Laura Itzel Castillo
Desde que Carlos Salinas negoció nuestro maíz en el Tratado de Libre Comercio, se han priorizado las importaciones de alimentos. “Es mejor importar granos baratos a producirlos caros”, decían los neoliberales. La premisa resultó falsa. Consecuentemente, la quinta parte de la población (20 millones de personas) padece hambre. Además, tres de cada diez mexicanos que viven en el campo no pueden adquirir la canasta básica. Nos encontramos en emergencia no sólo económica y ambiental, sino también alimentaria.
El maíz es un componente fundamental de la identidad nacional. Este grano básico se originó en nuestra patria y representa una de las actividades económicas principales. El 70 % de los agricultores se dedica a su cultivo. Sin embargo, 20% de los grandes productores concentra el 80% de los subsidios que otorga Procampo.
Las trasnacionales Monsanto, Dow Agro Science/PHI México y Bayer han hecho 26 solicitudes para comenzar la experimentación con eventos que recientemente fueron prohibidos en Alemania. Con amenazas de su representante, Fabrice Salamanca, pretenden acelerar una decisión fundamental para México: La posibilidad de monopolizar un sector tan sensible para la agricultura como es el de las semillas. Esto representa una amenaza real para el campo mexicano, la seguridad alimentaria, la economía y la soberanía nacional.
El 29 de septiembre se conmemoró el día nacional del maíz. Más de 300 organizaciones ligadas a la campaña “sin maíz no hay país” escogieron esa fecha porque, según algunas tradiciones religiosas, ese día se celebra la cosecha de este grano en buena parte del campo mexicano.
Con el fin de proteger nuestro maíz criollo y de que todos conozcamos acerca de este tema, el 1 de octubre presenté en la Cámara de Diputados una propuesta de punto de acuerdo al respecto. El objetivo: que la Sagarpa suspenda los permisos de liberación de maíz transgénico en su fase experimental, en tanto no se conforme el régimen especial de protección contenido en la legislación.
Calderón coloca nuevamente a México en una situación de gran vulnerabilidad. El artículo 33 de la Ley de Bioseguridad obliga a poner a disposición del público las solicitudes de permiso. Por eso exigimos que sean entregadas al Congreso.
Desde que Carlos Salinas negoció nuestro maíz en el Tratado de Libre Comercio, se han priorizado las importaciones de alimentos. “Es mejor importar granos baratos a producirlos caros”, decían los neoliberales. La premisa resultó falsa. Consecuentemente, la quinta parte de la población (20 millones de personas) padece hambre. Además, tres de cada diez mexicanos que viven en el campo no pueden adquirir la canasta básica. Nos encontramos en emergencia no sólo económica y ambiental, sino también alimentaria.
El maíz es un componente fundamental de la identidad nacional. Este grano básico se originó en nuestra patria y representa una de las actividades económicas principales. El 70 % de los agricultores se dedica a su cultivo. Sin embargo, 20% de los grandes productores concentra el 80% de los subsidios que otorga Procampo.
Las trasnacionales Monsanto, Dow Agro Science/PHI México y Bayer han hecho 26 solicitudes para comenzar la experimentación con eventos que recientemente fueron prohibidos en Alemania. Con amenazas de su representante, Fabrice Salamanca, pretenden acelerar una decisión fundamental para México: La posibilidad de monopolizar un sector tan sensible para la agricultura como es el de las semillas. Esto representa una amenaza real para el campo mexicano, la seguridad alimentaria, la economía y la soberanía nacional.
El 29 de septiembre se conmemoró el día nacional del maíz. Más de 300 organizaciones ligadas a la campaña “sin maíz no hay país” escogieron esa fecha porque, según algunas tradiciones religiosas, ese día se celebra la cosecha de este grano en buena parte del campo mexicano.
Con el fin de proteger nuestro maíz criollo y de que todos conozcamos acerca de este tema, el 1 de octubre presenté en la Cámara de Diputados una propuesta de punto de acuerdo al respecto. El objetivo: que la Sagarpa suspenda los permisos de liberación de maíz transgénico en su fase experimental, en tanto no se conforme el régimen especial de protección contenido en la legislación.
Calderón coloca nuevamente a México en una situación de gran vulnerabilidad. El artículo 33 de la Ley de Bioseguridad obliga a poner a disposición del público las solicitudes de permiso. Por eso exigimos que sean entregadas al Congreso.
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