Samuel García / El Observador
Después del vergonzoso espectáculo ofrecido por los grupúsculos de políticos en el poder al procesar y aprobar ingresos y gastos públicos de acuerdo con sus intereses particulares —sin que les importe en lo más mínimo el interés público, el de la nación—, ahora se disponen a intentar controlar los pocos organismos públicos que, gracias a su autonomía institucional, están teóricamente fuera de su alcance.
Y es que de aquí al 15 de diciembre tres organismos públicos de alta relevancia para el país renovarán o ratificarán a miembros clave, por lo que la disputa política por estas posiciones se ha convertido en un serio riesgo para la autonomía de la que gozan.
El texto editorial de El Semanario resume bien la situación: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirá a dos nuevos ministros —de los 11 que la conforman— en reemplazo de dos prestigiados juristas, Mariano Azuela y Genaro Góngora. A la Auditoría Superior de la Federación llegará un nuevo auditor, si es que no se reelige a Arturo González de Aragón en el cargo. Y el Banco de México iniciará 2010 con la reelección de Guillermo Ortiz o con la designación de un nuevo gobernador en su Junta de Gobierno, si es que el presidente Calderón así lo propone y el Senado lo aprueba. Adicionalmente, el próximo año dos consejeros del Instituto Federal Electoral serán reemplazados en sus cargos por el término de sus periodos legales.
“En estos nombramientos no sólo se juega un cargo público. Allí va de por medio el fortalecimiento o debilitamiento de los necesarios contrapesos que requiere la democracia para que funcione efectivamente y rinda los frutos que los ciudadanos esperan en su vida cotidiana. Los organismos públicos autónomos son precisamente eso, contrapesos al poder político y a sus frecuentes tentaciones de cooptar la toma de decisiones públicas con base en sus intereses privados. Desempeñan tareas fundamentales del Estado que están vacunadas de cualquier trasfondo partidista. De allí la necesidad esencial —y ciudadana— de fortalecerlos.
“Los pasados nombramientos de funcionarios en el Instituto Federal Electoral, y los recientes en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cumplieron con este cometido. Se dejó ver —una vez más— que el blindaje institucional que se otorgó a los organismos autónomos en la propia Constitución aún tiene debilidades propicias para la manipulación, las presiones y hasta el capricho de los políticos. Así, de un plumazo y con base en acuerdos privados entre la Presidencia y el PRI, se “deconstruyó” a un IFE que había ganado mucho en autonomía y confianza ciudadana en los años anteriores.
“Este mismo riesgo se corre, pero ahora con el Banco de México, la Auditoría Superior de la Federación y con la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La rendija a utilizar para rendir a las instituciones autónomas a los deseos de los cónclaves de las élites políticas es el nombramiento de personas que respondan a intereses particulares y no a los intereses signados en la Constitución para las instituciones autónomas.”
El riesgo de “deconstruir” las instituciones autónomas que tanto esfuerzo y recursos le han costado al país es real. Para muestra sólo basta echar una mirada al IFE, al IFAI y al reciente presupuesto público. Y es que la lucha política está cegada por el poder en 2012, cueste lo que cueste.
Después del vergonzoso espectáculo ofrecido por los grupúsculos de políticos en el poder al procesar y aprobar ingresos y gastos públicos de acuerdo con sus intereses particulares —sin que les importe en lo más mínimo el interés público, el de la nación—, ahora se disponen a intentar controlar los pocos organismos públicos que, gracias a su autonomía institucional, están teóricamente fuera de su alcance.
Y es que de aquí al 15 de diciembre tres organismos públicos de alta relevancia para el país renovarán o ratificarán a miembros clave, por lo que la disputa política por estas posiciones se ha convertido en un serio riesgo para la autonomía de la que gozan.
El texto editorial de El Semanario resume bien la situación: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirá a dos nuevos ministros —de los 11 que la conforman— en reemplazo de dos prestigiados juristas, Mariano Azuela y Genaro Góngora. A la Auditoría Superior de la Federación llegará un nuevo auditor, si es que no se reelige a Arturo González de Aragón en el cargo. Y el Banco de México iniciará 2010 con la reelección de Guillermo Ortiz o con la designación de un nuevo gobernador en su Junta de Gobierno, si es que el presidente Calderón así lo propone y el Senado lo aprueba. Adicionalmente, el próximo año dos consejeros del Instituto Federal Electoral serán reemplazados en sus cargos por el término de sus periodos legales.
“En estos nombramientos no sólo se juega un cargo público. Allí va de por medio el fortalecimiento o debilitamiento de los necesarios contrapesos que requiere la democracia para que funcione efectivamente y rinda los frutos que los ciudadanos esperan en su vida cotidiana. Los organismos públicos autónomos son precisamente eso, contrapesos al poder político y a sus frecuentes tentaciones de cooptar la toma de decisiones públicas con base en sus intereses privados. Desempeñan tareas fundamentales del Estado que están vacunadas de cualquier trasfondo partidista. De allí la necesidad esencial —y ciudadana— de fortalecerlos.
“Los pasados nombramientos de funcionarios en el Instituto Federal Electoral, y los recientes en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cumplieron con este cometido. Se dejó ver —una vez más— que el blindaje institucional que se otorgó a los organismos autónomos en la propia Constitución aún tiene debilidades propicias para la manipulación, las presiones y hasta el capricho de los políticos. Así, de un plumazo y con base en acuerdos privados entre la Presidencia y el PRI, se “deconstruyó” a un IFE que había ganado mucho en autonomía y confianza ciudadana en los años anteriores.
“Este mismo riesgo se corre, pero ahora con el Banco de México, la Auditoría Superior de la Federación y con la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La rendija a utilizar para rendir a las instituciones autónomas a los deseos de los cónclaves de las élites políticas es el nombramiento de personas que respondan a intereses particulares y no a los intereses signados en la Constitución para las instituciones autónomas.”
El riesgo de “deconstruir” las instituciones autónomas que tanto esfuerzo y recursos le han costado al país es real. Para muestra sólo basta echar una mirada al IFE, al IFAI y al reciente presupuesto público. Y es que la lucha política está cegada por el poder en 2012, cueste lo que cueste.
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