Editorial La Jornada / 2 de noviembre de 2009
La madrugada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, con el respaldo de los legisladores de PRI, PAN y PVEM –PRD, PT y Convergencia votaron en contra–, el paquete fiscal para 2010. De tal forma, el binomio partidista en el poder reprodujo el sentido de la votación que se registró el pasado viernes en el Senado de la República y selló la aplicación, a partir del año entrante, de los incrementos correspondientes al impuesto sobre la renta, que aumentará de 28 a 30 por ciento para los salarios superiores a 10 mil pesos; al valor agregado, cuya tasa pasará de 15 a 16 por ciento, y a los depósitos en efectivo.
Adicionalmente, y pese a la pertinencia y necesidad de hacer efectivo el cobro de impuestos a los grandes consorcios empresariales y a los dueños de las grandes fortunas –como reconoció en días recientes el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa–, la aplanadora legislativa conformada por priístas y panistas en San Lázaro confirmó la continuidad de los privilegios fiscales que gozan los potentados, quienes sólo deberán pagar 25 por ciento de los impuestos que adeudan al fisco desde 2004.
La cascada de gravámenes decretada ayer en San Lázaro viene a confirmar la actitud sorda e indolente de los legisladores tricolores y blanquiazules, quienes desoyeron los señalamientos realizados por distintos especialistas en temas económicos –entre quienes destacan varios premios Nobel de Economía– respecto de la improcedencia de aplicar nuevos impuestos en épocas de recesión como la actual, y soslayaron el carácter impostergable de medidas como la reducción sustantiva de los gastos de gobierno por medio de políticas de austeridad y el cobro de impuestos a los conglomerados empresariales que no los pagan.
Es claro que la adopción de tales directrices no sólo habría contribuido a dar al paquete fiscal la moralidad de la que careció desde su versión original –la enviada por el Ejecutivo a las instancias legislativas a través de la Secretaría de Hacienda–, sino habría permitido al Estado acceder a recursos suficientes para apalancar las inversiones públicas, crear empleos, reforzar el gasto en educación, salud y programas sociales; reactivar los motores de la economía y el mercado internos, y lograr, en suma, que el proceso de recuperación de la actual crisis no esté condicionado por los ciclos de economías extranjeras como la estadunidense. En cambio, las votaciones legislativas del viernes en Xicoténcatl y de ayer en San Lázaro ponen en perspectiva la consumación de un atraco al país, equiparable al que las mismas cúpulas priístas y panistas legalizaron en la recta final de la década pasada mediante la aprobación del Fobaproa/IPAB: entonces, como ahora, la coalición política de facto en el poder decidió salvaguardar los intereses y privilegios de unos cuantos en detrimento del bienestar común, y sacrificando a los sectores mayoritarios de la población.
En suma, con la aprobación de los gravámenes adicionales al consumo y al salario de los mexicanos se asesta un nuevo golpe a la economía popular y a las perspectivas de recuperación económica, y se confirma que quienes supuestamente debieran desempeñarse como representantes del pueblo se encuentran en realidad consagrados a ver por intereses políticos y económicos particulares, aun cuando éstos resulten contrarios al bienestar común y a las necesidades del país.
La madrugada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, con el respaldo de los legisladores de PRI, PAN y PVEM –PRD, PT y Convergencia votaron en contra–, el paquete fiscal para 2010. De tal forma, el binomio partidista en el poder reprodujo el sentido de la votación que se registró el pasado viernes en el Senado de la República y selló la aplicación, a partir del año entrante, de los incrementos correspondientes al impuesto sobre la renta, que aumentará de 28 a 30 por ciento para los salarios superiores a 10 mil pesos; al valor agregado, cuya tasa pasará de 15 a 16 por ciento, y a los depósitos en efectivo.
Adicionalmente, y pese a la pertinencia y necesidad de hacer efectivo el cobro de impuestos a los grandes consorcios empresariales y a los dueños de las grandes fortunas –como reconoció en días recientes el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa–, la aplanadora legislativa conformada por priístas y panistas en San Lázaro confirmó la continuidad de los privilegios fiscales que gozan los potentados, quienes sólo deberán pagar 25 por ciento de los impuestos que adeudan al fisco desde 2004.
La cascada de gravámenes decretada ayer en San Lázaro viene a confirmar la actitud sorda e indolente de los legisladores tricolores y blanquiazules, quienes desoyeron los señalamientos realizados por distintos especialistas en temas económicos –entre quienes destacan varios premios Nobel de Economía– respecto de la improcedencia de aplicar nuevos impuestos en épocas de recesión como la actual, y soslayaron el carácter impostergable de medidas como la reducción sustantiva de los gastos de gobierno por medio de políticas de austeridad y el cobro de impuestos a los conglomerados empresariales que no los pagan.
Es claro que la adopción de tales directrices no sólo habría contribuido a dar al paquete fiscal la moralidad de la que careció desde su versión original –la enviada por el Ejecutivo a las instancias legislativas a través de la Secretaría de Hacienda–, sino habría permitido al Estado acceder a recursos suficientes para apalancar las inversiones públicas, crear empleos, reforzar el gasto en educación, salud y programas sociales; reactivar los motores de la economía y el mercado internos, y lograr, en suma, que el proceso de recuperación de la actual crisis no esté condicionado por los ciclos de economías extranjeras como la estadunidense. En cambio, las votaciones legislativas del viernes en Xicoténcatl y de ayer en San Lázaro ponen en perspectiva la consumación de un atraco al país, equiparable al que las mismas cúpulas priístas y panistas legalizaron en la recta final de la década pasada mediante la aprobación del Fobaproa/IPAB: entonces, como ahora, la coalición política de facto en el poder decidió salvaguardar los intereses y privilegios de unos cuantos en detrimento del bienestar común, y sacrificando a los sectores mayoritarios de la población.
En suma, con la aprobación de los gravámenes adicionales al consumo y al salario de los mexicanos se asesta un nuevo golpe a la economía popular y a las perspectivas de recuperación económica, y se confirma que quienes supuestamente debieran desempeñarse como representantes del pueblo se encuentran en realidad consagrados a ver por intereses políticos y económicos particulares, aun cuando éstos resulten contrarios al bienestar común y a las necesidades del país.
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