Ramón Alfonso Sallard
Ante la crisis política, económica, social y de seguridad que afectan a México, el gobierno federal es incapaz de rectificar. No hay cambio de rumbo, sino profundización de los mismos esquemas que han demostrado ya su fracaso. La personalidad autoritaria de Felipe Calderón lo orilla a subir la apuesta después de cada desastre, pero su peligrosa frustración puede llevar al país a un estallido social. El término está siendo utilizado cada vez con más frecuencia por voces provenientes de todos los segmentos. Tres ex secretarios de Hacienda coincidan en el diagnóstico.
En materia política, existe un déficit de legitimidad que el panista no ha podido subsanar, sacando al Ejército de sus cuarteles para librar una guerra contra el narcotráfico. Su estrategia arroja cifras diarias de enfrentamientos y ejecuciones muy superiores a las de varios países en guerra civil, sin que el problema de las drogas disminuya. Al contrario: el consumo se ha incrementado de manera sustancial.
El dilema de la legitimidad tiende a agravarse, pues el binomio mando-obediencia es equiparable a la creciente brecha entre ricos y pobres. Una buena parte de los ciudadanos desconoce el mandato de Calderón, antiguos aliados lo enfrentan o abandonan y él sólo atina a responder, refugiándose en el menguante grupo de incondicionales de insignificantes blasones. Desde luego, esa explosiva combinación no contribuye a la gobernabilidad.
Por lo demás, la decisión política de adquirir legitimidad a través del Ejército, ha profundizado la crisis de seguridad. A toda acción hay reacción.
Violencia genera más violencia. En resumen: la delincuencia organizada crece, porque tiene recursos y logística, y ya controla amplios territorios del país. Las organizaciones criminales se nutren de jóvenes sin presente ni futuro en el estudio o el trabajo. La pobreza, el desempleo y el hambre de millones de mexicanos son también caldo de cultivo de la violencia, la criminalidad y la inseguridad.
En materia económica, el presunto blindaje y la presidencia del empleo son hoy un chiste cruel. La crisis internacional golpeó con mayor fuerza a nuestro país porque el médico diagnosticó catarrito, cuando todos los síntomas señalaban una neumonía. La irresponsabilidad de la administración panista quiere ser traspasada hoy a la sociedad, para cubrir el boquete en las finanzas públicas. Contra la recomendación de expertos que se inscriben en distintas corrientes de pensamiento, quieren crear nuevos impuestos e incrementar algunos de los ya existente. También pretenden utilizar los ahorros para el retiro de los trabajadores en riesgosos proyectos de infraestructura.
En materia social, la criminalización de la protesta y la burda intervención gubernamental en las organizaciones gremiales que no son sumisas, puede llevar a la administración panista a un callejón sin salida. La connivencia del régimen con lo peor del corporativismo, y el combate frontal a los sindicatos y líderes independientes, significa echar gasolina a la hoguera.
¿Van por el sindicato de electricistas y su líder Martín Esparza, para así declarar en quiebra a Luz y Fuerza del Centro? ¿Van a utilizar a policías y militares en el operativo?
En primer lugar, el gobierno panista confunde peras con manzanas. Para hacer lo que hizo Salinas el 10 de enero de 1989, se requiere ausencia de escrúpulos y pericia. La primera es característica de Calderón, pero adolece de la segunda. El golpe contra el SME con el que está amenazando el gobierno a través de sus voceros oficiales y oficiosos, si lo intentan, puede derivar más bien en un operativo frustrado como aquél del 5 de febrero de 1995, en cuyo caso, al panista no le quedaría más remedio que aumentar de nueva cuenta la apuesta. Y ahí sí, que se cuiden los émulos de Raúl Salinas, porque el problema sería ya no de lealtades, sino de gobernabilidad.
Ante la crisis política, económica, social y de seguridad que afectan a México, el gobierno federal es incapaz de rectificar. No hay cambio de rumbo, sino profundización de los mismos esquemas que han demostrado ya su fracaso. La personalidad autoritaria de Felipe Calderón lo orilla a subir la apuesta después de cada desastre, pero su peligrosa frustración puede llevar al país a un estallido social. El término está siendo utilizado cada vez con más frecuencia por voces provenientes de todos los segmentos. Tres ex secretarios de Hacienda coincidan en el diagnóstico.
En materia política, existe un déficit de legitimidad que el panista no ha podido subsanar, sacando al Ejército de sus cuarteles para librar una guerra contra el narcotráfico. Su estrategia arroja cifras diarias de enfrentamientos y ejecuciones muy superiores a las de varios países en guerra civil, sin que el problema de las drogas disminuya. Al contrario: el consumo se ha incrementado de manera sustancial.
El dilema de la legitimidad tiende a agravarse, pues el binomio mando-obediencia es equiparable a la creciente brecha entre ricos y pobres. Una buena parte de los ciudadanos desconoce el mandato de Calderón, antiguos aliados lo enfrentan o abandonan y él sólo atina a responder, refugiándose en el menguante grupo de incondicionales de insignificantes blasones. Desde luego, esa explosiva combinación no contribuye a la gobernabilidad.
Por lo demás, la decisión política de adquirir legitimidad a través del Ejército, ha profundizado la crisis de seguridad. A toda acción hay reacción.
Violencia genera más violencia. En resumen: la delincuencia organizada crece, porque tiene recursos y logística, y ya controla amplios territorios del país. Las organizaciones criminales se nutren de jóvenes sin presente ni futuro en el estudio o el trabajo. La pobreza, el desempleo y el hambre de millones de mexicanos son también caldo de cultivo de la violencia, la criminalidad y la inseguridad.
En materia económica, el presunto blindaje y la presidencia del empleo son hoy un chiste cruel. La crisis internacional golpeó con mayor fuerza a nuestro país porque el médico diagnosticó catarrito, cuando todos los síntomas señalaban una neumonía. La irresponsabilidad de la administración panista quiere ser traspasada hoy a la sociedad, para cubrir el boquete en las finanzas públicas. Contra la recomendación de expertos que se inscriben en distintas corrientes de pensamiento, quieren crear nuevos impuestos e incrementar algunos de los ya existente. También pretenden utilizar los ahorros para el retiro de los trabajadores en riesgosos proyectos de infraestructura.
En materia social, la criminalización de la protesta y la burda intervención gubernamental en las organizaciones gremiales que no son sumisas, puede llevar a la administración panista a un callejón sin salida. La connivencia del régimen con lo peor del corporativismo, y el combate frontal a los sindicatos y líderes independientes, significa echar gasolina a la hoguera.
¿Van por el sindicato de electricistas y su líder Martín Esparza, para así declarar en quiebra a Luz y Fuerza del Centro? ¿Van a utilizar a policías y militares en el operativo?
En primer lugar, el gobierno panista confunde peras con manzanas. Para hacer lo que hizo Salinas el 10 de enero de 1989, se requiere ausencia de escrúpulos y pericia. La primera es característica de Calderón, pero adolece de la segunda. El golpe contra el SME con el que está amenazando el gobierno a través de sus voceros oficiales y oficiosos, si lo intentan, puede derivar más bien en un operativo frustrado como aquél del 5 de febrero de 1995, en cuyo caso, al panista no le quedaría más remedio que aumentar de nueva cuenta la apuesta. Y ahí sí, que se cuiden los émulos de Raúl Salinas, porque el problema sería ya no de lealtades, sino de gobernabilidad.
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