JENARO VILLAMIL
En enero de 2009, sin consulta previa con los sectores involucrados, el presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó un reglamento que le otorgaba atribuciones centralizadoras al secretario de Comunicaciones y Transportes para ser la única área responsable de entregar concesiones en medios electrónicos, refrendar y licitar las concesiones, así como determinar qué pasaba con la administración del espectro radioeléctrico.
El reglamento afectó claramente las atribuciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), entidad creada justamente para regular el sector, pero que siempre ha estado subordinada a los intereses de los grandes grupos mediáticos y de telecomunicaciones o a la discrecionalidad del titular de Comunicaciones y Transportes.
Cuando se publicó el reglamento en el Diario Oficial de la Federación, el entonces secretario Luis Téllez sintió que le había ganado una partida fundamental al presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, a quien acusó de estar "capturado" por los poderes de grandes empresas como Televisa, Telmex, TV Azteca. En esencia, Téllez se convertía en un supersecretario, perfilado para la sucesión presidencial. De esa manera, decían los enterados, Calderón agradecía sus buenos servicios en el espinoso expediente del avionazo de Juan Camilo Mouriño.
La historia posterior es conocida: Téllez se estrelló en sus propias ambiciones. El "fuego amigo" y el enemigo lo colocaron en una situación muy delicada que lo llevó a la renuncia de la SCT. El funcionario que se vio a sí mismo como el zar de las comunicaciones y los transportes dejó al sector dividido, confrontado, con más de 60 litigios pendientes y sin certeza jurídica en materia de refrendos, sobre todo, en la radio.
Ahora, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron cerrar el expediente abierto por ese polémico reglamento presidencial. La decisión de 8 de los 10 ministros que apoyaron la sentencia de Genaro Góngora Pimentel, en su espectacular despedida del máximo tribunal, indica que el presidente se extralimitó en sus funciones y que el titular de la SCT no tiene facultades para otorgar prórrogas, refrendos o modificaciones de las concesiones y permisos en materia de radiodifusión.
Tampoco tendrá atribuciones para declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión o revocación de las concesiones. Por tanto, el titular de la SCT pasa de supersecretario a un mini-secretario que tendrá que lidiar con la Cofetel –organismo que, efectivamente, aún no ha demostrado que está fuera de la sombra de la "captura"-- y arreglar el entuerto que dejó Téllez en su largo y tortuoso enfrentamiento con Osuna y con la subsecretaria Purificación Carpinteyro.
Las consecuencias de las decisiones que adopte la Suprema Corte para el sector de telecomunicaciones, y de radio y televisión serán múltiples. He aquí algunas de ellas:
a). En primer lugar, Molinar tendrá que explicar ante la Cámara de Diputados en qué situación se encuentra exactamente el estado de las concesiones y los refrendos pendientes. También deberá ser muy claro en el manejo y administración del espectro, donde los criterios discrecionales persisten.
b). La Cofetel tendrá un gran desafío enfrente. Existen cerca de 400 frecuencias, tan sólo en radio concesionada, que están en el limbo porque también la Suprema Corte determinó –cuando analizó la controversia por la Ley Televisa- que un concesionario no puede renovar su concesión automáticamente si antes no participa en una nueva licitación.
c). El alto nivel de litigio jurídico persiste. Esta situación se acrecentó durante el enfrentamiento entre la SCT y Cofetel por centralizar las atribuciones del sector que representa el negocio más importante de la última década. Existen amparos en contra de renovaciones entregadas y demandas, como en el caso de MVS, en contra de la pretensión de Cofetel de quitarle parte de su espectro en la banda de 2.5Mhz, por supuesta "subutilización". También está abierto el expediente en contra de TV Azteca por la comercialización, presuntamente ilegal, de HiTV.
d). El especialista Gerardo Soria también alertó que existe el riesgo de que varios procesos resueltos por la SCT queden nulos, como son los casos de varios refrendos.
e). Sin embargo, el desafío fundamental es que Cofetel demuestre que es un auténtico regulador y no un organismo más arrodillado ante los intereses de monopolios tan fuertes como el de Televisa. Los hechos recientes indican que Cofetel está encarrilada en el cártel creado entre las más importantes empresas de televisión por cable, Televisa y la compañía Telefónica para "crearle competencia" a Telmex. En tanto no se resuelva el ingreso del gigante telefónico al mercado del triple play las disputas en el sector serán cada vez más agrias.
En enero de 2009, sin consulta previa con los sectores involucrados, el presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó un reglamento que le otorgaba atribuciones centralizadoras al secretario de Comunicaciones y Transportes para ser la única área responsable de entregar concesiones en medios electrónicos, refrendar y licitar las concesiones, así como determinar qué pasaba con la administración del espectro radioeléctrico.
El reglamento afectó claramente las atribuciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), entidad creada justamente para regular el sector, pero que siempre ha estado subordinada a los intereses de los grandes grupos mediáticos y de telecomunicaciones o a la discrecionalidad del titular de Comunicaciones y Transportes.
Cuando se publicó el reglamento en el Diario Oficial de la Federación, el entonces secretario Luis Téllez sintió que le había ganado una partida fundamental al presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, a quien acusó de estar "capturado" por los poderes de grandes empresas como Televisa, Telmex, TV Azteca. En esencia, Téllez se convertía en un supersecretario, perfilado para la sucesión presidencial. De esa manera, decían los enterados, Calderón agradecía sus buenos servicios en el espinoso expediente del avionazo de Juan Camilo Mouriño.
La historia posterior es conocida: Téllez se estrelló en sus propias ambiciones. El "fuego amigo" y el enemigo lo colocaron en una situación muy delicada que lo llevó a la renuncia de la SCT. El funcionario que se vio a sí mismo como el zar de las comunicaciones y los transportes dejó al sector dividido, confrontado, con más de 60 litigios pendientes y sin certeza jurídica en materia de refrendos, sobre todo, en la radio.
Ahora, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron cerrar el expediente abierto por ese polémico reglamento presidencial. La decisión de 8 de los 10 ministros que apoyaron la sentencia de Genaro Góngora Pimentel, en su espectacular despedida del máximo tribunal, indica que el presidente se extralimitó en sus funciones y que el titular de la SCT no tiene facultades para otorgar prórrogas, refrendos o modificaciones de las concesiones y permisos en materia de radiodifusión.
Tampoco tendrá atribuciones para declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión o revocación de las concesiones. Por tanto, el titular de la SCT pasa de supersecretario a un mini-secretario que tendrá que lidiar con la Cofetel –organismo que, efectivamente, aún no ha demostrado que está fuera de la sombra de la "captura"-- y arreglar el entuerto que dejó Téllez en su largo y tortuoso enfrentamiento con Osuna y con la subsecretaria Purificación Carpinteyro.
Las consecuencias de las decisiones que adopte la Suprema Corte para el sector de telecomunicaciones, y de radio y televisión serán múltiples. He aquí algunas de ellas:
a). En primer lugar, Molinar tendrá que explicar ante la Cámara de Diputados en qué situación se encuentra exactamente el estado de las concesiones y los refrendos pendientes. También deberá ser muy claro en el manejo y administración del espectro, donde los criterios discrecionales persisten.
b). La Cofetel tendrá un gran desafío enfrente. Existen cerca de 400 frecuencias, tan sólo en radio concesionada, que están en el limbo porque también la Suprema Corte determinó –cuando analizó la controversia por la Ley Televisa- que un concesionario no puede renovar su concesión automáticamente si antes no participa en una nueva licitación.
c). El alto nivel de litigio jurídico persiste. Esta situación se acrecentó durante el enfrentamiento entre la SCT y Cofetel por centralizar las atribuciones del sector que representa el negocio más importante de la última década. Existen amparos en contra de renovaciones entregadas y demandas, como en el caso de MVS, en contra de la pretensión de Cofetel de quitarle parte de su espectro en la banda de 2.5Mhz, por supuesta "subutilización". También está abierto el expediente en contra de TV Azteca por la comercialización, presuntamente ilegal, de HiTV.
d). El especialista Gerardo Soria también alertó que existe el riesgo de que varios procesos resueltos por la SCT queden nulos, como son los casos de varios refrendos.
e). Sin embargo, el desafío fundamental es que Cofetel demuestre que es un auténtico regulador y no un organismo más arrodillado ante los intereses de monopolios tan fuertes como el de Televisa. Los hechos recientes indican que Cofetel está encarrilada en el cártel creado entre las más importantes empresas de televisión por cable, Televisa y la compañía Telefónica para "crearle competencia" a Telmex. En tanto no se resuelva el ingreso del gigante telefónico al mercado del triple play las disputas en el sector serán cada vez más agrias.
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