.
4. Los empresarios que se reunieron durante varios días en San Pedro Garza García se desgarraron las vestiduras por la que entienden como crítica situación nacional, y fueron uno a uno lanzando llamados alarmistas, pero no fueron capaces de reconocer que son los principales culpables de lo que acontece al haber impuesto en 2006 por medio de la violencia electoral a un gobernante espurio al que sabían que podían manejar como su pelele y que no ha hecho otra cosa que instaurar un gobierno de ineptitud y de corrupción. Y lo son doblemente porque insisten en ignorar que la crisis económica no viene del contexto internacional, que sólo la agravó, sino del trasnochado modelo neoliberal que de manera fascista pretenden seguir imponiendo al país.
5. El SME ha privilegiado hasta ahora la lucha jurídica a la lucha social y a la política, pero las probabilidades de que la Suprema Corte intervenga de oficio, como está facultada para hacerlo, a fin de restablecer el orden constitucional son inexistentes, pues no hay en ella juristas: está integrada por mediocres abogados sin mérito, muchos de ellos filopanistas que han dado evidencias de venalidad, corroborando la inexistencia en México de un estado de derecho. Las tonterías que expresaron el ministro Cossío para desafanarse de la acción interpuesta por la legislatura capitalina (9 de noviembre) o el ministro Ortiz Mayagoitia para rechazar el exhorto de los electricistas a investigar de oficio lo que acontece (11 de noviembre) no son más que un adelanto de las barbaridades a las que van a acudir sus colegas con tal de servir de manera incondicional al gobierno panista ante la controversia presentada ayer por el Congreso de Hidalgo y la posible acción de inconstitucionalidad, y esto abre otro escenario en el país al reconocerse que no hay ya una legalidad vigente, situación en la que muchos son los responsables.
6. El PRI, por muy dividido que evidencie estar, se ha plegado también a las decisiones y acuerdos cupulares, y como actor político es un responsable fundamental de que se esté lanzando al país a la ilegalidad. Los integrantes de la cúpula dirigente (Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Paco Rojas, Peña Nieto) están todos sometidos a Salinas y al gran botín que es también para ellos la privatización del sector energético y no sólo no han condenado las acciones anticonstitucionales de Calderón y de sus amigos, sino que no va a avalar que la Cámara de Diputados presente una controversia constitucional.
7. El dilema del SME y del movimiento social que se ha ido consolidando en torno a la lucha de los electricistas se está definiendo desde ahora ante la evidente decisión de las mafias que gobiernan al país, y de quien prevalece sobre ellas, que es Carlos Salinas de Gortari, a) de oponerse a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga valer la legalidad constitucional de México, a pesar de la exigencia que se manifiesta en los ámbitos jurídico, político y social, argumentando que ello supone reconocer que Calderón actuó en la ilegalidad, como también de b) negarse al diálogo y, en consecuencia, a cualquier rectificación. Es decir, al insistir quienes detentan el poder político en su terquedad de insistir en irse por la vía de la ilegalidad y de la fuerza.
8. El escenario que se presenta en México a un mes del decreto anticonstitucional de Calderón no deja lugar a dudas, pues ese profundo menosprecio de la legalidad constitucional de la República de los grupos que manejan a Calderón, que han entendido que sólo por la fuerza pueden lograr la entrega del sector energético nacional a las corporaciones multinacionales a las que se encuentran asociados, no deja más alternativa para los mexicanos que la resistencia civil (y en serio) o la de la revolución, bajo cualquiera de sus formas.
9. Los políticos como los juristas saben, pero pretenden ignorarlo, que cuando un gobierno, como está haciendo el gobierno de facto de Calderón, desconoce el orden constitucional de su país al violentarlo de manera generalizada –asumiendo facultades que no tiene, cancelando derechos individuales y sociales y atentando contra los intereses de la nación– quebranta el pacto nacional y hace inviable cualquier proyecto social y económico, y que, por lo mismo, el pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede legítimamente desconocer sus actos ilegales y tratar por todos los medios de buscar el restablecimiento del orden constitucional.
10. Las decisiones del poder político espurio de México reflejan prepotencia e irresponsabilidad, pero sobre todo un gran desprecio por el pueblo, y eso es algo que está ya teniendo una respuesta, que apenas se esboza, pero cuyas dimensiones no pueden imaginar quienes siguen impunemente usufructuando los bienes de la nación, y no prestan atención a las mantas que dicen: "El SME se queda y Calderón se va".
El llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a restaurar el orden constitucional y a instaurar un nuevo "pacto social", reiterado en las movilizaciones del día 11, está marcando una nueva etapa en la lucha de los electricistas que la convierte en un movimiento nacional.
1. El éxito de las movilizaciones de la jornada del paro nacional, convocado por el SME el miércoles 11, durante la cual nuevamente cientos de miles de mexicanos se movilizaron en respaldo a la lucha de los trabajadores electricistas, ha sorprendido a todos y está dejando al gobierno de Calderón en una situación de perplejidad la que sólo parece poder enfrentar con la manipulación de la información.
2. En el país existe ya un abismo absoluto entre quienes pretenden gobernar y el pueblo, y eso hace inviable cualquier proyecto de gobierno. La rechifla que dieron 30 mil aficionados a Felipe Calderón al inaugurar el miércoles 11 el estadio Territorio Santos-Modelo, de Torreón, y las pancartas, mantas y manifestaciones de abucheo en la jornada cívica del paro nacional al espurio michoacano ese mismo día, no evidencian nada más el agravio creciente del pueblo, sino que anuncian una situación mucho más crítica de la que se advierte desde el poder.
3. El gobierno espurio de Calderón no atina en tanto más que a buscar consolidar su alianza con el priísmo salinista, y así en un acto patético otorgó el mismo día 11 nada menos que el Premio Nacional de Ingeniería al millonario Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien ha sido el instrumento para entregar el sector eléctrico a las multinacionales y ahora se asume como el esquirol mayor.
4. Los empresarios que se reunieron durante varios días en San Pedro Garza García se desgarraron las vestiduras por la que entienden como crítica situación nacional, y fueron uno a uno lanzando llamados alarmistas, pero no fueron capaces de reconocer que son los principales culpables de lo que acontece al haber impuesto en 2006 por medio de la violencia electoral a un gobernante espurio al que sabían que podían manejar como su pelele y que no ha hecho otra cosa que instaurar un gobierno de ineptitud y de corrupción. Y lo son doblemente porque insisten en ignorar que la crisis económica no viene del contexto internacional, que sólo la agravó, sino del trasnochado modelo neoliberal que de manera fascista pretenden seguir imponiendo al país.
5. El SME ha privilegiado hasta ahora la lucha jurídica a la lucha social y a la política, pero las probabilidades de que la Suprema Corte intervenga de oficio, como está facultada para hacerlo, a fin de restablecer el orden constitucional son inexistentes, pues no hay en ella juristas: está integrada por mediocres abogados sin mérito, muchos de ellos filopanistas que han dado evidencias de venalidad, corroborando la inexistencia en México de un estado de derecho. Las tonterías que expresaron el ministro Cossío para desafanarse de la acción interpuesta por la legislatura capitalina (9 de noviembre) o el ministro Ortiz Mayagoitia para rechazar el exhorto de los electricistas a investigar de oficio lo que acontece (11 de noviembre) no son más que un adelanto de las barbaridades a las que van a acudir sus colegas con tal de servir de manera incondicional al gobierno panista ante la controversia presentada ayer por el Congreso de Hidalgo y la posible acción de inconstitucionalidad, y esto abre otro escenario en el país al reconocerse que no hay ya una legalidad vigente, situación en la que muchos son los responsables.
6. El PRI, por muy dividido que evidencie estar, se ha plegado también a las decisiones y acuerdos cupulares, y como actor político es un responsable fundamental de que se esté lanzando al país a la ilegalidad. Los integrantes de la cúpula dirigente (Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Paco Rojas, Peña Nieto) están todos sometidos a Salinas y al gran botín que es también para ellos la privatización del sector energético y no sólo no han condenado las acciones anticonstitucionales de Calderón y de sus amigos, sino que no va a avalar que la Cámara de Diputados presente una controversia constitucional.
7. El dilema del SME y del movimiento social que se ha ido consolidando en torno a la lucha de los electricistas se está definiendo desde ahora ante la evidente decisión de las mafias que gobiernan al país, y de quien prevalece sobre ellas, que es Carlos Salinas de Gortari, a) de oponerse a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga valer la legalidad constitucional de México, a pesar de la exigencia que se manifiesta en los ámbitos jurídico, político y social, argumentando que ello supone reconocer que Calderón actuó en la ilegalidad, como también de b) negarse al diálogo y, en consecuencia, a cualquier rectificación. Es decir, al insistir quienes detentan el poder político en su terquedad de insistir en irse por la vía de la ilegalidad y de la fuerza.
8. El escenario que se presenta en México a un mes del decreto anticonstitucional de Calderón no deja lugar a dudas, pues ese profundo menosprecio de la legalidad constitucional de la República de los grupos que manejan a Calderón, que han entendido que sólo por la fuerza pueden lograr la entrega del sector energético nacional a las corporaciones multinacionales a las que se encuentran asociados, no deja más alternativa para los mexicanos que la resistencia civil (y en serio) o la de la revolución, bajo cualquiera de sus formas.
9. Los políticos como los juristas saben, pero pretenden ignorarlo, que cuando un gobierno, como está haciendo el gobierno de facto de Calderón, desconoce el orden constitucional de su país al violentarlo de manera generalizada –asumiendo facultades que no tiene, cancelando derechos individuales y sociales y atentando contra los intereses de la nación– quebranta el pacto nacional y hace inviable cualquier proyecto social y económico, y que, por lo mismo, el pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede legítimamente desconocer sus actos ilegales y tratar por todos los medios de buscar el restablecimiento del orden constitucional.
10. Las decisiones del poder político espurio de México reflejan prepotencia e irresponsabilidad, pero sobre todo un gran desprecio por el pueblo, y eso es algo que está ya teniendo una respuesta, que apenas se esboza, pero cuyas dimensiones no pueden imaginar quienes siguen impunemente usufructuando los bienes de la nación, y no prestan atención a las mantas que dicen: "El SME se queda y Calderón se va".
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