Miguel Ángel Granados Chapa
Componer las ternas de candidatos a ministro de la Suprema Corte es una facultad presidencial que no está regulada. Esa atribución, por lo tanto, puede ejercerla con toda libertad. A pesar de ello, o por ello mismo, grupos de ciudadanos y organizaciones civiles propusieron al Ejecutivo el nombre de Jorge Abraham Fernández Souza para que considerara su inclusión en una de las ternas que presentaría al Senado. Debidamente documentada, la propuesta fue presentada el 9 de octubre. Por correo ordinario, esa forma de comunicación ya casi en desuso, la Oficina de la Presidencia acusó recibo en un documento fechado casi un mes después de su presentación, que por la lentitud del medio empleado llegó al domicilio del peticionario el 23 de noviembre, cuatro días después de que la Presidencia presentó las ternas al Senado, obviamente sin incluir el nombre del propuesto.
La burocrática respuesta sólo aporta un dato significativo: fue la consejería jurídica de la Presidencia la responsable de proponer a los integrantes de las ternas. Esa oficina, por cierto, fue omisa al ignorar la propuesta ciudadana. Juan Manuel Llera Blanco, titular de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, dijo al solicitante que la consejería jurídica "será encargada de darle seguimiento a su petición frente a dicha autoridad, la cual con base en el artículo 8º constitucional deberá proporcionarle una respuesta oportuna y con apego a la legalidad". No lo hizo.
Ignoramos el género de consultas que condujeron a la integración de la propuesta presidencial. Ayer recogimos aquí la conjetura de que una de las ternas, la correspondiente a los jueces profesionales, fue sugerida o de plano confeccionada en Pino Suárez, es decir en la Corte misma. Ni siquiera una hipótesis se puede plantear respecto de la segunda terna, aunque se puede atisbar que la Iglesia Católica no fue ajena a su configuración.
Si, como planteamos ayer, no está convenido con dignatarios de la jerarquía eclesiástica la designación del doctor Jorge Adame Goddard, fundamentalista católico si los hay, la previsión es que sean elegidos Luis María Aguilar Morales en la primera terna y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la segunda. Desde meses atrás se ha definido el interés de cada uno de ellos por ocupar sitiales en el máximo tribunal, y se han delineado también las muchas posibilidades de que ese propósito se consuma.
Aguilar Morales es el candidato de la casa. Ha recorrido toda la escala de las responsabilidades en el Poder Judicial federal. Comenzó siendo taquígrafo judicial, mientras estudiaba derecho en la UNAM, y luego se desempeñó como secretario de juzgado, secretario de estudio y cuenta en tribunales colegiados, en salas y en el pleno de la Corte, donde además cubrió una amplia variedad de tareas administrativas, especialmente al lado de Vicente Aguinaco Alemán, primer presidente de ese tribunal en la época inaugurada hace 15 años, de cuyos asesores fue jefe. Fue miembro del Consejo de la Judicatura Federal, etapa que en casos recientes -Margarita Luna Ramos y Sergio Valls- parece antesala apropiada para ser ministro.
Es el más conocido y experimentado de los integrantes de su terna. Si bien la magistrada María Luisa Martínez Delgadillo cubrió también un completo trayecto profesional, como jueza y como magistrada en por lo menos tres tribunales colegiados en el cuarto circuito (al que pertenece su San Luis Potosí natal y donde actualmente se desempeña), no ha tenido proyección nacional. La ha tenido en mayor medida el tercer miembro de esa terna, Jorge Mario Pardo Rebolledo, egresado de la Escuela Libre de Derecho y quien desde 1997 ha sido magistrado en cuatro tribunales. Además de su recorrido desde abajo hasta su actual posición, se le distinguió al nombrarlo miembro de la comisión investigadora que indagó las violaciones graves a las garantías individuales de los pobladores de Atenco.
En la otra terna, la personalidad de Zaldívar Lelo de Larrea parece imponerse sobre los dos restantes, investigadores universitarios ambos. Egresado de la Libre también, el próspero postulante se doctoró en la Universidad Nacional y en el ejercicio privado de su profesión ha cobrado prestigio como experto en derecho procesal constitucional. En ese carácter asesoró al Instituto Federal Electoral en su intento de iniciar una controversia constitucional frente a la Cámara de Diputados sobre la potestad del órgano electoral para manejar su presupuesto.
En el debate sobre la reforma petrolera el año pasado, el doctor Zaldívar se ocupó de establecer "lo constitucionalmente correcto o válido en la actividad del Congreso en materia de petróleo". Si bien consideró que las iniciativas presidenciales se apegaban a la Constitución, eran "perfectibles", es decir era preciso que el proceso legislativo las dotara "de suficiente solidez argumentativa... a efecto de reducir a su mínima expresión el riesgo de inconstitucionalidad" declarada por la Corte. Dijo que ésta, a la que acaso pertenezca en unos días más, "no ha sido capaz... de integrar una doctrina constitucional que sirva de referente a sus juicios y que dé consistencia y coherencia a sus criterios interpretativos".
Aunque forma parte de la terna no judicial, Eduardo Ferrer Mac-Gregor puede acreditar también participación en la carrera respectiva, amén de su desempeño actual como miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A él pertenece también el otro miembro de la terna, Adame Goddard.
Cajón de Sastre
Hoy a las 19:00 horas, en el foro de la Librería de Siglo XXI editores (Cerro del Agua 248, Romero de Terreros), será presentado el libro Corrupción y transparencia. Debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, coordinado por la doctora Irma Eréndira Sandoval. Participan la doctora Rosalba Casas Guerrero, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón; Juan Pablo Guerrero Amparán, ex comisionado del IFAI; y Ricardo Raphael, académico y comunicador. En el prólogo, Ricardo Pozas Horcasitas dice que los trabajos reunidos en esta obra "convocan a una profunda reflexión que expone a los distintos públicos los casos particulares que sirven de referencia sólida para el debate político, pero sobre todo muestran a los ciudadanos que al enfrentar la corrupción es posible revertirla".
Componer las ternas de candidatos a ministro de la Suprema Corte es una facultad presidencial que no está regulada. Esa atribución, por lo tanto, puede ejercerla con toda libertad. A pesar de ello, o por ello mismo, grupos de ciudadanos y organizaciones civiles propusieron al Ejecutivo el nombre de Jorge Abraham Fernández Souza para que considerara su inclusión en una de las ternas que presentaría al Senado. Debidamente documentada, la propuesta fue presentada el 9 de octubre. Por correo ordinario, esa forma de comunicación ya casi en desuso, la Oficina de la Presidencia acusó recibo en un documento fechado casi un mes después de su presentación, que por la lentitud del medio empleado llegó al domicilio del peticionario el 23 de noviembre, cuatro días después de que la Presidencia presentó las ternas al Senado, obviamente sin incluir el nombre del propuesto.
La burocrática respuesta sólo aporta un dato significativo: fue la consejería jurídica de la Presidencia la responsable de proponer a los integrantes de las ternas. Esa oficina, por cierto, fue omisa al ignorar la propuesta ciudadana. Juan Manuel Llera Blanco, titular de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, dijo al solicitante que la consejería jurídica "será encargada de darle seguimiento a su petición frente a dicha autoridad, la cual con base en el artículo 8º constitucional deberá proporcionarle una respuesta oportuna y con apego a la legalidad". No lo hizo.
Ignoramos el género de consultas que condujeron a la integración de la propuesta presidencial. Ayer recogimos aquí la conjetura de que una de las ternas, la correspondiente a los jueces profesionales, fue sugerida o de plano confeccionada en Pino Suárez, es decir en la Corte misma. Ni siquiera una hipótesis se puede plantear respecto de la segunda terna, aunque se puede atisbar que la Iglesia Católica no fue ajena a su configuración.
Si, como planteamos ayer, no está convenido con dignatarios de la jerarquía eclesiástica la designación del doctor Jorge Adame Goddard, fundamentalista católico si los hay, la previsión es que sean elegidos Luis María Aguilar Morales en la primera terna y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la segunda. Desde meses atrás se ha definido el interés de cada uno de ellos por ocupar sitiales en el máximo tribunal, y se han delineado también las muchas posibilidades de que ese propósito se consuma.
Aguilar Morales es el candidato de la casa. Ha recorrido toda la escala de las responsabilidades en el Poder Judicial federal. Comenzó siendo taquígrafo judicial, mientras estudiaba derecho en la UNAM, y luego se desempeñó como secretario de juzgado, secretario de estudio y cuenta en tribunales colegiados, en salas y en el pleno de la Corte, donde además cubrió una amplia variedad de tareas administrativas, especialmente al lado de Vicente Aguinaco Alemán, primer presidente de ese tribunal en la época inaugurada hace 15 años, de cuyos asesores fue jefe. Fue miembro del Consejo de la Judicatura Federal, etapa que en casos recientes -Margarita Luna Ramos y Sergio Valls- parece antesala apropiada para ser ministro.
Es el más conocido y experimentado de los integrantes de su terna. Si bien la magistrada María Luisa Martínez Delgadillo cubrió también un completo trayecto profesional, como jueza y como magistrada en por lo menos tres tribunales colegiados en el cuarto circuito (al que pertenece su San Luis Potosí natal y donde actualmente se desempeña), no ha tenido proyección nacional. La ha tenido en mayor medida el tercer miembro de esa terna, Jorge Mario Pardo Rebolledo, egresado de la Escuela Libre de Derecho y quien desde 1997 ha sido magistrado en cuatro tribunales. Además de su recorrido desde abajo hasta su actual posición, se le distinguió al nombrarlo miembro de la comisión investigadora que indagó las violaciones graves a las garantías individuales de los pobladores de Atenco.
En la otra terna, la personalidad de Zaldívar Lelo de Larrea parece imponerse sobre los dos restantes, investigadores universitarios ambos. Egresado de la Libre también, el próspero postulante se doctoró en la Universidad Nacional y en el ejercicio privado de su profesión ha cobrado prestigio como experto en derecho procesal constitucional. En ese carácter asesoró al Instituto Federal Electoral en su intento de iniciar una controversia constitucional frente a la Cámara de Diputados sobre la potestad del órgano electoral para manejar su presupuesto.
En el debate sobre la reforma petrolera el año pasado, el doctor Zaldívar se ocupó de establecer "lo constitucionalmente correcto o válido en la actividad del Congreso en materia de petróleo". Si bien consideró que las iniciativas presidenciales se apegaban a la Constitución, eran "perfectibles", es decir era preciso que el proceso legislativo las dotara "de suficiente solidez argumentativa... a efecto de reducir a su mínima expresión el riesgo de inconstitucionalidad" declarada por la Corte. Dijo que ésta, a la que acaso pertenezca en unos días más, "no ha sido capaz... de integrar una doctrina constitucional que sirva de referente a sus juicios y que dé consistencia y coherencia a sus criterios interpretativos".
Aunque forma parte de la terna no judicial, Eduardo Ferrer Mac-Gregor puede acreditar también participación en la carrera respectiva, amén de su desempeño actual como miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A él pertenece también el otro miembro de la terna, Adame Goddard.
Cajón de Sastre
Hoy a las 19:00 horas, en el foro de la Librería de Siglo XXI editores (Cerro del Agua 248, Romero de Terreros), será presentado el libro Corrupción y transparencia. Debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, coordinado por la doctora Irma Eréndira Sandoval. Participan la doctora Rosalba Casas Guerrero, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón; Juan Pablo Guerrero Amparán, ex comisionado del IFAI; y Ricardo Raphael, académico y comunicador. En el prólogo, Ricardo Pozas Horcasitas dice que los trabajos reunidos en esta obra "convocan a una profunda reflexión que expone a los distintos públicos los casos particulares que sirven de referencia sólida para el debate político, pero sobre todo muestran a los ciudadanos que al enfrentar la corrupción es posible revertirla".
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