Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
Disponer de los ahorros de millones de trabajadoras y trabajadores en el país para invertirlos en la iniciativa privada como paliativo de la crisis económica significa dejar en la incertidumbre los recursos de esta población y en consecuencia la imposibilidad de tener al final de su vida productiva una pensión digna, situación que se agudiza en el caso de las mujeres por ocupar una situación de “desventaja” en el mercado laboral.
Así lo refirió la ex legisladora Rosario Ortiz Magallón, integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), luego de que Felipe Calderón anunciara ayer un paquete de “medidas legislativas” destinadas a fomentar la inversión privada en infraestructura, que incluye abrir la posibilidad de que las Afores inviertan en proyectos de hasta 20 mil millones de pesos para el próximo año y que alcancen montos de 125 mil millones de pesos para el 2012.
Ortiz Magallón mencionó que las y los trabajadores no tienen ninguna garantía de que sus ahorros, los cuales ascienden a un billón de pesos y son manejados por 18 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), “van a regresar completos después de ser utilizados para subsidiar a empresas en crisis”.
“Si se aprobara el dinero de las trabajadoras y trabajadores va ir a rescatar a las industrias en crisis y las y los propietarios de estos recursos ¿qué garantía pueden tener de que les van a regresar lo que se llevan?”, cuestionó Ortiz Magallón.
Cabe mencionar que las Afores incluida Pensionissste, manejan un billón 42 mil millones de pesos en 39 millones de cuentas, de las que 51.2 por ciento están inactivas, es decir, que a causa del desempleo, la migración e incluso las muertes de trabajadoras y trabajadores, dejaron de cotizar, pero las Administradoras siguen consumiendo sus ahorros para cobrar por el manejo de su dinero, aseguró Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México (UJM).
A decir de Rosario Ortiz, invertir los fondos de las y los trabajadores en la iniciativa privada representa un “peligro” que pone en riesgo la seguridad social, y que afecta aún más a las mujeres.
Debido a las desventajas que afrontan las trabajadoras en el ámbito laboral, entre éstas la brecha salarial pues en promedio perciben 26 por ciento menos del salario que obtienen los hombres por realizar igual labor, ellas tienen menores posibilidades de tener un retiro digno, aseveró.
Rosario Ortiz, también integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, señaló que ante la poca transparencia con la que se manejan los recursos de las y los trabajadores no puede haber control ni vigía confiable para constatar que los recursos de esta población no se pongan en riesgo.
Y es que, dentro de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) los representantes de las y los trabajadores son el Congreso del Trabajo y las grandes centrales de trabajadores, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quienes se han dedicado a avalar las políticas del Ejecutivo a pesar de que perjudican los derechos laborales de la mano de obra en el país.
Por su parte, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la UJM, refirió que utilizar los fondos de ahorro para el retiro de las y los trabajadores es “ilegal”, pues violenta los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, los cuales garantizan su derecho a audiencia, seguridad jurídica y legalidad.
A decir del abogado experto en justicia laboral, el gobierno federal debió consultar a las representaciones sindicales de las y los trabajadores antes de realizar una propuesta sobre el uso de los recursos de este sector.
Señaló que desde 2008, las Afores registraron una minusvalía permanente de alrededor de 102 mil millones de pesos en detrimento de las 39 millones de cuentas.
Los ahorros ya se están consumiendo por las “altas” comisiones y pensar en ponerlos a disposición de la iniciativa privada significa “un alto riesgo si no se generan condiciones de seguridad”, dijo.
Al respecto, Rosario Ortiz concluyó que “fondear” la crisis económica con los ahorros de las y los trabajadores, muestra que el gobierno federal no cuenta con una política económica integral que fortalezca la economía del país.
Disponer de los ahorros de millones de trabajadoras y trabajadores en el país para invertirlos en la iniciativa privada como paliativo de la crisis económica significa dejar en la incertidumbre los recursos de esta población y en consecuencia la imposibilidad de tener al final de su vida productiva una pensión digna, situación que se agudiza en el caso de las mujeres por ocupar una situación de “desventaja” en el mercado laboral.
Así lo refirió la ex legisladora Rosario Ortiz Magallón, integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), luego de que Felipe Calderón anunciara ayer un paquete de “medidas legislativas” destinadas a fomentar la inversión privada en infraestructura, que incluye abrir la posibilidad de que las Afores inviertan en proyectos de hasta 20 mil millones de pesos para el próximo año y que alcancen montos de 125 mil millones de pesos para el 2012.
Ortiz Magallón mencionó que las y los trabajadores no tienen ninguna garantía de que sus ahorros, los cuales ascienden a un billón de pesos y son manejados por 18 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), “van a regresar completos después de ser utilizados para subsidiar a empresas en crisis”.
“Si se aprobara el dinero de las trabajadoras y trabajadores va ir a rescatar a las industrias en crisis y las y los propietarios de estos recursos ¿qué garantía pueden tener de que les van a regresar lo que se llevan?”, cuestionó Ortiz Magallón.
Cabe mencionar que las Afores incluida Pensionissste, manejan un billón 42 mil millones de pesos en 39 millones de cuentas, de las que 51.2 por ciento están inactivas, es decir, que a causa del desempleo, la migración e incluso las muertes de trabajadoras y trabajadores, dejaron de cotizar, pero las Administradoras siguen consumiendo sus ahorros para cobrar por el manejo de su dinero, aseguró Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México (UJM).
A decir de Rosario Ortiz, invertir los fondos de las y los trabajadores en la iniciativa privada representa un “peligro” que pone en riesgo la seguridad social, y que afecta aún más a las mujeres.
Debido a las desventajas que afrontan las trabajadoras en el ámbito laboral, entre éstas la brecha salarial pues en promedio perciben 26 por ciento menos del salario que obtienen los hombres por realizar igual labor, ellas tienen menores posibilidades de tener un retiro digno, aseveró.
Rosario Ortiz, también integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, señaló que ante la poca transparencia con la que se manejan los recursos de las y los trabajadores no puede haber control ni vigía confiable para constatar que los recursos de esta población no se pongan en riesgo.
Y es que, dentro de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) los representantes de las y los trabajadores son el Congreso del Trabajo y las grandes centrales de trabajadores, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quienes se han dedicado a avalar las políticas del Ejecutivo a pesar de que perjudican los derechos laborales de la mano de obra en el país.
Por su parte, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la UJM, refirió que utilizar los fondos de ahorro para el retiro de las y los trabajadores es “ilegal”, pues violenta los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, los cuales garantizan su derecho a audiencia, seguridad jurídica y legalidad.
A decir del abogado experto en justicia laboral, el gobierno federal debió consultar a las representaciones sindicales de las y los trabajadores antes de realizar una propuesta sobre el uso de los recursos de este sector.
Señaló que desde 2008, las Afores registraron una minusvalía permanente de alrededor de 102 mil millones de pesos en detrimento de las 39 millones de cuentas.
Los ahorros ya se están consumiendo por las “altas” comisiones y pensar en ponerlos a disposición de la iniciativa privada significa “un alto riesgo si no se generan condiciones de seguridad”, dijo.
Al respecto, Rosario Ortiz concluyó que “fondear” la crisis económica con los ahorros de las y los trabajadores, muestra que el gobierno federal no cuenta con una política económica integral que fortalezca la economía del país.
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